El Gobierno duplica el presupuesto de las becas para opositar a juez y fiscal hasta los 15,6 millones de euros

El Consejo de Ministros aprueba este martes la nueva dotación de ayudas, de las que se beneficiarán 1.300 opositores con un importe de 12.000 euros anuales El negocio en negro de jueces y fiscales: hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores El Gobierno refuerza las becas para opositores a jueces y fiscales a la espera de que su reforma de acceso a la carrera las blinde por ley. El Consejo de Ministros aprueba este martes la dotación de la convocatoria para este año 2025, que alcanza cifras récord: 15,6 millones de euros de presupuesto y 1.300 potenciales beneficiarios. El importe de la beca también aumenta hasta los 12.000 euros anuales, informan a elDiario.es fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El nuevo programa prácticamente duplica el presupuesto respecto al ejercicio anterior: de ocho millones de euros a los citados 15,6. Además, también se aumenta la cuantía de las becas, que pasa de 8.000 a 12.000 euros anuales durante cuatro ejercicios. La primera convocatoria de becas impulsada por este Gobierno, en 2022, tuvo una dotación de 1,6 millones y la cuantía era de 6.600 euros al año. Las becas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y se empezarán a percibir desde el mes siguiente a la concesión. Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños explican que los opositores podrán optar, además, a un programa de preparación individualizada con jueces y fiscales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos. En estos casos, los 12.000 euros se dividen en 8.400 euros de ayuda económica directa y 3.600 euros para la preparación. La preparación incluirá el acompañamiento de uno o varios tutores y dos sesiones semanales, presenciales o virtuales, adaptadas a las necesidades del opositor. El 99%, con ayuda de sus familias La oposición a las carreras judicial y fiscal es exigente en tiempo y, por tanto, en dinero. Requiere dedicar entre ocho y diez horas diarias al estudio, lo que hace esta tarea prácticamente incompatible con el desempeño de ningún trabajo que permita obtener ingresos durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Y a eso hay que sumar los honorarios del preparador privado, que puede cobrar unos 200 euros mensuales; y el precio de manuales y materiales. El 98,71% de los jueces de la última promoción contaron con el apoyo económico de sus padres durante la preparación de la oposición, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 64,52 % del total no había trabajado antes. El año pasado el Gobierno puso en marcha las llamadas ‘Becas Seré’, en alusión al objetivo de que permitan a los jóvenes juristas “ser” jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados del Estado al margen de su capacidad económica o la de sus familias. La intención es que estas ayudas se conviertan en una política pública permanente, tal y como prevé la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal que el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta la semana pasada y que próximamente iniciará su tramitación parlamentaria. Ese proyecto de ley pretende dejar este sistema de becas al margen de vaivenes políticos y supone su institucionalización como una política pública permanente. El objetivo es evitar precedentes como el ocurrido en 2012, cuando el Gobierno del Partido Popular anuló el programa de becas que había regido desde 2006, con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Además, propone que su cuantía nunca pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 1.184 euros euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad. Las ayudas se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años. Además, serán compatibles con las que ya rigen en algunas comunidades autónomas. En 2024, un total de 983 opositores se han beneficiado de esta beca. Del total, 790 destinaron las becas a la preparación de las oposiciones para convertirse en jueces o fiscales, 162 lo hicieron para acceder al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y 31 lo invirtieron en prepararse para el Cuerpo de Abogados del Estado. Respecto a la distribución de las becas por Comunidades Autónomas, Andalucía encabezó el número de beneficiarios, con un 26% de las mismas, seguida por la Comunitat Valenciana, con un 13%. En cuanto a rangos de edad, el 90% de los beneficiarios tenía entre 21 y 33 años. De la totalidad de las ayudas otorgadas, el 791 fueron concedidas a mujeres frente a 192 hombres.

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