Sánchez respalda a Santos Cerdán y Marlaska exige "neutralidad" en las investigaciones de la Guardia Civil

El PP centra el debate parlamentario en las supuestas filtraciones de un informe en el que trabaja la UCO sobre el 'caso Koldo' mientras varios socios del Gobierno exigen a Interior "limpiar" las fuerzas de seguridadMarlaska exige “neutralidad” a la Policía y a la Guardia Civil y recuerda que filtrar investigaciones “sería un delito” Al debate político le toca esta semana girar en torno a un informe de la Guardia Civil que todavía no existe. O, al menos, no se ha terminado de elaborar, ni ha sido remitido al juzgado que lo solicitó. El Partido Popular ha hecho suyas algunas publicaciones que aventuran que esa investigación en torno al denominado caso Koldo resultará “demoledora” para algunos altos cargos del Gobierno y dirigentes del PSOE. Y que incluso llegan a imputarle al secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, el cobro de comisiones en forma de regalos de coches, alguno de los cuales se ha demostrado con su declaración de bienes del Congreso que paga gracias a un préstamo. Frente a esa ofensiva de la derecha basada en supuestos informes de la UCO, el ministro del Interior reclamó este miércoles “neutralidad” a las fuerzas de seguridad y Pedro Sánchez respaldó a su 'número dos' en el partido. “Usted decía que no venía a insultar y ahora difama a personas honestas”, respondió el presidente a Alberto Núñez Feijóo después de que este metiera a Cerdán en el saco de “los corruptos que se llenan los bolsillos gracias a su Gobierno”. Durante toda la sesión de control, el PP puso en el centro de su estrategia de confrontación con el Ejecutivo el retrato de un Sánchez acorralado por la corrupción. Con las informaciones respecto a la investigación en curso de la Guardia Civil como enésima gota que, a juicio de los populares, colma el vaso. “Usted no quiere mencionar lo que ocurre en España: mordidas en rescates a empresas, su presidenta de ADIF imputada por malversación de caudales públicos... Y vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando”, advirtió Feijóo a primera hora del miércoles, para insinuar que tiene información de lo que, en teoría, se avecina. Que presuntas filtraciones de investigaciones en marcha de la Guardia Civil aparecidas en la prensa acaben convertidas en munición política para la derecha llevó a que varios socios del Gobierno interpelaran por ello directamente al ministro del Interior este miércoles en el Congreso. “¿Cuántos años hace que Junts advirtió de la forma de trabajar de la UDEF y de la UCO? Con informes directamente falsos, novelas de ciencia ficción contra los independentistas. ¿Y qué hicieron ustedes durante todo este tiempo? Nada, porque no hay más ciego que el que no quiere ver y usted no quiso ver. Ahora sí lo ven porque la UCO ha ampliado su objetivo. ¿Harán caso ahora? ¿Harán limpieza en el seno de la UCO? Pues van tarde”, le dijo a Sánchez la diputada de Junts, Marta Madrenas. Menos explícito fue el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, que también quiso no obstante deslizar el tema de las filtraciones durante su intervención. “Uno descubre todos los días en los medios de comunicación informes e investigaciones de la UCO sobre diferentes gentes del partido mayoritario del Gobierno. Salvo que esas informaciones sean falsas o no existan, que tendría oportunidad de decirlo aquí, desde luego demuestra que hay gente suficiente para investigar cosas. Así que investiguen también por qué se ejecutó un contrato de compra de balas a Israel porque, si no, va a parecer que hay una UCO patriótica que recuerda a aquella policía patriótica que no hace tantos años vivimos también por aquí”, dijo Matute en referencia al Gobierno de Mariano Rajoy. En su réplica, Marlaska quiso poner por delante que su confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es “del 100%” y aseguró estar “convencido” de que no son el origen de las filtraciones porque eso, advirtió “sería un delito”. Pero puso el énfasis durante su intervención en un mensaje que repitió hasta en tres ocasiones. “Lo pido taxativamente y con firmeza: el trabajo de la Policía y de la Guardia Civil debe estar bajo los criterios de objetividad, neutralidad y bajo las directrices de los jueces y fiscales, que son quienes deben garantizar nuestros derechos fundamentales y el cumplimiento de la ley”, subrayó. El martes, el propio Santos Cerdán ya había salido al paso de las insinuaciones y acusaciones publicadas y aireadas por la derecha con un mensaje a la propia Guardia Civil. “Me cuesta creer que esto sea un informe de la UCO