Miguel Pasquau, magistrado: "Los jueces no somos imparciales, tenemos inclinaciones de todo tipo"

Acaba de publicar el libro ‘El oficio de decidir’, donde desgrana las entrañas de su trabajo y entra de lleno en algunos debates que forman parte de la actualidad, como las recientes reformas judiciales o el 'lawfare'Los recursos, la acusación popular o el colapso judicial: la dificultad de luchar contra el 'lawfare' Miguel Pasquau (Úbeda, 1959) afirma que es un juez “por casualidad”. Se incorporó a la carrera de forma tardía, a los 40 años, después de una trayectoria como profesor universitario y tras recibir una oferta para ocupar una plaza de magistrado por el llamado turno autonómico. Dice de sí mismo que es un juez progresista —pero “no del todo”, porque no está asociado— aunque reniega de esa clasificación meramente ideológica de los jueces, que califica de “simplificadora”. Durante la entrevista, el juez afirma que la ley de amnistía “ha convertido a algunos jueces en militantes”, reconoce que hay colegas que “adoptan la forma que menos molesta al poder” y admite que le incomodó ver a jueces con toga manifestándose contra el acuerdo entre PSOE y Junts. Además de miembro de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Pasquau es catedrático de Derecho Civil, novelista y colaborador en medios. Acaba de publicar el libro El oficio de decidir (Debate, 2025), en el que desgrana las entrañas de su trabajo diario y entra de lleno en algunos debates que forman parte de la actualidad, como las recientes reformas judiciales. Pasquau atendió a elDiario.es por teléfono desde Granada. Un juez puede fisgar un teléfono móvil, escuchar conversaciones, mandar a alguien a la cárcel, separar a un hijo de sus padres… Usted dice que eso es tener encima “toda la fuerza del Estado”. ¿Cómo se lleva? Efectivamente, eso es lo que significa que el juez sea un poder del Estado. Cuando un juez firma una sentencia es el Estado el que está corroborando esa decisión y todos los recursos se ponen a disposición de su ejecución. Eso se vive necesaria e imprescindiblemente con una sensación de mucha responsabilidad porque estás comprometiendo a mucha gente y puedes hacer mucho daño si te equivocas. Y como el riesgo de equivocarse forma parte de la vida cotidiana de un juez, eso te genera una buena tensión de querer acertar, no una pesadumbre. ¿Es difícil dejar de lado los prejuicios o las apariencias? Es difícil si no eres consciente de que los tienes. No pensemos solo en los prejuicios o los sesgos ideológicos, que también, sino en cualquier otra forma de inclinación que te hace preferir o desear una solución en vez de otra. Este es uno de los factores más importantes de la consistencia del oficio de decidir. La decisión judicial puede ser más o menos consistente según reúna más fortalezas o sea más ligera. Y para la consistencia, aparte de otras aptitudes como desrutinizar —cuando te enfrentas a un caso nuevo, no puedes arrastrar cosas que ya sabes—, tienes que hacer un esfuerzo por entender bien el conflicto y no simplificarlo. Hablemos ahora de las sentencias, que son el “final” de las historias. A los jueces se les exige que sepan derecho. ¿Cree que también se les debería exigir que supieran explicar ese derecho de una manera que pudieran comprenderlo todos los ciudadanos? Motivar bien las sentencias es importantísimo, es un deber constitucional. A los jueces se nos permite equivocarnos siempre que no sea a propósito, pero no que seamos ligeros. Se nos exige un esfuerzo por explicar bien por qué hemos tomado la decisión, pero a veces no es posible escribir las sentencias para que las entienda el ciudadano común. El derecho es un lenguaje específico que no coincide con el común. Los abogados hablan derecho y les debemos contestar con derecho. Pero una vez que se ha encontrado la razón jurídica, es importante hacer un esfuerzo por ser lo más claro posible. A veces escondemos un déficit de motivación y de razonamiento con palabrejas, pero yo me conformaría con que los jueces motivasen bien las sentencias desde el punto de vista jurídico. En el libro menciona el trabajo de los periodistas y reconoce que a veces ha llegado a estar más pendiente de la repercusión de la noticia que de los hechos en sí. ¿Hay algún antídoto ante eso? Cuando vemos que nos estamos inclinando por una decisión que no es la que se espera o que puede resultar controvertida lo más importante es ser capaz de darte cuenta de que estás preocupado por eso, de que estás deseando una solución más que otra. No podemos partir de que somos imparciales, tenemos que partir de que tenemos