Sin arrepentimiento no hay perdón

Cuando la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) organizó un acto público para pedir perdón a las mujeres que fueron internadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, algo no funcionó. Lo que parecía que iba a ser un gesto de justicia y reparación, no lo fue Las mujeres que pasaron por el terrible Patronato de la Mujer, ellas -las supervivientes y sus familiares- son las que decidieron y deciden si quieren o no perdonar. Nadie puede obligarlas. Es una decisión individual, personal. Pedir perdón no basta para ser perdonado, para ser perdonada. Por eso, el pasado 9 de junio, cuando la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) organizó un acto público para pedir perdón a las mujeres que fueron internadas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, algo no funcionó. Lo que parecía que iba a ser un gesto de justicia y reparación, no lo fue. El perdón requiere reconocimiento, arrepentimiento, silencio para escuchar y voluntad real de asumir responsabilidades. No hay perdón posible si no se nombran las violencias, el sufrimiento, las torturas, los suicidios, las humillaciones, los motivos por los que fueron internadas, los nombres de las y los perpetradores, el robo de bebés, los matrimonios impuestos y un largo catálogo de horrores. Querer pasar página sin asumir las consecuencias es perpetuar el daño, es querer cerrar de forma simbólica lo que ni siquiera se ha abierto. No se puede perdonar lo que no ha sido reconocido. No se puede reparar lo que no ha sido nombrado. En el acto no se mencionaron los robos de bebés. No se habló del hambre, de los trabajos forzados, de los castigos físicos, de los electroshocks, de las humillaciones o del control moral y sexual al que fueron sometidas muchas niñas, mujeres adolescentes y jóvenes. Fueron las propias religiosas, pero también médicos, jueces y funcionarios. Como bien explica Andrea Momoitio en su crónica en Pikara de lo que pasó en la CONFER: “El Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, sometió a miles de mujeres a un férreo control entre la disciplina militar y la tortura psicológica entre 1941 y 1985. Aún se desconoce su alcance porque, entre otras cosas, las órdenes religiosas están todavía reticentes a permitir el acceso a sus archivos”. Era el orden político y sexual del franquismo con la complicidad de la Iglesia Católica que velaba para que las rebeldes, las descarriadas, las vagas, las pobres, las violadas, las mujeres menos valiosas para el Régimen fueran redimidas a base de castigos y penitencias. Lo ocurrido en el Patronato de la Mujer no es producto de “una época”, es producto del fundamentalismo religioso católico, del nacionalcatolicismo que añoran los votantes de Vox, ese que todavía defienden muchos obispos desde sus púlpitos y muchos jueces desde sus sentencias. Algunos de los testimonios de las supervivientes cuentan las crónicas que fueron enviados previamente del acto a la CONFER y a alguien de dentro debió de parecerles demasiado fuertes porque fueron modificados o censurados. Nuevamente ese ejercicio de control y de poder, de que “los representantes de la moral religiosa” digan qué es lo que se puede decir y qué no. Eso lo deciden quienes perdonan, no quienes piden perdón. La CONFER organizó un acto sin haber concluido un proceso, el suyo propio de comprender y de arrepentirse, de sentir la vergüenza de haber representado en la tierra el mal y la perversión en la época franquista. Iniciar el camino de verdad, justicia y reparación puede ser desde la sinceridad, pero requiere tiempo, arrepentimiento, humildad. Si se hace con miedo, con dudas o con líneas rojas no es una petición de perdón, ni es un ejercicio de memoria. Es otra forma de tutelar y controlar un proceso que solo corresponde a las supervivientes: el del perdón; para desentenderse de su verdadera obligación, que es la de garantizar que salga a la luz la verdad (aunque duela), se conozcan los nombres de las y los responsables para que se haga justicia y haya medida concretas de reparación y garantías de no repetición. Desde este marco se entiende que asociaciones como Desterradas Hijas de Eva reclamen lo que establece el derecho internacional: participación efectiva, acceso a la verdad, reconocimiento público, reparación integral y garantías de no repetición. Lo han dicho con claridad: no quieren ser reconocidas como “mujeres descarriadas”, sino como víctimas de una estructura patriarcal, represiva y clerical que vulneró sus derechos más básicos. Algo que todavía no ha sido plenamente asumido por las congregaciones responsables, ni por el Estado que siguen sin saber, querer o poder dar una respuesta que esté a la altura.

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