La batalla ideológica en torno al (pleno) empleo

Si hoy redujéramos un 30% el coste de alquileres o hipotecas a tipo mixto o variable, que lastran la economía de 6,3 millones de hogares, se liberaría una renta disponible de 25 mil millones en cinco años, que generaría casi medio millón de empleos adicionales Junio es un mes en el que habitualmente el desempleo baja en España. Una estructura económica con un relevante peso del turismo ligado al verano es la razón de la habitual creación de empleo en esta época. Es el conocido efecto de la estacionalidad. Pero desde hace tiempo la evolución del empleo en España trasciende de los sesgos estacionales. Para comprobar esta afirmación basta con remitirse a los datos interanuales. De junio de 2024 a junio de 2025 hay 461.409 personas ocupadas más. Un incremento del 2,2%, habiendo sobrepasado durante algunos días del mes los 21.900.000 cotizantes a la Seguridad Social. Volvemos a batir el récord de personas trabajando. En ese mismo periodo hay 155.104 personas menos registradas en las oficinas del SEPE demandando un empleo. En total son algo más de 2.400.000 las que componen esa lista. Es el menor número en 17 años, pero es un porcentaje de desempleo registrado (ocurre lo mismo con los datos de la EPA) alto respecto a otros países. En España la generación de empleo es muy superior a la disminución del desempleo. Se da un incremento de la población activa y de la población ocupada. Una buena noticia en términos de país, pero que cada vez más empieza a mostrar una posibilidad aparentemente paradójica que venimos señalando de un tiempo a esta parte. Si dejamos por un momento de lado la inestabilidad de la situación geoestratégica mundial, y los riesgos de guerra comercial (con sus posibles efectos sobre la inflación o sobre la ralentización económica global), es bastante probable que los datos de empleo en España sigan siendo positivos en los próximos años. Dependerá de algunas variables que por supuesto pueden torcerse, donde el negacionismo y el atrasismo político no son lo menos relevante. Pero si somos capaces de aprovechar el despliegue de las energías renovables como un factor de abaratamiento de costes energéticos y para la atracción de inversión productiva, podemos asistir a un proceso de reindustrialización inédito. Un proceso, además, en el que el factor comparativo de nuestra economía no sea, por una vez, los bajos costes laborales sino un suministro fiable y competitivo de energía barata en una transición parcial hacia la electrificación de la actividad. Según estimaciones de analistas internacionales esta opción es factible. Hace poco la OCDE recomendaba trasladar a España industria con uso intensivo de energía en sectores como el siderúrgico, el metalúrgico, el vidrio, la química básica, el papel o la cerámica. La Cámara de Comercio de EEUU en España apuntaba a la posibilidad de que nuestro país doblara el peso del PIB industrial en nuestra economía, en el plazo de una década. Aunque este escenario pueda parecer optimista, aunque no se cumpliera en esas proyecciones, una evolución en este sentido de nuestro tejido productivo nos conduciría en un corto período de tiempo hacia esa situación de pleno empleo apuntada. La aparente paradoja a la que me refería sería la posible compatibilidad de ese pleno empleo con la persistencia de un desempleo friccional alto respecto a otros países, y de carácter persistente. El paro friccional es aquel que se produce por el desajuste entre oferta y demanda de trabajo, de manera que habiendo personas en desempleo no se incorporan a puestos de trabajo existentes. Se suele relacionar con causas puntuales (falta de información, ubicación del puesto de trabajo, etc.) que se sincronizan en un lapso breve de tiempo. Sin embargo, el riesgo en España es que ese paro friccional se cronifique y haya un relevante número de puestos de trabajo que no se cubran en un país que consolide unas tasas de paro muy bajas (en relación con nuestras cifras históricas de desempleo), pero más altas que las que se considerarían aceptables en otros países europeos. En torno a esas “vacantes laborales” se va a establecer una fuerte pugna ideológica y narrativa, que de alguna manera ya está en la palestra. Habrá