o podemos tener inclinaciones de todo tipo porque es la única manera de neutralizarlas. He tenido la experiencia de desear una solución, pero si lo digo es porque me he dado cuenta, porque he procurado neutralizarla. No tengo la experiencia de haber decidido lo que se estaba esperando, pero sí confieso que cuando hemos llegado a esa solución que entendemos que va a ser mal recibida hacemos un esfuerzo por explicar. Hay una parte de la motivación que va dirigida a los periodistas. Usted reniega de la clasificación común que distingue a los jueces entre conservadores y progresistas. ¿Por qué? Es una clasificación que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que es muy simplificadora: dentro de los jueces conservadores hay ideologías muy distintas y dentro de los progresistas, también. Pero, sobre todo, es una distinción que tapa otras muchas que serían tremendamente interesantes. A mí me importan más de un juez otro tipo de distinciones, como si es expeditivo o dubitativo, si es capaz de alargar la duda y no tiene prisa por llegar a una solución, si es rutinario o creativo, si se apoya en una doctrina segura y consolidada o busca si el matiz, si está preocupado por el orden o por los derechos, si es engreído y está a la defensiva con los abogados o procura ser lo más natural posible. Estas distinciones no se corresponden con jueces conservadores o progresistas, pero influyen en la calidad de la decisión más que estas otras distinciones. Afirma que los jueces no deben servir a la corte, a quien manda, sino al sistema, que define como los derechos y los deberes. Sin embargo, ¿cree que hay jueces cortesanos? Esta es otra distinción a la que le doy mucha importancia: el juez cortesano y el juez plebeyo o constitucional. La corte es lo que rodea al poder, ese conjunto de nudos que tienen la aspiración de condicionar la realidad. Hay jueces que, sin saberlo, procuran ser obsequiosos con el poder. Son jueces veleta que adoptan la forma que menos molesta al viento, que sería el poder. Y hay otros que tienen claro que son un poder, pero, en realidad, son un contrapoder. Nadie se cree a sí mismo juez cortesano, pero es importante porque el poder no necesita jueces, más bien son un estorbo. Y los derechos sí los necesitan. Los derechos, sin juez, no son nada. La corte, el poder, sin jueces, lo son todo. Sostiene que la ley de amnistía ha convertido a algunos jueces en militantes. Y, aunque sin citarlo, cita el caso de un juez que cuando trascendió el acuerdo entre el PSOE y Junts le dijo “salvo pegar tiros, hago lo que haga falta”. ¿Cómo vivió esos días? Yo respecto de una amnistía en sí no tengo reparos, no creo que haya un problema de constitucionalidad. Pero a esta amnistía sí se los pongo porque es ofrecida y exigida a cambio de una investidura, lo que rebaja mucho su valor político, que es la superación de un conflicto. La amnistía tiene que ser libre. Dicho esto, cuando vi una reacción tan explícita frente a esta ley y una especie de discurso de excepcionalidad como si esto fuera una enorme amenaza al Estado de derecho entendí que un ciudadano se hiciera preguntas al ver a jueces con toga manifestándose frente a una iniciativa de su Parlamento. Obviamente, a nivel personal, los jueces podemos criticar una ley, que es el resultado de una voluntad política. Una ley no puede ser ilegal, sí tiene que respetar la Constitución. Pero el garante de que una ley respete la Constitución no somos los jueces, es el Tribunal Constitucional, al que podemos acudir si tenemos dudas. Pero no podemos hacer una campaña, redactar, ofrecer a la prensa y llevar al correo corporativo un borrador de resolución para cuando se presente esta cuestión y que todo el mundo tenga unos argumentos ya preparados. ¿Le incomodaron las reacciones de algunos de sus compañeros? Las manifestaciones con toga me incomodaron, no acudí a ellas. Me parece que dieron una imagen de cierta excepcionalidad que me preocupó un poco. Entramos en el terreno del lawfare. ¿Cree que en determinadas esferas judiciales y fiscales hay alineamientos con líneas políticas que se traducen en decisiones sospechosas? Sobre el lawfare hay que dar muchas explicaciones para que no parezca que dices lo que no quieres decir. No podemos regañar a nadie porque se pregunte si hay lawfare en España, igual que un Gobierno no puede regañar a nadie porque un ciudadano sospeche que no está atendiendo al bien común, sino a intereses particulares. La actitud de sospecha frente al poder es saludable. Los ciudadanos hacen bien en preguntarse si, a veces, la Justicia está siendo instrumentalizada. Yo