La pareja de Ayuso declara en el Supremo para explicar a cuánta gente envió su confesión

Alberto González Amador comparece por primera vez como testigo, donde ratificará sus acusaciones contra el fiscal general pero también tendrá que aclarar por qué ocultó durante un año a los tribunales que su abogado envió su propuesta de pacto a la Abogacía del Estado y no solo a la Fiscalía como afirma su querellaTodo lo que la pareja de Ayuso tendrá que explicar en el Supremo sobre la filtración de su correo El Tribunal Supremo se enfrenta este viernes a la última diligencia de la causa en la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, comparece como testigo por primera vez para contestar preguntas en sede judicial y obligado a decir la verdad. Un trámite pensado para que ratifique sus acusaciones contra la Fiscalía y explique cómo le pudo afectar la filtración, pero que también puede ayudar a evidenciar un dato que las defensas consideran clave: si en febrero de 2024 su letrado defensor envió su confesión, además de al fiscal que le investigaba por fraude fiscal, a un Abogado del Estado. Un dato que ni él ni sus abogados han comunicado a los jueces que han investigado este caso y que solo se ha conocido cuando lo ha revelado la propia Abogacía del Estado. El juez Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general desde el pasado mes de octubre, no consideró necesario tomar declaración al empresario y dejó esa prueba para el previsible juicio oral. Fue la Sala de lo Penal la que obligó al instructor a citar como testigo a la pareja de la presidenta madrileña, alegando entre otras cosas que lo había pedido el propio Álvaro García Ortiz. Su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, y la propia Fiscalía creen que hay que darle la palabra para evidenciar un agujero en su relato: a cuántas personas mandó su confesión. El caso arrancó hace ahora más de un año cuando González Amador se querelló contra varios fiscales por la filtración de un correo en el que uno de sus abogados, Carlos Neira, ofrecía un pacto al fiscal Julián Salto: reconocer que la pareja de Ayuso había defraudado 350.000 euros con facturas falsas y pagar medio millón de euros entre deudas y multas a cambio de no pisar la cárcel. En la noche del 13 de marzo varios medios publicaron informaciones falsas, algunas difundidas por el entorno de Ayuso, que explicaban el caso al revés y la Fiscalía, según González Amador, reveló sus secretos de forma delictiva ante la opinión pública. Esa primera querella hacía única responsable de la filtración a la Fiscalía. Relataba el cruce de correos del abogado Neira con el fiscal Salto y pedía a los jueces, incluso, que solicitaran al letrado defensor todos los correos que había cruzado con ese fiscal. Pero omitió un detalle relevante en una causa por revelación de secretos: Carlos Neira, buscando un pacto lo más rápido y silencioso posible para su cliente, remitió ese email con la confesión a más gente. Al menos a un Abogado del Estado, un organismo que suele representar a Hacienda en los casos de fraude fiscal pero que, en ese momento, ni siquiera formaba parte del caso. Fue la propia Abogacía del Estado la que reveló este dato el pasado mes de marzo, cuando aportó documentación para acreditar que el 2 de febrero de 2024, poco después de mandar su propuesta de pacto al fiscal Julián Salto, hizo lo propio con un Abogado del Estado. Neira, abogado de sobra conocido entre los fiscales y abogados del Estado dedicados a los delitos económicos, tiraba de agenda para que el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso pasara de puntillas por la engorrosa fase de instrucción y llegara rápido a una indetectable y definitiva sentencia de conformidad. Ni Alberto González Amador ni sus abogados dieron este detalle cuando denunciaron el caso ante el Tribunal Superior de Madrid, ni tampoco cuando las diligencias dieron el salto al Tribunal Supremo para centrarse en el fiscal general del Estado. Y tanto la Fiscalía como la Abogacía consideran que es un dato clave, dentro de su estrategia de cuestionar que pueda existir un delito de revelación de secretos si ese correo lo tenía más gente y si, tal y como han declarado más periodistas, la información circulaba ya por varias redacciones 36 horas antes de que el fiscal general supiera que existía ese pacto. Las difusiones autorizadas de Alberto González Amador La declaración de Alberto González Amador de este viernes es la última diligencia prevista por Ángel Hurtado en la causa en la que mantiene imputados al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que recientemente ha dejado la defensa que le proporcionaba la Abogacía del Estado y ha contratado como abogado al fiscal en excedencia Daniel Campos. Está por ver si estima la última petición del fiscal general de ampliar las pruebas y llamar a declarar a varios periodistas así como al propio Carlos Neira. Todo con el objetivo de demostrar que para cuando la información del posible pacto llegó al teléfono del fiscal general a última hora del 13 de marzo esa información era conocida por más gente y los abogados del empresario no habían actuado como si fuera algo confidencial. Hasta la fecha el juez Hurtado no ha dado importancia a cualquier cosa que se acerque al concepto de “difusión autorizada” en este caso: que el propio empresario diera permiso a sus abogados o a su entorno a enviar parte de la documentación de su caso de fraude fiscal. Por ejemplo, a que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de su pareja en la Comunidad de Madrid, repartiera entre decenas de periodistas un correo que el fiscal Julián Salto mandó a su abogado, con la intención de esparcir una versión falsa de los hechos y dar a entender que la Fiscalía había roto el pacto para arrastrar a González Amador por un largo y público proceso penal. Los mensajes aportados por el propio Rodríguez revelan que, en las horas posteriores a que elDiario.es revelara el caso, habló con Alberto González Amador –a quien tenía guardado en el teléfono como “Alberto Quirón”– y terminó pactando con él la difusión de uno de sus correos para publicitar una versión falsa de los hechos, aunque el jefe de gabinete de Ayuso afirma que no sabía que estaba propagando un bulo. Miguel Ángel Rodríguez, a su llegada al Supremo El magistrado, que escuchó las mentiras y medias verdades de Rodríguez, restó importancia a estas filtraciones al haber sido autorizadas por el propio González Amador. Está por ver si ese criterio se mantiene cuando el empresario explique si autorizó o no a su letrado a hacer llegar ese correo a un Abogado del Estado y si lo puso en conocimiento de más gente. Hasta el momento, el juez Hurtado ha rechazado que cualquier posibilidad afecte a la imputación que pesa sobre el fiscal general aunque, por el momento, ni las declaraciones ni los informes de la Guardia Civil han encontrado pruebas concretas de que filtrara u ordenara filtrar ese material a la prensa. Hurtado tiene dos decisiones que tomar después de escuchar la testifical de González Amador este viernes. La primera es si accede a la petición de la Abogacía del Estado y llama a declarar al letrado Neira y a varios periodistas de El País que, recientemente, han declarado ante un notario que supieron de ese posible pacto 36 horas antes de que lo supiera el fiscal general. La segunda es si, agotada la investigación, Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez deben sentarse en el banquillo tal y como ha pedido ya alguna de las acusaciones.

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