El drama de la vivienda exige toma de decisiones ya

No podemos pensar, como sostiene la derecha, que la liberalización del suelo y el aumento indiscriminado de oferta de vivienda libre va a ser capaz de generar bajadas de precio de las viviendas y/o del suelo, como ya quedó sobradamente demostrado en la época de la burbuja inmobiliaria Hablar del acceso a la vivienda es hablar del principal problema al que se enfrenta en estos momentos la mayoría de nuestra sociedad. Abordarlo con firmeza y determinación es un reto ineludible para los diferentes Gobiernos (estatal, autonómicos y municipales). Aunque estamos ante un asunto de carácter multifactorial y poliédrico, existen un conjunto de ejes nucleares ineludibles que cualquier responsable público debería tener en cuenta para diseñar una auténtica política de vivienda, sí de verdad se quiere abordar la resolución de un problema de gran envergadura. En primer lugar, debemos tener claro que los problemas generados por las dinámicas del mercado residencial no se van a resolver por sí solas. No podemos pensar, como sostiene la derecha, que la liberalización del suelo y el aumento indiscriminado de oferta de vivienda libre va a ser capaz de generar bajadas de precio de las viviendas y/o del suelo, como ya quedó sobradamente demostrado en la época de la burbuja inmobiliaria (1998-2008) o en la actualidad con la política de vivienda de Isabel Díaz Ayuso. Todas las políticas públicas de estímulo de la demanda de vivienda (subvenciones o financiación pública de avales para la compra, exenciones fiscales...) deben ser descartadas si no se exige, al mismo tiempo, un control de los precios de transmisión de las viviendas. Asimismo, hay que tener claro que la insuficiencia de un parque de vivienda de alquiler asequible –y no sólo de vivienda social– es un déficit histórico y estructural que impide mitigar los efectos de la escalada actual de los precios de la vivienda; déficit estructural que, además de incidir en la economía de las personas que se ven obligadas al pago de estos precios abusivos, supone un lastre de la economía del país, como ya ha manifestado sin ambages, el año pasado, el Banco de España y hace unos días han reiterado la Comisión Europea y los principales sindicatos. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido a favor de toda la ciudadanía que, en base al artículo 47 de la CE, está reclamando de todas las Administraciones Públicas políticas eficaces para hacer efectivo este derecho de acceso a la vivienda en condiciones asequibles. Para ello es imprescindible una buena política de suelo que implica, no sólo, el deber de los promotores privados de integrar la obligación de oferta de vivienda asequible en sus promociones inmobiliarias, sino también, y muy particularmente, la vinculación de los suelos de titularidad pública a los fines de favorecer la oferta de vivienda en alquiler asequible. No siempre las Administraciones Públicas han sido, y son, ejemplares en dar este destino social a sus suelos públicos. En numerosas ocasiones los patrimonios municipales del suelo y los suelos residenciales de titularidad estatal o autonómica, son vendidos para financiar otros proyectos que nada tienen que ver con la vivienda. Los Gobiernos nunca deberían perder la titularidad pública del suelo sobre el que se edifican las viviendas, teniendo como tienen la figura del derecho de superficie. Esto lo deberían tener “grabado a fuego”. Aunque hay que tener en cuenta, que la solución del déficit estructural de vivienda asequible no se podrá resolver, únicamente, desde la nueva construcción. El parque de vivienda actualmente existente tiene un papel muy importante que jugar. Por una parte, las viviendas protegidas no deberían nunca dejar de ser protegidas. Ello supondría que quedarán sometidas para siempre a un control de los precios desde lo público; que existirá siempre la posibilidad preferente de compra por las Administraciones Públicas; y que subsistirá siempre la obligación de su ocupación efectiva en calidad de primera residencia. Resulta inconcebible que, a día de hoy, en la mayoría de Comunidades Autónomas se siga permitiendo que, pasados unos pocos años, estas viviendas, puestas en marcha con el esfuerzo de toda la ciudadanía, se descalifiquen y pasen a ser viviendas libres. Con el consiguiente pelotazo y debilitamiento del parque público de vivienda protegida. En Euskadi aprobamos esta medida en el año 2003. El Gobierno del Estado debería condicionar las ayudas en materia de vivienda a las CCAA a la aprobación de la calificación permanente. La extensión de estas garantías al parque actual de viviendas libres no es fácil, pero para nada puede descartarse. Para empezar, se deberían articular desde las Administraciones compras selectivas de viviendas libres para su incorporación al parque público de vivienda en alquiler mediante la técnica de los derechos de tanteo y retracto; y de forma inexcusable en las llamadas zonas de mercado residencial tensionado. Igualmente, no hay que perder de vista que los programas de intermediación para la puesta en alquiler asequible de viviendas libres desocupadas han dado resultados óptimos cuando esta intermediación pública es real y comprometida, como ocurre en la Comunidad Vasca con el programa Bizigune. No obstante, en las zonas de mercado residencial tensionado, en materia de vivienda desocupada, la intermediación debe acompañarse de una intervención pública contundente alcanzando incluso el alquiler forzoso de las viviendas vacías, muy particularmente de los grandes tenedores. Y aunque no se ha ensayado hasta el momento, habría que sondear la posibilidad de que en las zonas de mercado residencial tensionado no se pudieran inscribir en el Registro de la Propiedad las transmisiones de viviendas si las mismas no van a ser ocupadas en calidad de primera residencia o no se comprometen al alquiler para ser ocupadas en esta misma condición. La proliferación en zonas de mercado tensionado de viviendas de uso turístico, y en similar medida también de alquiler de corta duración, es una práctica que debe ser atajada, para lo que ya existen herramientas jurídicas solventes. Por otro lado, nunca hay que dejar de lado la política fiscal y cuyo diálogo con las políticas sectoriales de vivienda siempre ha dejado mucho que desear. La política fiscal, como política pública que es, debe favorecer desde todos los frentes el fomento de alquiler asequible para vivienda habitual, protegida y libre, frente a otras formas de uso de las viviendas; tanto en el tratamiento fiscal de su promoción y construcción como en el tratamiento fiscal de los ingresos percibidos por los arrendadores en esta condición. Evidentemente, sin un compromiso presupuestario mínimo resulta imposible poder desplegar estas políticas de vivienda: compra de suelo y de viviendas, promoción de viviendas públicas en alquiler social, políticas de ayudas a promotores, propietarios e inquilinos para el fomento del alquiler asequible, dotación de recursos para la intervención e inspección pública…. Desgraciadamente es bastante habitual que los planes de vivienda no sean coherentes con los recursos presupuestarios destinados. Y aunque la situación a la que deben hacer frente estos planes de vivienda es muy dispar en la geografía española, no se pueden obtener unos resultados mínimamente aceptables si los diferentes gobiernos no dedican, especialmente en situaciones de tensionamiento de mercado, declarada como tal o no, al menos el 1% del PIB. Una nueva política de vivienda es posible, necesaria y urgente. Este debería ser el principal propósito del Gobierno progresista tras el parón estival. Ello bien justificaría agotar los dos años que le restan a esta legislatura. Y que cada cual se retrate.

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