hablo de considerar la posibilidad de que determinados entornos ideológicos puedan fomentar esa inclinación previa de la que le hablaba al principio. Es decir, que algún juez concreto o algún tribunal concreto, de entrada y sin darse cuenta, tenga la balanza algo inclinada a favor de ciertas posturas. No hablo del juez militante, del juez francotirador, que prevarica. Hablo de una cosa un poco más difícil de detectar, que son esos entornos que, sin darnos cuenta, van favoreciendo determinado tipo de planteamientos. ¿Por qué cree que a algunos de sus colegas les molesta tanto el mero hecho de que se pueda dudar de su sentido institucional? Es una actitud defensiva equivocada. A veces hay críticas injustas que generan desconfianza y dices: habrá que defenderse. Pero ese discurso hostil hacia la crítica basado en el postulado intocable de que los jueces somos independientes y solo estamos sometidos al imperio de la ley no suscita confianza. Lo que suscita confianza es la transparencia. La transparencia enseña debilidades, como que no tenemos tiempo, que nos falta formación, que tenemos sesgos, que tenemos prisa, que tenemos rutinas, que hacemos algunas cosas mal. Eso sí suscitaría más confianza que el portazo de decir 'aquí no metas la nariz, que aquí somos independientes e imparciales y estamos sometidos al imperio de la ley'. Antes hablaba del juez militante o francotirador. ¿Cree que hay investigaciones que se utilizan para interferir en el escenario político en determinados momentos? Hay querellas que prolongan el conflicto político por otros medios y por medios judiciales. Hay querellas que no buscan la condena, sino la noticia, ser utilizadas en el ruedo político. En teoría, ahí hay un garante, que es el juez que no deja entrar en el juzgado lo que no tiene sustancia. Pero es que hay muchas cosas que pueden tener sustancia o que no se sabe al principio si la tienen y se empieza a investigar. A partir de ahí, el juez instructor va tomando decisiones que no resultan de una controversia, sino de un diseño suyo. Y ahí influye mucho el mayor énfasis de mayor o menor celo investigador. La instrucción depende mucho de cómo la percibe el juez instructor. El Gobierno ha presentado un proyecto de reforma de acceso a la carrera que cuenta con el rechazo de todas las asociaciones judiciales y fiscales salvo las de ámbito progresista. ¿Cree que en el ámbito de la judicatura y la Fiscalía hay un rechazo casi automático a cualquier reforma, a lo que cambia lo de siempre? Hay una clara e inequívoca resistencia corporativa a cualquier reforma del sistema de acceso a la carrera judicial. Algunos de los motivos de esa resistencia son lógicos, como una actitud de sospecha frente a intentos del poder político de condicionar la ideología de los jueces. Aunque con estas reformas parece difícil condicionar la ideología de los jueces porque los tribunales que deciden son los mismos que están configurados hasta ahora. Dejando al margen algunos aspectos que son obviamente discutibles, como la regularización de los jueces sustitutos y el cuarto turno, las reformas que se plantean del sistema de oposiciones me parecen tímidas. Son medidas que acabarían con el principal vicio de la oposición actual, que es el carácter recitativo. Estimular pruebas escritas y pruebas orales que no consistan simplemente en la recitación, sino que admitan alguna disertación, algún diálogo… ¿Cómo se puede dudar de esto? El juez es un experto en decidir, pues tendremos que valorar quiénes tienen unas mayores capacidades para enfrentarse a un asunto y proponer soluciones ¿Cree que condiciona el perfil de la judicatura un sistema de acceso que expulsa a quienes no pueden o no aceptan aislarse del mundo durante tanto tiempo? ¿Se debería abrir una reflexión sobre eso? Ese es uno de los problemas que hay que considerar a la hora de valorar el sistema de acceso: a quiénes expulsa por disuadirles de entrada teniendo un perfil personal, intelectual y de capacidad idóneos. A estas personas se les expulsa no porque sean vagas, sino porque no quieren estudiar de esa manera y dedicar cuatro años y medio a embutir recitativamente un contenido. Prefieren estudiar para estar en condiciones de exponer, de saber derecho y de saber utilizarlo para resolver problemas. Si se aligerara ese tipo de esfuerzo ineficiente estoy seguro de que, en dos años de media, se podría seleccionar estupendamente con criterios de mérito y capacidad y eso haría más atractivo el optar a la carrera judicial a determinados perfiles de graduados en Derecho.

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