Aforamiento para el hermanísimo

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, va a ser diputado autonómico en el Parlamento extremeño con la finalidad de escapar de la juez de instrucción que le ha imputado por prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno. No parece que a Gallardo le haya aparecido un prurito parlamentarista incontenible, ni que tenga que entrar en la Asamblea autonómica para salvar una carencia de la democracia extremeña. Lo que pretende Gallardo es ganarse un aforamiento de manera sobrevenida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y forzar que la causa penal contra el hermano de Sánchez llegue a este órgano judicial. Se trata de un fraude de ley, una auténtica manipulación de las reglas de la buena fe democrática y una falta de respeto a la Administración de Justicia, invitada forzosa a una maquinación urdida a distancia para salvaguardar los intereses de la familia Sánchez Pérez-Castejón. El problema es que esta añagaza tiene base legal, porque el Estatuto de Autonomía de Extremadura prevé el aforamiento de sus parlamentarios, sin distinguir el momento en el que acceden a esta condición, ni en el que se han cometido los posibles delitos imputados. Lo lógica de la buena fe y de la naturaleza del aforamiento debería de llevar al TSJ extremeño a rechazar su competencia por fraudulenta. Si el aforamiento persigue proteger la función pública inherente a la institución parlamentaria, poco sentido tiene reconocerlo cuando los hechos delictivos y la incoación del proceso penal son anteriores a la adquisición del acta de diputado. Pero la treta está diseñada para que Gallardo sea diputado y, por tanto, aforado sin condiciones, aunque con un buen reguero de suicidios políticos a cargo de todos aquellos que le precedían en la lista electoral, hasta cinco. Realmente es una imagen lamentable de obediencia y humillación a intereses ajenos a los del socialismo extremeño. Además, lo que Gallardo busca, bien dirigido desde los centros de decisión controlados por Pedro Sánchez, es que su conexión penal con David Sánchez también lleve al hermano del presidente del Gobierno al TSJ extremeño. La relación inseparable entre ambos como imputados por los mismos delitos hace muy probable que esta conexión funcione y que el verdadero aforado acabe siendo David Sánchez. La jugada del tándem Sánchez/Gallardo es una enmienda a la totalidad del discurso regeneracionista de la izquierda. Al final, el imputado presidente de la Diputación de Badajoz busca refugio en un privilegio procesal –el aforamiento– ideado no para utilizar la Justicia como burladero frente a la propia Justicia, sino para asegurar que un órgano colegiado supervise con serenidad las acciones penales planteadas contra políticos y altos cargos administrativos y judiciales. Se equivocan, sin embargo, Gallardo y sus estrategas con este mensaje tan tóxico contra la Administración de Justicia, que da a entender que lograrán en el TSJ la impunidad que se le niega en un juzgado de instrucción. Por lo pronto, ninguna de las decisiones firmes de la juez de instrucción de Badajoz tendría que ser revisada. El aforamiento sobrevenido provoca el cambio de tribunal, pero no de procedimiento, de manera que su auto de imputación ha de ser intocable. Ya está en marcha la operación destinada a que Pedro Sánchez gane tiempo y no vea a su hermano sentado en el banquillo en lo que quede de legislatura. La última palabra, afortunadamente, la tendrán los jueces.

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