Alguien ha amenazado a alguien en el último libro del juez Marchena

El magistrado del Supremo publica 'La justicia AMENAZADA', una docena de capítulos en los que alerta de la politización de la cúpula de la Fiscalía o del Consejo del Poder Judicial, mientras omite que el PP presumió de que nombrarlo presidente del CGPJ le permitiría controlar "desde atrás" la Sala de lo Penal Perfil - Manuel Marchena, el magistrado que siempre tenía razón El libro que Manuel Marchena presentará en los próximos días no es, ni de lejos, su primera publicación. Pero La justicia AMENAZADA (Espasa, 2025) es el primer libro en el que el magistrado del Tribunal Supremo se aleja del manual de derecho penal y se acerca, manteniendo una distancia prudencial, al comentario de la actualidad: aborda la desconfianza que le inspira la cúpula de la Fiscalía, lamenta la “politización” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recuerda que el PP alardeó internamente de poder llegar a “controlar” el Supremo. El libro, recibido con entusiasmo por los juristas, omite algunos detalles al lector: que él mismo fue cargo de confianza de varios fiscales generales durante 12 años, que fue aupado al Supremo por el CGPJ y que él era la llave de la que presumía el Partido Popular para manejar “desde atrás” el tribunal que una vez aspiró a presidir. El criterio de Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) se ha convertido en uno de los faros penales de la judicatura española sin mucho margen para disentir. Desde la jurisprudencia que dejan sus sentencias hasta sus intervenciones públicas sin olvidar cómo llevó la batuta del juicio al procés, todo lo que firma el expresidente de la Sala de lo Penal del Supremo queda automáticamente colgado en el hall de la fama judicial con marco de oro. El único magistrado elevado a la categoría de “juez estrella” sin la carga peyorativa del término. En La justicia AMENAZADA, que presentará en unos días junto a Lorenzo Silva sin aceptar preguntas en directo, el magistrado no renuncia a abordar la dificultad judicial que supone delimitar los delitos de odio, los desafíos y ventajas de la inteligencia artificial como “complemento” en los tribunales o la necesidad de impulsar la lucha contra la violencia machista más allá de los juzgados. Pero el título y la imagen de portada –tres jueces encadenados bajo un “AMENAZADA” en mayúscula– revelan cuáles son los capítulos del libro en los que Manuel Marchena sale de la zona de confort habitual de los jueces. “¿De quién depende el fiscal? Pues ya está...”. El título del primer capítulo es una adaptación de la frase que pronunció Pedro Sánchez en 2019, cuando su prioridad era conseguir que Carles Puigdemont se sentara en el banquillo, dando a entender que la Fiscalía seguía indicaciones del Gobierno para conseguirlo. La adaptación que hace Marchena introduce un cambio sutil: Sánchez habló de “la Fiscalía”. El libro, sin embargo, habla de “el fiscal”. El pistoletazo de salida a 33 páginas de dardos, algunos más obvios que otros, en dirección Moncloa y dirección Fortuny, sede de la fiscalía general. Marchena se cuida mucho de opinar sobre casos concretos. Menciona de pasada el proceso judicial que lleva su sala contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero deja claro lo que piensa del Ministerio Fiscal, su cúpula y funcionamiento actual: casi todos los dirigentes políticos, concede, han entendido que la Fiscalía es un “órgano subordinado”. Además, el magistrado alerta del peligro de que se convierta en un “entusiasta asesor jurídico del Gobierno” y, sin ensuciarse la toga con nombres y apellidos, critica ascensos de fiscales sin “trayectoria profesional”. Y denuncia que esta “politización” de la Fiscalía afecta, como mucho, a “una docena” de casos, los más importantes y mediáticos, pero no al resto. La “prueba de fuego”. El expresidente de la Sala de lo Penal no da nombres, no cita ejemplos y evita, en la práctica, futuras recusaciones o cuestionamientos sobre su imparcialidad. Tampoco aporta contexto al lector sobre su propia trayectoria dentro de la Fiscalía, en la que entró en 1985 y en la que trabajó