Un débil plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa

El plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa 2025, presentado por el gobierno el pasado 22 de abril, describe y justifica el aumento del gasto en defensa para alcanzar el objetivo del 2% del PIB asumido en la cumbre de la OTAN de Gales en 2014. De esta forma, España muestra su solidaridad con los aliados, al incrementar significativamente su contribución en esta materia. Su publicación ha sido una excelente oportunidad para tomar consciencia y convencer a los españoles de la necesidad de aumentar este gasto. Sin embargo, el documento, hecho con cierta premura, plantea dudas sobre su viabilidad y su utilidad para proteger mejor tanto a nuestros aliados como a nuestra sociedad, como se comenta a continuación. 1. Cualquier plan debe definir los objetivos y las carencias que pretende resolver algo de lo que carece el documento. Esto resulta extraño, pues, en defensa, constantemente se analizan las amenazas, las potenciales misiones a realizar y los medios humanos y materiales que hay que disponer para hacerles frente, por lo que regularmente se desarrollan planes para su obtención. En este sentido, el desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad solo cubre una parte de las capacidades que precisa nuestra defensa, mientras que el presupuesto se dedica básicamente a modernizar las existentes. 2. Hay partidas que figuran en el plan que están en la frontera para ser aceptadas por la UE o la OTAN, lo que podría impedir alcanzar el citado valor del 2%, como, por ejemplo, la gestión de emergencias y desastres naturales, más próximos a la protección civil, o actividades relacionadas con asuntos civiles como NubeSARA, el INCIBE, la red IRIS, alejadas de actividades tradicionalmente militares. 3. No ha disfrutado de la aprobación parlamentaria, lo que merma el grado de aprobación de un gasto social tan significativo y que necesariamente detraerá recursos de otras partes del presupuesto que no se podrán emplear para otros importantes objetivos sociales. 4. El plan no alude a los planes de la UE en materia de capacidades militares como el Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP) o a la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CRAD) que pretenden coordinar las aportaciones de medios de los Estados miembro para apoyar la Política Común de Seguridad y Defensa. 5. No hay referencia al posible empleo del instrumento SAFE, quedando circunscrito principalmente a programas nacionales. Esto impedirá beneficiarnos de unos préstamos especialmente interesantes, en plazos, tipo de interés, exención del IVA, y periodo de gracia. La participación en SAFE es importante para integrar nuestra industria en la UE y en sus cadenas de valor. El plan apuesta sobre todo por ejecutar estas inversiones nacionalmente (el 80%), es decir, no parece haber intención de obtener estos medios conjuntamente con nuestros socios europeos (al que se destinaría, como mucho, un 10%), lo que impedirá obtener las economías de escala que se precisan para sostener el liderazgo en este sector. 6. La referencia a PYMEs y start-up, claves en la innovación en defensa, son meramente genéricas como la creación de Planes de Participación Industrial en los PEM para su integración, y ayudas para acceder a mercados extranjeros vía ICEX o CESCE. 7. La gestión del plan queda a cargo del Ministerio de Presidencia (y un desconocido Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, asesorado por un Consejo Asesor), mientras que no aparecen referencias sobre la aprobación de los Estados Mayores en relación a su alcance y prioridad. 8. Aunque se habla de una inversión estimada de 3.950 M€ en actividades de I+D+i, no se razona el origen de esta cifra, que parece sobrevalorada, pues la investigación básica queda excluida, la investigación aplicada es relativamente baja y el grueso se dedicará a desarrollos, reutilizando tecnologías existentes. Además, la incertidumbre de estas actividades, pueden hacer que los retornos ser inferior a lo esperado. 9. El pretendido gran salto en el gasto del 1,43 al 2% parece difícil de materializar en los siete meses que quedan para finalizar el año. La licitación, adjudicación, ejecución y entrega de los proyectos será difícil de ejecutarse, lo que podría obligar a adelantar pagos a las empresas, pendientes de la entrega del producto o servicio contratado. En resumen, la lectura del plan no ofrece la esperada solidez técnica y económica, ni una clara utilidad respeto al objetivo de apoyar a nuestros aliados. En este sentido, parece muy recomendable su profunda revisión, identificando debilidades y, en su caso, medidas correctoras. Especialmente importante sería un verdadero apoyo institucional que garantice que las alternativas han sido evaluadas y existe un amplio consenso social sobre las mismas. En definitiva, rendir cuentas para así mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales, una virtud de las democracias avanzadas.