Yo (nos) acuso

Les interesa una administración dócil, domesticada, rendida al botín que supone la colocación de cientos, miles de asesores del partido (que para eso llevan tiempo calentando en el banquillo) como los que los Cerdán o Montoro colocaban obscenamente para sus chanchullos El 13 de enero de 1898, el prestigioso escritor Emile Zola llenó la portada del diario L’ Aurore con su celebérrimo artículo 'Yo acuso'. En él, con el formato de carta abierta dirigida al presidente de Francia, Félix Faure, Zola denunciaba la injusticia y el antisemitismo del caso Dreyfus, la hipocresía de la clase política y de gran parte de la sociedad francesa de la época que buscaron en el capitán Dreyfus un chivo expiatorio y una válvula de escape a las inmensas frustraciones nacionales sobre la incapacidad del ejército francés frente al prusiano y, una vez más, tapar corrupciones vergonzosas. No puedo pretender emular a tan prestigioso escritor, pero sí valerme de su precedente para denunciar la hipocresía de todos los partidos políticos (pero no sólo) al proponer medidas cosméticas para una corrupción que sigue corroyendo la credibilidad del sistema. Varios analistas independientes antes que yo (Pablo Simón o Víctor Lapuente) han expresado sus dudas de que las 15 medidas propuestas por el PSOE recientemente no sean más que otra acción gatopardiana para que nada cambie y ponían el foco en la “no medida”, que cuidadosamente se ha evitado proponer: eliminar o rebajar al mínimo la politización de la administración pública, despolitizar la administración pública y reforzar la meritocracia. No hay que gastar mucha saliva: ni el PSOE ni el PP (pero ¡ojo!, tampoco ninguno de los demás partidos que aprobaron el reciente fiasco del Estatuto del Directivo Público) quieren hacerlo. Hacen lo mismo en sus feudos. Les interesa una administración dócil, domesticada, rendida al botín que supone la colocación de cientos, miles de asesores del partido (que para eso llevan tiempo calentando en el banquillo) como los que los Cerdán o Montoro colocaban obscenamente para sus chanchullos con nuestro dinero, como hemos visto con repugnancia (y con resignación suicida) estos días. Lo ha explicado clarísimamente el profesor Jiménez Asensio en su publicación 'Las Instituciones rotas'. En el caso de la Administración General del Estado, la Fundación Civio lleva años intentando que el gobierno de turno les dé información sobre los asesores nombrados a dedo. No hay manera. Se resisten. El escándalo de las puertas giratorias, testaferros y golfadas de unos y otros, en parte, lo facilita ese ejército de pelotas que debe al puesto al partido. Pero, y aquí es donde quiero centrar mi aportación, no sólo son esos Koldos que presionan a los funcionarios: para que funcione la corrupción tiene que haber el funcionario que traga. Las otras dos patas son el político corrupto y la empresa corruptora, pero el funcionario también. Lo asesores a dedo filtran pliegos, susurran a las empresas, presionan, amenazan, prometen… pero no están en las mesas de contratación. Si algún sentido tenía crear la categoría del funcionario era para garantizar que los ciudadanos tendrían una administración neutral que velaría por el interés general. Su especial protección frente al despido (frente a los cesantes del siglo XIX) bastaría para blindarle y que pudiese decir “no” a propuestas deshonestas de políticos y empresarios tentadores. Pues no funciona. Evidentemente, más allá de funcionarios corruptos, sirviendo a políticos corruptos o con sus propios manejos (que los hay), la capacidad de los corruptores de conseguir que los funcionarios colaboren es total. La vía para ello es más vieja que el mundo: el palo y la zanahoria. Si te portas bien, habrá complementos discrecionales de productividad, te nombraremos en consejos de empresas públicas donde cobrarás dietas de asistencia generosas, serás bien considerado para furos nombramientos. Si no colaboras, tras tu cese se te hará el vacío, cobrarás la mitad y no te daremos trabajo. Como publicaba hace poco elDiario.es, tan solo en dos años, fueron sustituidos más de 300 cargos en el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria: un cese cada algo más de dos días. Siguiendo aquel mafioso aforismo de Alfonso Guerra “el que se mueva no sale en la foto”. En estos casos, ni eso: sin moverte te quitan de la foto porque necesitan tu puesto para poner a los suyos, que es uno de los principales objetivos de los partidos/agencia-de-colocación-de-los-suyos. Pues bien, en este contexto, las asociaciones de funcionarios, las pomposas asociaciones de cuerpos superiores, que se rasgan las vestiduras