durante casi dos décadas antes de saltar a la judicatura y el Tribunal Supremo. Pero sabe cómo funciona la alta fontanería del Ministerio Fiscal porque trabajó en ella entre 1992 y 2004: desde su entrada en la secretaría técnica hasta su nombramiento como jefe de este departamento, considerado el despacho más cercano al fiscal general. Entró en la secretaría técnica en 1992 cuando Eligio Hernández era fiscal general bajo el Gobierno de Felipe González, y se afianzó en la jefatura de este departamento con Jesús Cardenal durante las legislaturas de José María Aznar y el PP. Dejó la Fiscalía pocos meses después de la victoria electoral del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la fiscalía general, su compañero de sala y némesis sobrevenido en el imaginario judicial actual. No explica en el libro si las amenazas a la justicia a través de la Fiscalía tuvieron lugar cuando él pasó una década en la sala de máquinas del Ministerio Público. En el mismo puesto que, por ejemplo, ocupó posteriormente Álvaro García Ortiz. El 'wasap' de Cosidó El capítulo con más carga de profundidad de La justicia AMENAZADA es el último: el que aborda la situación pasada, presente y futura del Consejo General del Poder Judicial. Los años recientes de bloqueo –repartiendo culpas entre los partidos aunque la prueba de paternidad del bloqueo apunte explícitamente al PP– pero su estructura y sus sistemas de elección le llevan a afirmar de forma contundente que, sin duda, es un organismo “politizado”. Hay una “tentación histórica” del poder político, afirma, por controlar el Poder Judicial. Y en un párrafo despacha la evidencia más notoria de todo lo que cuenta sobre esto: cómo el PP presumía internamente en 2018 de ir a controlar la Sala de lo Penal del Supremo “desde atrás” porque el candidato a presidir el CGPJ era de su agrado. “Esta perniciosa práctica encuentra el mejor ejemplo en un mensaje de WhatsApp en el que un portavoz parlamentario se ufanaba del control político que iba a permitir la designación de quien por aquellas fechas aparecía como el candidato con más probabilidades de asumir la presidencia del CGPJ”, relata Marchena. La hemeroteca completa los huecos que faltan por rellenar en su relato: el portavoz parlamentario y autor del mensaje era Ignacio Cosidó, el grupo parlamentario en cuestión era el del Partido Popular en el Senado y el candidato del que presumía era él mismo. Manuel Marchena. El magistrado relata con precisión cómo se desarrollan las negociaciones entre bloques, una vez renovados los vocales del Consejo, para nombrar un nuevo presidente. El nombre, por lo general, viene impuesto y se “airea” en la prensa antes del debate, en el que a veces los vocales reciben mensajes en directo con indicaciones sobre a quién votar, relata. Tampoco explica qué fue lo que estuvo a punto de pasar en su caso: su nombre se filtró como el candidato de consenso a presidir el CGPJ en la renovación de 2018, la publicación de los mensajes de Cosidó achicharró su candidatura y él mismo emitió un comunicado para renunciar a ser nombrado. El doble filo por excelencia en la carrera del magistrado: encumbrado por negarse a ser el juguete de los políticos, cuestionado por ser considerado por el PP como una herramienta de injerencia judicial. Destacado por su crítica al funcionamiento de un CGPJ que funcionaba igual cuando le eligió para ser magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo por un acuerdo entre conservadores y progresistas. También cuando le nombró presidente de la Sala de lo Penal en dos ocasiones, la primera con 12 de los 20 apoyos disponibles. La única “honrosa excepción”, concede, es el nombramiento de Isabel Perelló como actual presidenta del CGPJ. Los “sumarios globo” y las “querellas catalanas” El Supremo y su Sala de lo Penal llevan años estudiando las denuncias y querellas que se presentan contra aforados: ministros, diputados, senadores, algunos jueces y fiscales, entre otros. Muchas contra él mismo. Y ha sido en los últimos meses, tal y como ha relatado elDiario.es, cuando la paciencia del tribunal se ha agotado y ha empezado a dictar autos de inadmisión