una primera formulación defendiendo que, si hay puestos de trabajo que existen y no se cubren pese a tener dos millones de desempleados (por poner una cantidad a modo de ejemplo), es porque hay desincentivos a trabajar. La existencia de supuestas “paguitas” por citar el más recurrente. Desde este marco conceptual, se tratará de cuestionar el incipiente e insuficiente sistema de protección de rentas de nuestro país. Ingreso Mínimo Vital y prestaciones o subsidios de desempleo se señalarán como onerosas prestaciones que provocan que la gente “no quiera trabajar”. También se tratará de utilizar los flujos migratorios, desarraigados y explotados, para favorecer una competencia salarial a la baja, fomentando un conflicto inter-clase. Es necesario levantar desde ya una narrativa ideológica alternativa. Porque en efecto, existen cuellos de botella que dificultan la sincronía entre oferta y demanda de empleo en nuestro país. Pero no son las paguitas ni los escasos recursos para contrarrestar la pobreza o la pobreza severa. Son más bien la ausencia de políticas públicas suficientes para garantizar un acceso asequible a la vivienda, así como la falta de una red de cuidados de carácter público. España es un país de gran extensión. Entre A Coruña y Girona, o entre A Coruña y Almería hay más distancia que entre París y Berlín. Es una decisión económicamente racional no emprender un desplazamiento de varios cientos de kilómetros para trabajar por un salario que se va a dedicar en buena medida a sufragar el precio abusivo de un alquiler, y además perder todo el círculo de cuidados familiares o relacionales. Cada vez más va a haber actividades, estacionales o no, que tengan problemas para encontrar trabajadores porque el contexto de trabajo es el que de verdad desincentiva la actividad, incluso aunque hablemos de salarios medios, no particularmente bajos. España necesita impulsar políticas públicas que palíen en el corto plazo y resuelvan en el medio plazo estos cuellos de botella. Una estrategia interinstitucional de país para garantizar el acceso asequible a la vivienda. Si hoy redujéramos un 30% el coste de alquileres o hipotecas a tipo mixto o variable, que lastran la economía de 6,3 millones de hogares, se liberaría una renta disponible de 25 mil millones en cinco años, que generaría casi medio millón de empleos adicionales. De igual manera una estrategia de cuidados que refuerce una red pública para proteger situaciones de dependencia es indispensable. Por reforzar los derechos de ciudadanía y porque generaría externalidades positivas para la economía productiva, del mismo modo que es impensable entender el desarrollo de las siete últimas décadas en las economías avanzadas, sin el papel jugado por los sistemas públicos de sanidad, educación o infraestructuras de otro tipo, socializando esfuerzos que en modo alguno hubieran podido internalizar las empresas. En contra de lo que se suele afirmar las empresas no son las que generan empleo. El empleo se genera en las empresas (puede parecer igual, pero no es lo mismo), cuando concurren múltiples causas. Una demanda solvente para adquirir bienes y servicios que generan la actividad. Unas infraestructuras, físicas o digitales, como condición de posibilidad para la existencia de proyectos empresariales rentables. Una red de servicios que cubren contingencias, como la salud o la formación, sin las que no hay desarrollo económico viable, etc. Y por último es clave una política integral sobre la emigración para promover condiciones de humanidad y seguridad en el proceso migratorio, así como garantizar igualdad en derechos laborales, sociales y civiles, para las personas que van a venir a nuestro país, y sin cuyo concurso será imposible cerrar la relación negativa que entre la tasa de natalidad y la de reposición poblacional, lleva teniendo España desde finales de los ochenta. Transformación energética, pleno empleo, acceso a la vivienda, red pública de cuidados, política migratoria, constituyen todo un reto para nuestro país y un programa social de transformación más necesario que nunca en términos de civilización y ciudadanía, de clase, y también de desarrollo económico.

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