Islam, libertad religiosa y Constitución

La libertad de culto no obliga al Estado a facilitar sus medios para que sean usados en las prácticas de ninguna religión. La prohibición de discriminar, sin embargo, impide que el Estado facilite sus medios para los cultos de las religiones que le gustan y se los niegue a las que le disgustan, como es el caso de JumillaXenófobos sin careta y xenófobos anónimos En Jumilla, Murcia, el Ayuntamiento ha aprobado una polémica moción. El concejal de Vox de esa localidad presentó una moción para defender lo que él y su partido consideran las raíces de nuestra sociedad, que no serían la democracia y el respeto a los derechos humanos sino la religión católica y la raza más o menos blanca. La mayoría del consistorio, del Partido Popular, reformuló la idea intentando a la vez contentar al partido extremista y que no se notaran los fundamentos aberrantes de su moción. Al final ha aprobado un llamamiento a que el gobierno municipal prohíba el uso religioso de sus instalaciones deportivas… Lo que hasta ahora solo se hacía en celebraciones musulmanas. Constitucionalmente estamos ante una aberración. Vaya por delante que la noción de derechos humanos o fundamentales surge para defender espacios de libertad susceptibles de sufrir recortes o amenazas. Por eso, en las sociedades democráticas, los derechos fundamentales protegen esencialmente a las minorías. La libertad de expresión no existe para poder decir aquello con lo que todos coinciden y que, por tanto, no molesta a nadie, sino para asegurar que quien vea las cosas de manera diferente a la mayoría no se vea perseguido por ponerlo de manifiesto. Del mismo modo, el sentido último del reconocimiento de la libertad religiosa no es el de poder profesar sin ser molestado una religión estatal o mayoritaria y aceptada por todos, sino proteger a aquellos cuyas prácticas religiosas o la ausencia de ellas puedan molestar al poder público o a amplias capas de la población. Esta obviedad deja de serlo cuando el crecimiento de la xenofobia y el racismo estructural en nuestra sociedad lleva a tanta gente a defender en público que solo las confesiones verdaderas o las que representen a la mayoría de la población merecen respeto y protección. Es difícil pensar en una afirmación más opuesta a la idea de derechos humanos que esa. La libertad religiosa, reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantizada en el 16 de nuestra Constitución, permite, básicamente, tener la religión que queramos o no tener ninguna. Tiene dos manifestaciones esenciales: de una el derecho a no ser discriminado, sufriendo un perjuicio, a causa de la opción religiosa propia. De otra, el derecho a practicar públicamente los actos de culto propios de dicha religión. La garantía de no discriminación es absoluta y opera en el mundo ideal de las creencias. Prohíbe que los poderes públicos persigan o perjudiquen a nadie en razón de su ideología religiosa. Les impone una neutralidad que impide castigar a unas y proteger a otras. La libertad de culto, en cambio, no se refiere a las ideas sino a las prácticas. Está limitada por el orden público, pues el hecho de calificar a una actividad de religiosa no impide que pueda prohibirse si daña intereses ajenos. Para decirlo de manera simple, no puede perseguirse a nadie por creer en el diablo, pero sí se pueden prohibir los sacrificios humanos. Prácticas religiosas como hacer sonar una campana o un altavoz llamando a la oración por la noche, realizar procesiones que interrumpan el tráfico o sacrificar animales pueden someterse a límites no tanto por su naturaleza religiosa, sino porque dañan intereses generales. La libertad de culto no obliga al Estado a facilitar sus medios para que sean usados en las prácticas de ninguna religión. La prohibición de discriminar, sin embargo, impide que el Estado facilite sus medios para los cultos de las religiones que le gustan y se los niegue a las que le disgustan. Si el Ayuntamiento de Jumilla decide que sus instalaciones deportivas no pueden usarse para prácticas religiosas debe ser una decisión que se aplique a todas las confesiones religiosas por igual y que no se haya adoptado con la intención de perjudicar a una concreta. Y evidentemente en este caso no lo es. Por mucho que el equipo de gobierno del Partido Popular haya intentado maquillar formalmente su propuesta, está claro por el contexto que se adopta con la intención de impedir actos de culto musulmán. No se trata solo de que forma parte de una iniciativa de Vox aprobada para defender las supuestas raíces religiosas cristianas de España, sino que además en este momento la única confesión que usaba esas instalaciones es la musulmana. Se trata a todas luces de una iniciativa dirigida contra quienes practican el islam y así se ha presentado en público. Eso basta para determinar que es constitucionalmente ilícita. Jurídicamente, la moción es un simple llamamiento sin efectos prácticos hasta que se apruebe en forma de reglamento y sólo entonces, si es que eso sucede, podrá ser recurrida y anulada por los tribunales. Sin embargo, más allá de lo jurídico, este hecho abre una terrible brecha capaz de poner en duda la supervivencia misma de nuestra democracia en el medio plazo. Si el principal partido de la oposición, con muchas posibilidades de gobernar, defiende políticas que solo pueden realizarse eliminando la libertad religiosa garantizada en la Constitución, nada garantiza la supervivencia del resto de derechos humanos. Los mismos que aspiran a un Estado que prohíba el islam defienden que solo determinadas razas puedan vivir en nuestras ciudades. Quieren acabar con el derecho de asilo y hasta con la protección de la vida humana de los náufragos si su piel es de determinado color o practican determinadas religiones. Los derechos humanos viven en Europa su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, iniciativas como la del Ayuntamiento de Jumilla atacan a la base de nuestros valores democráticos. El Partido Popular tiene que decidir si está con la democracia y el respeto a la dignidad de las personas o abre la puerta a un nuevo orden en el que ni la vida ni los derechos de nadie estén asegurados. Eso es lo que nos jugamos. Nada menos.

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