por los intentos del Gobierno de arreglar el cáncer del empleo temporal, por modernizar las oposiciones, ante la invasión de los enchufados que prevén, no han dicho ni mú del recientemente aprobado Estatuto del directivo público, que consolida la demolición de una administración profesional que pueda defender el interés general y era pieza clave para detener esta degradación. El diagnóstico lo conocía muy bien la actual secretaria de Estado de Función Pública, cuando podía hablar, pensar y opinar, coordinando una publicación oficial ¡del Instituto Nacional de Administración Pública nada menos! de 2017 y decía (pág. 198): “No cabe desconocer que la situación actual ha generado amplias zonas de fricción entre la política y la Administración que se han saldado con un doble fenómeno disfuncional de politización de la alta función pública y funcionarización de la política. De una parte, la imparcialidad que la Constitución exige como garantía del régimen de función pública se ve seriamente comprometida por la existencia de cuadros profesionales a los que se supone, de forma inicial o sobrevenida, una adscripción política determinada y que cesan con cada cambio de gobierno. En el estrato superior de la función pública, que (…) debería disponer de garantías de imparcialidad y profesionalidad reforzadas, se produce un fenómeno de colonización política mediante el funcionamiento de este spoil system de circuito cerrado”. Un par de páginas antes ya advertía: “El gobernante que afronte esta tarea debe ser consciente de que un cambio de paradigma siempre implica vencer resistencias del propio estamento político, acostumbrado a una Administración sumamente politizada y dócil, de los estratos funcionariales que han accedido a puestos de responsabilidad por esta vía y de los grupos de presión que obtienen ventajas de esta situación de debilidad institucional”. El grupo de expertos coordinado para esa publicación explicaba las soluciones adoptadas en otros países, que son bien conocidas: menor discrecionalidad en los márgenes subjetivos de valoración de pliegos, garantizar la selección y cese de manera profesional de los directivos, claridad en las instrucciones de los políticos, etc. En cuanto fue nombrada se olvidó de tan sabios consejos y ahora se encarga de poner en marcha un fiasco de Estatuto que no garantiza nada. La mejor manera de conseguir una función directiva capaz de oponerse a los interminables escándalos de corrupción conocidos y por conocer es asegurar al díscolo que si le cesan injustificadamente (se denomina eufemísticamente “pérdida de confianza”), tiene garantizado el estatus directivo similar en otro puesto. Nadie quiere bloqueos en la dirección política, pero el mangoneo y el abuso de cualquier nuevo gobernante con los directivos que hereda es insufrible, y ahí tenemos las consecuencias. Es tal la degradación a la que hemos llegado que creo que merece la pena correr el riesgo de ese “interventor” que se opone a todo y —según los políticos– boicotea la gestión. Si es el caso o se le descubre corrupto, caiga sobre él o ella lo que sea, pero estoy seguro de que, si generamos una cultura de respeto a la vez que de firmeza en la ejecución, nuestra sociedad mejorará. El político decidirá entre ese puente o ese túnel, pero una vez decidido apártese para que los profesionales lo adjudiquen. A golpe de presión desde Bruselas se han ido creando órganos independientes de control (CNMV, CNMC, AIReF, OIReScon). A la vista está que no son suficientes. Sus directivos son nombrados por el gobierno de turno o se reparten el pastel entre partidos y no guardan el deber de “deslealtad” que defiende Pierre Rosanvallon si quien te nombró delinque. O apenas se les dota de medios y se cumple cara a la galería sin que molesten demasiado a la hora de robar, como hemos visto. El derecho penal casi nunca arregla nada. Hay que prevenir. Hay países que han profesionalizado los órganos de contratación, ya que es ahí donde los corruptos van a pescar. Aquí no lo hemos hecho. Hagámoslo. Ya basta, Fedecas o la muda asociación de Administradores Civiles del Estado, de protestar con la boca chica, de mantener el ecosistema porque no hay otra o para pescar como fijos discontinuos en las diferentes hornadas de los gobiernos y partidos que van y vienen. Todos sabemos que la medida dieciséis, pero la más importante, es esta, que ningún partido la quiere porque merma su poder y se están aboliendo todos los contrapesos. Si quieren de verdad hacer algo eficaz, rehagan ese Estatuto del Subdirector General. Saben lo que tienen que hacer, pero no quieren.

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