A qué espera el fiscal general para irse

La posición institucional del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se hace aún más insostenible tras conocerse ayer el auto de apertura de juicio oral contra él . El instructor de su causa, el magistrado Ángel Luis Hurtado, no ha tenido duda sobre la suficiencia de las acusaciones presentadas contra García Ortiz para sentarlo en el banquillo de los acusados. Realmente, el auto de Hurtado va más allá de la mera orden de abrir juicio oral, porque su resolución es una contundente exposición de los hechos que incriminan a García Ortiz y una reivindicación de su labor como instructor, para lo que se apoya de forma continua en el auto de la sala de apelación que confirmó la imputación del aún fiscal general del Estado y archivó el caso respecto de su subordinada, Pilar Rodríguez. La decisión de la apertura de juicio oral responde así a la evolución y los resultados que ha tenido la instrucción. García Ortiz podrá ser absuelto o condenado, pues tal desenlace no está condicionado por su imputación, pero llegará al juicio oral con un rastro de mala práctica y arbitrariedad que son incompatibles con su continuidad en la jefatura de la Fiscalía. La acusación por revelar secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es un hecho aislado en la trayectoria de García Ortiz, desautorizado también por la Sala Tercera del Tribunal Supremo por haber hecho nombramientos con desviación de poder, que es la forma no delictiva de una suerte de prevaricación administrativa. La proclividad de García Ortiz por la ilegalidad –presunta o declarada– es un estigma para el Estado de derecho y, especialmente, para el Ministerio Fiscal, pero encaja en el modo de operar del Gobierno de Pedro Sánchez, quien, en una nueva provocación a jueces y fiscales, sigue ratificando al acusado al frente de los fiscales. No lo hace Sánchez por afecto al fiscal general, sino por puro utilitarismo personal, en la medida que García Ortiz es un instrumento, nada más, de desafío a una Justicia que tiene a familiares suyos imputados o acusados. La sociedad española tendrá el humillante privilegio de ver a un fiscal general en activo sentado en el banquillo de los acusados, ejerciendo sus funciones jerárquicas sobre los fiscales, incluido el que representará a la Fiscalía en el juicio oral. El magistrado Hurtado ha rechazado suspender cautelarmente a García Ortiz en esas funciones, porque la ley no prevé esta medida. Es lógico: nadie podía prever el disparate de que un fiscal general se resistiera a dimitir o no fuera cesado por el Gobierno tras ser acusado de un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Urge reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para evitar que se repita este lamentable episodio, aunque a García Ortiz le queda aún el minuto de dignidad que le supondría dimitir inmediatamente. Es evidente que el Gobierno no va a quedarse quieto. Conocido el tesón con el que busca desactivar o entorpecer las causas judiciales que afectan directamente a Pedro Sánchez –y esta del fiscal general es una de ellas– no hay que descartar maniobras contra los magistrados de la Sala Segunda que formarán el tribunal juzgador de García Ortiz. Los estrategas de Sánchez se querellaron temerariamente contra el juez que investiga a Begoña Gómez y urdieron un tramposo aforamiento en la causa contra el hermano de Sánchez. El juez Hurtado ha terminado su trabajo. Empieza una nueva fase en la que el Gobierno ya ha preparado el mensaje deslegitimador del 'lawfare' contra una posible sentencia condenatoria. Y, en todo caso, siempre le quedará Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional y el indulto en el Boletín Oficial del Estado.

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