denunciando que los profesionales de la acusación popular buscan instrumentalizar al Tribunal Supremo para criminalizar, en la práctica, “el sistema político”. El libro de Marchena, miembro de esa sala y autor de varios de esos autos, añade pimienta a estas resoluciones. Habla de un “uso patológico” de la acusación popular, defiende –como lleva haciendo verbalmente y por escrito los últimos 10 años– que los partidos políticos no deberían poder acusar a sus rivales ante un juez, y revela que en la magistratura hay incluso nombres para designar casos e iniciativas judiciales dudosas. Una macrocausa con muchas detenciones, informes e imputados puede considerarse un “sumario globo” destinado a desinflarse. Una “querella catalana” es la que se interpone para que alguien acepte un trato con tal de no exponerse al banquillo. Una vez más, el magistrado no pone nombres y apellidos a lo que denuncia, pero el Supremo lleva años diciéndolo, como cuando el PSOE quiso ser acusación popular contra Rita Barberá o cuando Vox encabezó la acusación popular del procés. Su opinión sobre esto no es ningún misterio para nadie, aunque en su libro diga sin decir. En el juicio del procés, los magistrados llegaron a mofarse con el micrófono abierto de algunas testificales propuestas por Vox. Los sindicatos, explica, también tendrían que tener vetada esta posibilidad. Marchena entiende que la reforma que plantea el PSOE no es el camino para limitar una acusación popular que, en cualquier caso, hay que limitar, exigiendo al menos que quien la ejerza tenga algo que ver con el pleito. La realidad del día a día del Supremo, con más causas abiertas contra aforados que nunca, refleja que Marchena tiene los ejemplos cerca: Manos Limpias, HazteOir, el PP, Vox y un carnaval de acusaciones de corte ultraderechista han convertido el Supremo, desde hace años, en su gran escaparate público con la complicidad de los medios de comunicación. “Denunciar es gratis”, recuerda sobre la fórmula preferida de Manos Limpias para evitar el gasto de una querella, tal como hicieron los de Miguel Bernad con la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, entre otros ejemplos. Lanzar una moneda al aire con una denuncia basada en recortes de prensa. Mensajes y propuestas de Marchena El libro tiene mensajes para quien quiera entenderlos, aunque muy lejos de ser explícitos. Rebate, una década después, a Carlos Lesmes, cuando afirmó que la Justicia española está hecha para perseguir a un ladrón de gallinas pero no a uno de guante blanco. Especula con la posibilidad de que, en un momento dado, los partidos políticos puedan dejar de conceder suplicatorios al Supremo para evitar el juicio a sus militantes. Y lamenta filtraciones como las que se producen en la Sala de lo Penal. Marchena tiene propuestas para muchas cosas que considera manifiestamente mejorables en la Justicia, aunque pocas afectan al trabajo de los jueces como tal. Ser más exigentes, por ejemplo, con los ciudadanos que forman parte de un jurado popular, pidiendo una “preparación elemental” para ser “jueces por un día”. Poner en marcha una “inaplazable modificación del sistema” para que los jueces que firman una condena tengan más presencia en su ejecución. Eliminar los aforamientos “prescindibles”, entre los que no están los de jueces y fiscales. Y una propuesta clara para evitar un nuevo bloqueo para renovar el CGPJ: dar más peso al Congreso y el Senado y que el mandato de los vocales termine, de forma irrevocable, a los cinco años de tomar posesión. El magistrado y exfiscal inaugura con un libro su nueva etapa en el Tribunal Supremo, la cara más visible de la Sala de lo Penal pero sin ser su presidente, un puesto para el que los bloques del CGPJ no han encontrado, por ahora, sustituto o sustituta de consenso. En un momento de gran actividad instructora en el Supremo, está previsto que Marchena forme parte de los tribunales que puedan llegar a juzgar algunos de los casos actualmente bajo investigación, entre ellos el del fiscal general del Estado y el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

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