Los intereses generales, los intereses particulares y los intereses de Montoro y allegados

Lo condenable no es la labor de defensa de los intereses. Lo condenable es el uso torticero de las estructuras del estado para lucrarse, para intimidar a los que no piensan como tú, para convertir en aparentes intereses generales los que son solo intereses de camarilla Más allá de la indignación y de la imprescindible investigación sobre el caso Montoro y sus ramificaciones, la labor de la fiscal de Tarragona y del juez encargado del caso ha hecho emerger el notable vacío normativo que rodea en España la labor de “lobbying” o de defensa y representación de intereses. La ambigüedad sobre la cuestión y la falta de regulación específica ha permitido que el conchabeo haya seguido siendo el mecanismo más eficaz para acercarse a los órganos decisores en cualquier cuestión. Como explica el Diccionario de Sinónimos y Antónimos, la conchabanza es similar a confabulación, connivencia, conspiración, complicidad, contubernio, politiqueo, chanchullo, enjuague o pastel. Algo, por tanto, teñido de indignidad y ocultación. Alejado de lo que consideramos propio de la defensa de los intereses generales, de los intereses de todos y todas. Y hemos de reconocer que la democratización del sistema político español iniciada hace cincuenta años no ha tenido en este campo específico avances significativos. Más allá de la solvencia y significación de cualquier proyecto, al final acostumbra a aparecer la pregunta: ¿conoces a alguien? Si uno analiza el funcionamiento de la toma de decisiones en la Unión Europea o en los países con sistemas democráticos más consolidados, observa que la defensa y representación de los intereses particulares tienen un buen acomodo en esos regímenes políticos. Y, además, en muchos de esos lugares se considera la relación estable, transparente y sistémica con esos actores como un elemento que refuerza la solidez del propio sistema democrático. El problema de Montoro y su alter ego Equipo Económico no es que representaran intereses, el problema es que confundían roles, trapicheaban normativas, comerciaban con lo que querían presentar cómo algo que interesaba a todo el mundo y que, finalmente, acostumbraba a ser pura ambición y afán de lucro. El estado, los estados, no tienen enfrente a un conglomerado de intereses fragmentados y previsibles. Lo que tienen delante en cada proceso decisional es a un nutrido grupo de actores, bien organizados, capaces de aliarse dentro y fuera de las fronteras nacionales. Los decisores políticos, en cualquier esfera de gobierno, no solo han de ser conscientes de que sus decisiones afectan positivamente a unos y negativamente a otros, y que, por tanto, no hay decisiones neutrales, sino que, además, les conviene estar al tanto y, si es necesario, establecer contacto con tales intereses ya que, a la postre, ello les permite saber con qué van a encontrarse cuando finalmente legislen o regulen sobre el tema. Salvaguardando el interés y las exigencias generales de lo que son demandas de un sector específico por legítimas que sean. En un mundo como el actual, el papel del Estado y sus múltiples esferas y órganos de poder, no ostentan para nada el monopolio del interés general. Ni tan solo se puede definir con claridad a qué nos referimos con “interés general” cuando son constantes los enfrentamientos entre esas mismas esferas de gobierno. Y, por ello mismo, el problema no es ni de jerarquía ni de monopolio de capacidad decisora. Lo importante es conseguir que las decisiones que se tomen sean las que mejor ayuden a resolver o a mejorar el problema que ha originado el debate decisional. Entendiendo que el concepto de mejora es ambiguo y que depende de la correlación de fuerzas que en cada momento exista. Cuantos más intereses sectoriales estén de acuerdo en la formulación final de la decisión, del “interés general”, más posibilidades de éxito colectivo alcanzaremos. Hemos de recordar que la labor de lobby no es exclusiva de intereses sectoriales que se mueven solo por lógicas de beneficio particular y con voluntad de instrumentalizar las decisiones de los poderes públicos en beneficio propio. Vicenç Fisas puso de relieve la labor de interés general que supone establecer objetivos concretos, organizarse para ello y construir una estrategia que consiga resultados. En su libro 'El lobby feroz' explica cómo Amnistía Internacional, Greenpeace y Médicos sin Fronteras, bajo la coordinación del Centro Unesco por la Paz y el Desarme, organizaron la campaña 'Hay secretos que matan' con la que querían conseguir transparencia en el comercio de armas. Más tarde su unió al lobby Intermon y se fue logrando que diversos parlamentos autonómicos se unieran a las demandas, llegando al mismo Congreso. La articulación con la campaña internacional contra las minas antipersona significó un gran revulsivo. Todo ello, con sus avances y retrocesos, puso de relieve el tema y aún hoy la exigencia de transparencia en el comercio de armas se nutre de esa experiencia. Los intereses particulares han de entender que cuanto más se acerquen y contribuyan a la configuración de los intereses generales finalmente establecidos en la decisión institucional alcanzada, más fuerte será su posición. Si conviertes tus intereses particulares minoritarios en unos supuestos intereses generales, lo que haces es deslegitimar tal decisión, tornándola frágil y vulnerable. En Europa existe un sistema muy formalizado de registro de intereses y de actores que presentan sus credenciales y aceptan asumir la normativa que establece los mecanismos transparentes y formales de negociación de intereses ante cualquier decisión comunitaria. Sistemas similares existen en una gran mayoría de los sistemas democráticos más consolidados, y también en diversas Comunidades Autónomas, pero no en relación a la esfera estatal de gobierno. La existencia de una ley de transparencia y de regulación de la actividad de los lobbies es una promesa que, como ha denunciado Civio, se ha ido incumpliendo año tras año. En enero de este año se presentó el anteproyecto de ley en que se creaba este registro se regulaba su funcionamiento, pero, al margen de lo discutible de su formulación, su tramitación ha ido viéndose postergada y sigue sin un calendario claro de debate y aprobación. Lo condenable no es la labor de defensa de los intereses. Lo condenable es el uso torticero de las estructuras del estado para lucrarse, para intimidar a los que no piensan como tú, para convertir en aparentes intereses generales los que son solo intereses de camarilla, para disfrazar de construcción democrática de decisiones públicas lo que es una versión edulcorada de la corrupción de siempre. Necesitamos urgentemente que se clarifique este ámbito, acercándonos a la bien asentada doctrina europea sobre el tema, con clarificación de protagonistas en un registro abierto, un régimen de sanciones clara y con un control y supervisión independiente del ejecutivo.

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