La disputada libertad de expresión del señor Quiles

Vito Quiles y otros escuadristas con micrófono pueden estar tranquilos. La reforma del Reglamento del Congreso no va a afectarles un ápice su derecho a la libertad de información. Sólo su derecho a atacar, intimidar o agredir a compañeros u otras personas Se está discutiendo estos días una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que entre otras cosas introduce un listado de infracciones que pueden cometer los acreditados como periodistas en la Cámara y que pueden ser sancionadas incluso con la retirada de su credencial. Coloquialmente, los medios se refieren a la iniciativa señalando que busca echar del Parlamento a los pseudoperiodistas. A estos se les suele personificar en el señor Vito Quiles, ciudadano y activista político que goza de acceso al Congreso. Así planteado, puede parecer un intento inconstitucional de silenciar a la prensa crítica. Sin embargo, lo que se está debatiendo es solo cómo evitar que quien tenga una de estas credenciales la use para actividades ilícitas ajenas a la profesión periodística. La expresión “pseudoperiodista” ha triunfado en el debate público. Este éxito no implica necesariamente que se trate de una categoría clara. Cometemos un grave error si la usamos para referirnos a aquellos informadores que, a nuestro juicio, no ejercen su profesión con la ética o la dedicación necesarias. En ese caso, los pseudoperiodistas siempre son los otros. Los que no escriben o preguntan lo que queremos y del modo que nos gustaría. A partir de ahí, tienen razón quienes estos días alzan la voz alertando sobre la amenaza para la libertad de expresión que supondría el que un órgano político seleccione quiénes son buenos y malos periodistas. Peor aun si puede llegar a privar de acceso, nada menos que al Parlamento del país, a aquellos informadores que le resulten molestos o simplemente no gocen de su favor. De hecho, las Cortes Generales no pueden castigar o sancionar a ningún periodista por el contenido de sus publicaciones. Se trataría de un atentado contra su libertad de informar libremente. Los periodistas y medios de comunicación pueden decidir libérrimamente el contenido y la orientación de los contenidos que difunden. Si en algún caso incluyen errores o falsedades y lastiman los derechos de otras personas, pierden la protección constitucional, pero eso es algo que solo puede ser apreciado judicialmente. En ningún caso le corresponde a un órgano político decidir si una información es o no objetiva, ni veraz. Cualquier control que intente ejercer el Congreso sobre los contenidos que transmiten los periodistas acreditados en él sería frontalmente contrario a la Constitución. Y por eso son un gravísimo error las declaraciones de algunos diputados estos días, a propósito de la reforma del Reglamento. Se equivoca el diputado Rufián –habitualmente un gran parlamentario– cuando le exige a Quiles que haga determinadas preguntas a políticos de ultraderecha si quiere mantener su credencial. Mal iríamos si los diputados deciden cuándo un periodista es o no objetivo o, peor aun, deciden qué y a quién debe preguntar para seguir teniendo acceso al edificio donde reside la representación de la soberanía popular. Como él, yerran todos los que desde las filas de la izquierda quieren impedir ejercer su trabajo a este u otro informador porque sea miembro de determinado partido político o porque sus ideas resultan demasiado radicales. Ese uso de lo público solo para oír lo que nos gusta está, afortunadamente, prohibido por la Constitución. Ahora bien, que ningún periodista pueda ser sancionado por el Parlamento por el contenido de sus informaciones no significa que no puedan serlo por otras conductas ilícitas, las haga quien las haga. Si un ciudadano con acceso a los edificios del Congreso de los Diputados utiliza ese privilegio para, por ejemplo, colarse en el despacho privado de un diputado y leer sus documentos reservados, debe poder ser sancionado por ello. Del mismo modo, si alguien aprovecha que puede entrar en esos edificios para agredir a un compañero, para insultar a otras personas o para alterar sistemáticamente el orden es razonable que se le puede impedir el acceso para que cese en esas actividades ilícitas. El problema del ciudadano Quiles y otros como él no es que hagan preguntas incómodas. El problema es, precisamente, que no hacen preguntas. Cuando tienen un micrófono en la mano, estos escuadristas los usan para lanzar ataques e improperios. No pretenden recabar la opinión de ninguno de los políticos con los que se enfrentan, sino acusarlos a modo de ataque político. Ni recogen ni transmiten información, sino que, actuando como auténticos miembros de la oposición, construyen bulos y acusaciones que lanzan sin posibilidad de respuesta. A esa actitud, ajena por completo al periodismo, suman una agresiva falta de respeto a la cortesía y las normas parlamentarias. En las ruedas de prensa se saltan el turno de preguntas e interrumpen a compañeros impidiéndoles hacer su trabajo; por los pasillos acosan y amedrentan a representantes, técnicos, periodistas y otros trabajadores. Faltan continuamente al respeto a las personas con las que se cruzan y boicotean el trabajo ajeno. Así, del mismo modo que es inconstitucional censurar al señor Quiles y compañía por el sesgo, el tono o la orientación política de sus informaciones, sí que resulta justificado y jurídicamente legítimo el sancionarlos cuando alteren el buen orden de la cámara o atenten a la consideración de compañeros y otro personal. Hace años, un periodista de un diario ultra se coló ilícitamente en los despachos de los diputados Pablo Iglesias e Irene Montero y grabó en vídeo los objetos y documentos privados que allí había. Fue sancionado con la retirada de su credencial. Sin embargo, poco después el Tribunal Supremo anuló la sanción argumentando básicamente que la sanción no estaba prevista en el Reglamento (también que no se había acreditado que el castigado fuera el autor de las fotografías, pero esa es una cuestión de hecho). Lo que intenta esta reforma es que eso no se repita. Técnicamente, lo que se está discutiendo, y no se explica bien, es la propuesta de establecer una serie de sanciones para los periodistas que alteren el orden en las sesiones o ruedas de prensa, falten a la cortesía parlamentaria, agredan a otras personas o accedan a lugares a los que no les está permitido el paso. Solo eso. Se castigará a los violentos de derechas o izquierdas que pidan una credencial para trabajar como periodistas pero se dediquen a reventar la actividad informativa parlamentaria. No hay en la propuesta de modificación del reglamento ni una coma relativa a la objetividad periodística. Mucho menos a la veracidad o al enfoque de sus noticias. Así que mienten –o están mal informados– quienes dicen que se trata de silenciar a los periodistas incómodos. Igual que mienten los diputados que condicionan su voto a que Vito Quiles trate mejor o peor a ningún partido político. La reforma no permite perseguir a ningún periodista por motivos ideológicos. La apoyan informadores de medios conservadores y progresistas porque ninguno de ellos ve en ella el mínimo riesgo de control ideológico, mande quien mande en el parlamento. El señor Quiles puede estar tranquilo. Nadie va a afectarle un ápice su derecho a la libertad de información. Sólo su derecho a atacar, intimidar o agredir a compañeros u otras personas. Lo extraño es que a alguien esto le parezca mal.

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