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El fiscal general aporta al Supremo un acta notarial de periodistas que conocieron el correo de la pareja de Ayuso 36 horas antes que García Ortiz

El fiscal general aporta al Supremo un acta notarial de periodistas que conocieron el correo de la pareja de Ayuso 36 horas antes que García Ortiz
La Abogacía del Estado pide que testifiquen cuatro reporteros de El País que han consignado ante un notario mensajes y llamadas para demostrar que en la mañana del 12 de marzo de 2024 un trabajador de la Fiscalía de Madrid ya les contó que los abogados de González Amador negociaban un posible pactoEl juez agota las diligencias sin hallar ninguna prueba de que el fiscal general filtrase los mensajes de la pareja de Ayuso El fiscal general del Estado ha movido ficha en el tramo final de la investigación por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha pedido más testificales al juez Ángel Hurtado. La Abogacía del Estado, según ha podido comprobar elDiario.es, explica que cuatro periodistas de El País han consignado pruebas ante un notario para demostrar que las negociaciones entre Alberto González Amador y la Fiscalía ya eran conocidas por ellos a través de la Fiscalía de Madrid mucho antes de que esa información llegara a manos de Álvaro García Ortiz en la noche del 13 de marzo. En dos escritos, la Abogacía pide que declaren como testigos esos cuatro periodistas además de Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador. Si las negociaciones del empresario y su defensa con la Fiscalía ya eran conocidas por la Abogacía del Estado, trabajadores de la Fiscalía de Madrid y varios periodistas, razona la Abogacía del Estado, no puede existir la revelación de un secreto: “Difícilmente podrían tener carácter reservado”, argumenta. La causa contra García Ortiz está pendiente de sus últimas diligencias: la declaración del propio González Amador este viernes. La Abogacía del Estado, que defiende en esta causa al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, busca poner pruebas encima de la mesa que demuestren que para cuando la información del posible pacto entre el empresario y la Fiscalía llegó a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo, esos datos ya estaban en poder de más gente de la que reconoce Alberto González Amador. En poder de un Abogado del Estado conocido de su propia defensa, pero también en poder de varios periodistas de El País, que se enteraron el día 12 de marzo a primera hora de la mañana. Así lo han consignado estos cuatro informadores ante un notario, un acta que la Abogacía del Estado aporta al procedimiento para solicitar su testifical. La mañana del 12 de marzo de 2024, después de que elDiario.es revelara en exclusiva que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un doble fraude fiscal de 350.000 euros, uno de estos periodistas habló con “trabajadores de la Fiscalía de Madrid”, que le dieron dos datos: que el abogado del empresario se llamaba Carlos Neira y que llevaba más de un mes negociando un pacto para pagar sus deudas y evitar la cárcel. Según han afirmado estos cuatro periodistas de El País ante un notario, empezaron a intentar hacer comprobaciones sobre este posible pacto de cara a publicar una información, mientras la versión pública de Isabel Díaz Ayuso era que su pareja estaba siendo perseguida por el Estado. Uno de ellos, incluso, contactó con Carlos Neira para intentar contrastar esa información. Por email y por WhatsApp. Mensajes en la mañana del 12 de marzo En esas actas, uno de los periodistas de El País asegura que a las 13:30 hora del 12 de marzo de 2024 habló con “trabajadores de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” y que éstos le revelaron la existencia de las negociaciones, así como del nombre del abogado que había sellado ese pacto. Poco después ordenó a otros tres trabajadores del periódico que intentaran confirmar esos datos con el letrado Carlos Neira. Las gestiones internas del periódico empezaron a las 14:53 horas de ese mismo día. La primera llamada al despacho de Alberto González Amador fue poco antes de las tres de la tarde. Se dirigieron por email al letrado a las 15:02 horas y por WhatsApp a las 16:19 horas, en ambos casos pregutando explícitamente por el posible pacto. “Hemos sabido que esta mañana Alberto González Amador ha pagado la cantidad que supuestamente defraudó a Hacienda. ¿Podríamos tener confirmación?”, preguntaba explícitamente el periodista en uno de estos mensajes consignados ante un notario. No recibieron respuesta y la información no fue publicada. Esos mensajes ahora aportados al Supremo muestran que la información sobre un posible pacto circulaba mucho antes de que el fiscal general supiera que existían esas conversaciones, mucho antes también de se publicara. La Fiscalía General no pidió esta información al fiscal Julián Salto hasta última hora de la tarde del 13 de marzo, un día y varias horas después, y solo cuando varios medios publicaron una versión falsa de esas negociaciones. El fiscal general, según consta en la causa, no tuvo constancia total de esas conversaciones y pactos hasta las doce menos cuarto de la noche. Un día y medio después de que un periodista lo supiera por boca de trabajadores de la Fiscalía de Madrid. La Abogacía del Estado entiende que este acta notarial con la revelación de los cuatro periodistas de El País es “especialmente relevante” porque sirve para demostrar lo que defienden desde el principio: que el fiscal general no filtró esos datos a la prensa y que, además, para cuando llegaron a su poder en la noche del 13 de marzo ya eran conocidos por más personas. “Era ya conocida por diversos profesionales de la información con anterioridad a cualquier intervención o conocimiento por parte de mi representado”, explica en uno de los escritos presentados ante el juez Hurtado. La defensa de Álvaro García Ortiz pide de nuevo al juez que, antes de cerrar la instrucción y decidir si le sienta en el banquillo, llame a declarar a estos cuatro periodistas como testigo. Algo que ya intentó sin éxito hace meses, cuando El País publicó una información explicando estos hechos. La Sala de lo Penal aseguró el pasado mes de abril que esas testificales no eran necesarias: “Son periodistas, han cumplido con su misión informativa, están protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, nada pueden aportar por el momento”, dijo el tribunal, instando a aportar sus informaciones como documental. Pide que declare el abogado Carlos Neira La Abogacía del Estado explica ahora que reiteran su petición por “la aparición de nuevos elementos de convicción” que no tenían entonces: la comparecencia ante un notario dando detalles de cómo conocieron esas negociaciones más de 24 horas antes de que el fiscal general supiera, siquiera, que Alberto González Amador había confesado por escrito su fraude fiscal un mes antes de estallar el caso. También pide que testifique el propio Carlos Neira, entonces abogado del empresario y que supuestamente habría recibido esas comunicaciones de periodistas mucho antes de que trascendiera el pacto. También el mismo que en febrero de 2024 envió esa propuesta de pacto no solo a la Fiscalía sino también a la Abogacía del Estado, omitiendo ese dato en todas sus querellas y escritos por revelación de secretos. En el mismo escrito, además, piden que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aclare algunos aspectos de su informe clave del caso. Sobre todo por qué omitieron que la Cadena SER ofreció detalles en antena y en directo del pacto antes de lo que aseguran ellos en el informe, y antes por tanto de que el fiscal general tuviera esa información: “Resulta particularmente relevante para el objeto del presente procedimiento, al afectar de manera directa al momento en que se habría producido la filtración”.
eldiario
hace alrededor de 7 horas
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