Una utopía imparable

Nuestro país lleva décadas recorriendo la senda de la accesibilidad, y es pionero en avances normativos, en el impulso a la autonomía de las personas con discapacidad, en el reconocimiento y en la visibilidad del valor que aportan a una sociedad avanzada. La accesibilidad universal es la llave que abre la puerta del derecho a ser independientes. Por ello, es una obligación compartida dar un salto cualitativo para garantizar que los itinerarios de vida de las personas, sean cuales sean su capacidad, su edad o su origen, necesariamente desarrollados a través de entornos físicos, digitales y sociales, sean facilitadores de una vida plena y satisfactoria. La transversalidad juega un papel clave como eje motor que articula cualquier acción política. Se necesitan acciones y medidas que involucren a los diferentes órganos de las administraciones, junto con las asociaciones que defienden los derechos de las personas –con discapacidad, mayores, infancia…– y la ciudadanía. Para evitar duplicidad de esfuerzos y maximizar la cobertura, resulta ineludible la colaboración entre agentes públicos, económicos y sociales que integren el concepto de la cadena de la accesibilidad en todos los ámbito. Así se evitará la ruptura de estos circuitos vitales, comprendiendo que cualquier adaptación puntual, como en un edificio, solo asegura su propia accesibilidad, y no la integración del resto de espacios urbanos y rurales. Es ahí donde el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Arquitectos, integrado por una red de profesionales multidisciplinares, y la Fundación ONCE se unen en 'Ciudad y territorio justo: accesibilidad universal', dando voz a las personas y al sector a través del diseño de líneas estratégicas, propuestas concretas y ejemplos de buenas prácticas. Puede ser ambicioso aspirar, desde la arquitectura y el territorio, a construir un nuevo orden a partir de la accesibilidad universal como paradigma del cambio, pero, como aventuraba Eduardo Galeano, «¿para qué sirve entonces la utopía? Sirve para caminar». Para conseguirla debemos impulsar la toma de conciencia de la sociedad, visibilizándola como herramienta para la inclusión social y palanca de cambio hacia la igualdad de oportunidades, aprendizaje adquirido a través de las demandas de las asociaciones del tercer sector y de las personas con mayores necesidades, deseos y reivindicaciones, desde el derecho que les asiste a poder acceder y comprender los entornos físicos, virtuales y sociales, a utilizar los servicios y productos. Además de sensibilizar, caben otras fórmulas, como el diseño y planificación de políticas públicas alineadas con instrumentos como la Agenda Urbana Española o los ODS. Sabemos que la equidad entre grupos sociales y el equilibrio territorial se consiguen con el acceso y la distribución de los recursos, bienes, servicios y transportes, evitando diferencias entre habitantes de pueblos y ciudades. Ahí también juega un papel prioritario la accesibilidad universal. Queda camino por recorrer, y a pesar de haber salvado barreras sociales y mentales durante décadas, la económica pone freno a la imparable transformación. Urge trasladar a Europa que, al igual que sus políticas integran la eficiencia energética o la sostenibilidad de edificios y entornos, debe asignar recursos a la accesibilidad universal. No estaría mal dar ejemplo y crear en nuestro país un fondo para promover la accesibilidad, que alcance, al menos, el 1,5 por ciento del presupuesto anual de las diferentes administraciones. No es una utopía construir la verdadera 'casa de la ciudadanía' para todas las personas, sabiendo que la accesibilidad es testadora de la salud individual y colectiva e indicador de la calidad del entorno construido, un pilar básico para construir una sociedad más justa y cohesionada.

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