porque estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la Guardia Civil. O es una filtración o son invenciones de los periodistas”, señaló. Cerdán quiso adelantarse a la publicación de ese informe para admitir que mantuvo contactos con diferentes responsables de obras públicas en el ejercicio de su cargo. “Como diputado de Navarra he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del PSOE en el año 2020 también preguntaba por obras en el resto del territorio, como el resto de diputados. Y ninguna de esas cosas es constitutiva de delitos. Eso lo tengo clarísimo. Cuando salga ese supuesto informe de la UCO, desmontaremos esas mentiras una a una”, remachó. A la espera del informe Las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos acumulan varios informes policiales que señalan posibles indicios de delito contra el exministro. Uno de esos atestados incurrió en el grave error de atribuirle la compra de un inmueble por 2,1 millones en Colombia que en realidad había costado 751 euros. Otros, sin embargo, han arrojado conclusiones que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a afirmar que existen “poderosos indicios” de cohecho contra él. Todo ello mientras la instrucción sigue su curso y está previsto que en próximas fechas se incorporen nuevos informes policiales al caso. Uno de los informes que están elaborando los agentes de la UCO se centra en los mensajes que el asesor de Ábalos y el supuesto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, pudo mantener con altos cargos del PSOE y el Gobierno. El auto del juez en el que encargaba ese informe hacía expresa referencia al actual ‘número tres’ de los socialistas, Santos Cerdán, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ambos señalados por Aldama. Aunque el contenido de ese atestado aún no ha trascendido oficialmente ha dado lugar a todo tipo de especulaciones a raíz de las informaciones publicadas en distintos medios en los últimos días. Además, los investigadores trabajan en otro atestado que puede arrojar luz sobre las acusaciones lanzadas por Aldama, poliimputado en este caso y en otro fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, sobre las mordidas en obras públicas en la etapa de Ábalos. El juez ordenó recientemente a la UCO que investigue la adjudicación de las obras señaladas por el conseguidor. La unidad del instituto armado ya está tratando de fiscalizar todo el proceso e identificar a las empresas finalmente adjudicatarias de esas obras para determinar si las presuntas irregularidades se extienden más allá de la contratación de las mascarillas durante la pandemia, el episodio que está en el germen de las pesquisas. No constan, por el momento, mordidas en forma de pagos en efectivo. Pero sí otras dádivas que han sacado a la luz meses de pinchazos telefónicos, centenares de correos intervenidos y el volcado de parte de los 170 dispositivos electrónicos —entre móviles y ordenadores— requisados a los miembros de la red y las personas vinculadas a ella. La existencia de tres inmuebles de los que se habría beneficiado supuestamente a cambio de su intercesión en contratos y el sueldo público que una de sus exparejas cobró de dos empresas públicas sin ir a trabajar son los elementos más evidentes que pesan contra el exministro a la luz de los diferentes atestados que constan en el sumario y las declaraciones de numerosos testigos. En paralelo, Ábalos ha tratado de actuar contra los investigadores que pueden comprometer su horizonte judicial. Aunque, por el momento, con poco éxito. La Audiencia de Madrid confirmó este lunes la decisión de un juzgado de Madrid de archivar una causa abierta a instancias del exministro que pedía actuar contra la UCO por las filtraciones del caso antes de que él fuera formalmente investigado. Las magistradas determinaron que “pueden ser numerosas las fuentes” de donde se nutran los periodistas que publicaron informaciones sobre la causa y que no hay “indicios suficientes” contra los investigadores de la UCO o el personal del juzgado, según adelantó El Periódico. Además, Ábalos ha presentado otra denuncia contra la UCO que está pendiente de su admisión a trámite. En este caso, afirma haber sido objeto de una investigación ilegal porque agentes de la UCO interceptaron un sobre dirigido a él cuando ya investigaba el caso Koldo, pero sin que pudiera dirigirse contra él por ser aforado. Denuncia que miembros de esta unidad aprovecharon para revisar un sobre con documentación que el hermano de Koldo García le llevaba a València simulando un control de carreteras rutinario.

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