España ignora a la ONU y mantiene sin vivienda a una familia con tres menores: "Solo nos queda hablar con el presidente"

El Comité Desc envió hace dos meses un requerimiento al Estado español para que garantizase una vivienda digna a Richard, Josefina y sus tres hijas, con escasos ingresos y solicitantes de vivienda social desde hace más de una décadaEl Supremo libra a Blackstone de vender a 40 familias los pisos al mismo precio de saldo al que se los compró a Ana Botella Richard y Josefina eran el ejemplo clásico de una familia normal. Él trabajaba como intermediador cultural y ella por horas en tiendas de moda o empleos esporádicos. Esquivaron los cantos de sirena de los primeros 2000 y prefirieron el alquiler, con una renta de 500 euros, en lugar de hipotecarse. No vivían por encima de sus posibilidades, pero los recortes de la Comunidad de Madrid condenaron al padre al paro. Pidieron ayuda. A la empresa autonómica de vivienda. Al Ayuntamiento de Madrid. Un alquiler social, una vivienda pública. Una y otra vez, sin éxito. Desde hace más de una década. En 2022, su caso llegó ante Naciones Unidas, que consideró que España no garantizaba el derecho a una vivienda de esta familia. Pese al sonrojo internacional, la economía que más crece de la Unión Europea sigue sin una vivienda pública para un hogar con tres niñas de 5, 11 y 16 años. En 2014, tras vender sus alianzas, la pareja se vio ante una disyuntiva fatal: “O poníamos un plato de comida en la mesa o pagábamos el alquiler”, recuerda Richard. El dilema se resolvió haciendo las maletas y abandonando la casa en la que llevaban viviendo varios años, propiedad de un casero particular, para no dejarle una deuda. “No queríamos ocasionarle un mal a nadie”, dice. Aquellos eran los años en los que Rajoy recordaba que “no somos ricos y no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades”, los que sumaron más de un millón de desahucios e hicieron a las entidades bancarias acumular miles de pisos vacíos. Con las maletas en la puerta y sin un techo en el que resguardarse, la familia entró cargada de miedos en una vivienda vacía propiedad del BBVA en Villaverde. “Aquí no se presentó la policía. La vecina de arriba, que me conocía, se asomó por la venta, le expliqué el problema y me dijo: ”Métete, no te preocupes, yo hablo con los vecinos y verás como no viene nadie“. Fue todo muy cívico”, recuerda el hombre. En marzo de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Richard y Josefa de un delito de usurpación. El tribunal consideró que la pareja se encontraba en una “situación de absoluta precariedad” y que había hecho todo lo posible por atajarla, acudiendo “a cuantos organismos les permitieran el acceso a una vivienda que pudieran pagar con sus escasos recursos”. “Hemos presentado tantas que en la Comunidad de Madrid no nos dejan presentar más”, dice Richard. La normativa autonómica mantiene desde hace años un agujero por el que expulsa a cientos de familias vulnerables: si estás habitando una casa sin título legal, no puedes acceder a una vivienda pública. La norma no lo explicita, pero para muchos supondría esperar en la calle. Con todo, la sentencia concluía que, aunque no hubiera delito, debería procederse al desalojo, porque “no corresponde a los particulares, sino a los organismos públicos, atender a la necesidad y derecho a la vivienda”. Casi una década después, las administraciones, de todo signo político, siguen sin atender al matrimonio y sus tres hijas menores. Ya no es solo la Audiencia Provincial de Madrid la que apunta a los responsables. Tras esta sentencia, la familia elevó el caso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas. “A partir de ahí se fueron dictando medidas de suspensión del desahucio, mientras seguían solicitando al BBVA, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento un alquiler social o una vivienda pública y un alquiler en el mercado libre, inalcanzable para ellos”, explica su abogado, Javier Rubio, del despacho CAES. En total, la familia amontona 9 notificaciones de desahucio, una de ellas en 2021, en plena pandemia. Richard en el salón de su casa en Villaverde Una de las que recuerda mejor ocurrió a finales de 2022. Juan Diego Botto estaba rodando la película 'En los márgenes', protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, para lo que contaron con la colaboración de familias amenazadas por el drama inmobiliario. “Estaban intentando encarnar lo que se siente en un desahucio, cuando llegó la notificación en pleno rodaje. Todo se paralizó y sentí el apoyo de todos los compañeros. Fue la única vez que lloré”, recuerda Richard. Los portazos condujeron a una resolución por parte de Naciones Unidas muy crítica con España en 2022, por no garantizar el acceso a una vivienda a esta y otras dos familias. “El Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores