El Ministerio de Economía hace un informe desfavorable a un embargo de armas a Israel pese a las matanzas

En un informe al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio de Economía se muestra contrario a la proposición de ley que se vota esta tarde en el Congreso para aprobar un embargo integral de armas a Israel El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha emitido un informe interno “desfavorable” ante la propuesta de establecer un embargo de armas integral a Israel. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, indica que “la proposición de ley no señala las razones de interés general”, ni “por qué el mecanismo de control existente es insuficiente”. Además, afirma que “la legislación actual permite un examen individualizado de cada solicitud”. El documento del Ministerio de Economía también asegura que, “si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados”, las autoridades españolas aplicarían el artículo 8 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, “por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida”. Consultadas por elDiario.es, organizaciones sociales impulsoras de esta proposición de ley -integradas en la Red contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)- señalan que este informe “ignora que España ha seguido comerciando con Israel en materia armamentística”, lo cual “demuestra que se necesitan mecanismos específicos de control y vigilancia” para “garantizar que nuestros puertos no facilitan la llegada de armamento a Israel y que nuestro país no contribuye a las arcas de empresas armamentísticas israelíes que son esenciales para la ocupación ilegal israelí”. Ante la existencia de exportaciones y adjudicaciones de contratos de compra de armamento, así como de tránsitos de material militar a Israel por puertos españoles, más de 500 organizaciones sociales plantearon esta proposición de ley ya en julio de 2024, subrayando que los mecanismos actuales “demuestran que no son suficientes” para impedir el comercio armamentístico con Israel. La proposición de ley que se vota hoy, presentada por Sumar y Podemos, incide en ello. En concreto, propone la prohibición de cualquier tipo de “venta, suministro, transferencia o exportación” de armamento que tenga como destino directo o indirecto países que estén cometiendo un genocidio. El texto también incluye instrumentos para mejorar la inspección de cualquier medio de transporte, en puertos y aeropuertos, para evitar el tránsito de armas hacia Israel. El objetivo es prohibir explícitamente operaciones como las que ha desarrollado España con Israel antes y después de octubre de 2023, tal y como ha desvelado elDiario.es en una serie de informaciones desde febrero del año pasado. Reacciones La petición coincide con las demandas que plantean desde hace más de un año relatores de Naciones Unidas. También va en la línea de la propia Corte Internacional de Justicia, que el pasado julio emitió un dictamen en el que pide a los países medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. Este medio también ha preguntado sobre este informe al Centre Delàs de Estudios por la Paz, autor de varios informes sobre las relaciones armamentísticas de España con Israel. “Los eufemismos que utiliza el Ministerio de Economía significan que está defendiendo el derecho de la industria armamentista a comerciar con países que están siendo investigados por crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de guerra”, advierte Eduardo Melero, investigador del Centre Delàs y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid. Melero recuerda que España ha ratificado la Convención sobre Genocidio, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Tratado sobre el Comercio de Armas, y “por ello la no exportación ni importación de armamento de países que están siendo investigados por crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio debería ser una prioridad”. La propia relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, pedía ayer al Congreso español que vote sí a esta proposición de ley para garantizar un embargo efectivo e integral que a día de hoy sigue sin aplicarse. “Que España elija no ser cómplice: este es el precedente que necesitamos”, escribió este lunes en sus redes sociales. “Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga”, ha afirmado en varias ocasiones, a lo largo de este último año y medio. Importaciones, exportaciones y tránsitos Este lunes elDiario.es detectó nuevos datos oficiales que muestran otra importación de armamento desde Israel a España, por un millón doscientos mil euros en marzo de 2025, con el código TARIC 9306, correspondiente a la categoría “bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos, demás municiones, proyectiles y sus partes”. “Dicho flujo de importación está asociado a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio ministerio de Defensa de España”, indica el portal Data Comex de la Secretaría de Comercio. Desde octubre de 2023 hasta hoy, la Plataforma de Contratación del Estado muestra cuarenta contratos de compra -la mayoría ya formalizados y nueve adjudicados- a empresas armamentísticas israelíes o sus filiales, como ha ido contando este diario. También se han detectado envíos de material militar de España a Israel después de octubre de 2023. No es la primera vez que la relatora de Naciones Unidas para Palestina solicita a España un embargo integral de armamento. El 15 de mayo de 2024, ante la llegada a Cartagena de un buque sospechoso de transportar material militar a Israel, Albanese indicó que esto suponía “un desafío para la postura de España en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de las atrocidades que se cometen en Gaza” y defendió la necesidad de “garantizar que se aplique de forma progresiva y completa un embargo de armas efectivo a Israel”. Al hilo del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre una resolución de condena a la ocupación ilegal israelí y con la misma demanda de la Corte de La Haya, para suspender “relaciones comerciales o inversiones” que puedan contribuir a la ocupación de los territorios palestinos. Ciento veinticuatro naciones votaron a favor, entre ellas España, pero a día de hoy se mantienen relaciones comerciales y armamentísticas con empresas israelíes, al menos una de ellas estatal. Francesca Albanese ha elaborado dos informes sobre las masacres, el apartheid y otros crímenes israelíes en Palestina, en los que documenta con detalle “patrones de conducta” que muestran la intención de Israel de emplear “actos genocidas”. Desde su primer informe, titulado “Anatomía de un Genocidio”, publicado hace más de un año, “los actos genocidas se han multiplicado”, indicaba en su segunda investigación. Más de 52.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de los ataques israelíes en octubre de 2023, según cifras actualizadas que no incluyen a los desaparecidos. El Gobierno israelí ha anunciado su intención de “conquistar” más territorio de la Franja, para impulsar una ocupación permanente, con nuevos desplazamientos forzados de población, cada vez más arrinconada.

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