y sus hijos una reparación efectiva”, indicaba el texto, que pasaba por volver “a evaluar su estado de necesidad y su prioridad en la lista de espera considerando la antigüedad de su solicitud de vivienda a la Comunidad Autónoma de Madrid desde la fecha en que la solicitó, con el objeto de otorgarles vivienda pública u otra medida que les permita vivir en una vivienda adecuada” y “otorgar a los autores (Josefina y Richard) y sus hijos una compensación económica por las violaciones sufridas”. Ni uno, ni otro. De nuevo, la inacción de las administraciones públicas llevó al Comité Desc a llamar al orden al Estado español. El 7 de marzo de 2025, publicó un requerimiento para que le diera solución en un “plazo máximo” de 60 días, que vence ya. “El Comité observa que el Estado parte no ha refutado el hecho de que los autores y sus hijas sigan careciendo de una vivienda adecuada”, señala el documento, remitido tanto a la abogacía del Estado como al Defensor del Pueblo y el Grupo Monitoreo Desc, una plataforma de la sociedad civil encargada de vigilar a las administraciones y formada por Amnistía Internacional, Feantsa, la PAH, Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Arquitectura sin fronteras, Observatori Desc, el CAES, Provivienda y la Red-Desc Internacional. Naciones Unidas cuenta con diferentes tratados que protegen derechos o a grupos concretos y la mayoría cuenta con comités que se encargan de velar por su cumplimiento. Algunos, además, dan la posibilidad a la sociedad civil y a los ciudadanos de presentar quejas si consideran que estos se han incumplido. En estos casos, el Comité puede adoptar medidas cautelares, para evitar un daño irreparable antes de analizar al fondo de la cuestión. Según los datos de la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela, en España hay más de un centenar de casos, de los que se ha llegado al fondo del asunto en 15 casos desde 2015, una decena de ellos con dictamen condenatorio por vulneración del derecho a la vivienda. Medidas para que no vuelva a pasar “España es el país que más condenas ha recibido. En Naciones Unidas son muy conscientes de que tenemos un problema con la vivienda y que es estructural”, señala Escorihuela. Precisamente, las comunicaciones del Comité Desc van de los casos concretos a las recomendaciones generales. “En Derechos Humanos, uno de los principios es el de no repetición: si se ha vulnerado el derecho a la vivienda, se tienen que adoptar medidas para que no vuelva a pasar”, indica la experta. En este sentido, la organización internacional reclama cambios legislativos para que los jueces estén capacitados para valorar la situación familiar antes de un desahucio, que se elimine la exclusión automática de las listas de solicitantes de vivienda de quienes se encuentren ocupando por necesidad, como ocurre en la Comunidad de Madrid, que se repare a las víctimas y que se establezca un protocolo para el cumplimiento de las solicitudes. Este punto es fundamental para el Grupo Monitoreo DESC, porque no dejaría en papel mojado las resoluciones del Comité, sin capacidad sancionadora. “El Estado, como tal, son las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Gobierno central, el poder legislativo y el judicial, pero se pasan la pelota de una administración a otra y se queda en un limbo”, lamenta Escorihuela. Tanto la directora del Observatori Desc como el abogado del CAES recuerdan que ni ratificar los tratados de las Naciones Unidas ni habilitar el mecanismo para las reclamaciones es obligatorio, sino que España se acoge a ellos voluntariamente.“Si ahora se presentan quejas y el resultado es negativo, se tendrán que cambiar las cosas. Eso es el principio de buena fe”, defienden. Frente a ese principio, la familia sigue sin respuesta. Entre medias, Richard continuaba tocando a todas las puertas. Trató de negociar un alquiler social con el banco. Incluso buscar uno de mercado en la jungla inmobiliaria que es Madrid, imposible para los ingresos de 1.200 euros que obtiene ahora como conductor de Uber. “Si tú firmas una cosa, luego tienes que dar la cara. Solo me queda hablar con el presidente del Gobierno, porque hemos ido a todos los sitios y nadie hace nada”, lamenta Richard. Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid señalan que este departamento ha colaborado con la Abogacía del Estado, pero que “no ha recibido ningún requerimiento de actuación”. Tampoco la EMVS. Ni la Comunidad de Madrid, desde donde indican que no ha recibido traslado de ningún requerimiento por parte de este organismo, dependiente del Ministerio de Justicia. Esta redacción se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia, para conocer la situación de este procedimiento. Al cierre de esta información, no ha obtenido respuesta.

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