Periodistas: sospechosos habituales

Una película de mediados de los años noventa, protagonizada, entre otros, por Kevin Spacey, llevaba el título en español de 'Sospechosos habituales', que es algo en lo que algunos gobiernos quieren convertir a los periodistas y que conviene recordar hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una de las múltiples maneras con las que, quienes tienen el poder, tratan de limitar el derecho a la libertad de prensa , pero parece especialmente adecuada para aquellos países que viven en un sistema democrático, en el que sería demasiado burdo intentar silenciar a los informadores mediante encarcelamientos u otros procedimientos violentos. La excusa es luchar contra los bulos y la desinformación. Pero los bulos y la desinformación se alojan sobre todo en las redes sociales más que en los medios clásicos en los que trabajamos los periodistas. Cualquiera puede hoy divulgar noticias falsas, de manera consciente o inconsciente. También los gobernantes. Los periodistas hemos perdido el monopolio de la información, pero no somos los culpables de lo que está sucediendo. Las asociaciones de prensa somos las primeros en denunciar a medios o a periodistas que no cumplen ni con los códigos éticos de la profesión ni con las normas más elementales de conducta y respeto a los demás. No hacen ningún favor a la libertad de información. Pero, a la vez, no podemos admitir que un Gobierno aproveche la existencia de unos pocos que se mueven en esos parámetros para sembrar un manto de sospechas sobre toda la prensa. Es cierto que, por desgracia, en este país se ha producido una indeseable polarización de los medios y vemos a algunos periodistas funcionar como apéndices de uno u otro partido político, pero hay que decir que la inmensa mayoría de los profesionales de la comunicación se esfuerzan por ejercer su trabajo con rigor. Todos los periodistas podemos cometer errores, desde luego, como los cometen los políticos. Y tendremos que asumir nuestras responsabilidades, de la misma manera que se las pedimos –casi siempre sin éxito– a quienes nos gobiernan. Pero resulta inaceptable que se quiera meter en el mismo saco a quienes difunden intencionadamente noticias falsas y a quienes desvelan, con informaciones contrastadas y documentadas, actuaciones que resultan incómodas para aquellos que tienen algún tipo de poder. Por eso, llama la atención, por lo que respecta a España, que, en el Plan de Acción Democrática elaborado por el actual Ejecutivo, de la treintena de medidas incluidas, la mitad afecten directa o indirectamente al ejercicio del periodismo. Como si los presuntos casos de corrupción, de tráfico de influencias, de favores por razón de parentesco, etcétera, no fueran un claro atentado contra la salud democrática del país. Por lo visto, sólo la prensa es la culpable. Los recortes reales a la libertad de información se advierten desde hace tiempo en esas comparecencias calificadas de declaraciones institucionales para evitar que haya preguntas o incluso –ya ha sucedido– que haya periodistas. También se ponen de manifiesto en la limitación del número de preguntas en las ruedas de prensa; en la conformación de medios de comunicación públicos al servicio del Gobierno; o en el reiterado señalamiento a periodistas críticos por parte de los ministros más 'hooligans', etcétera. Esas prácticas que, poco a poco, han ido ocupando los espacios de libertad de la prensa puede verse reforzadas con algunas de las medidas que están siendo ya anunciadas, escudándose en una normativa europea, que, en contra de lo que se dice, lo que busca es la protección del trabajo del periodista, frente a los poderes públicos nacionales o extranjeros. No el revés. Está muy bien que se trate de lograr una mayor transparencia en todo lo que se refiere a la financiación de los medios de comunicación, pero no que se intente hacerlo con disposiciones que busque ahogar económicamente a los medios críticos y favorecer a los afines. Es aceptable que se quiera adecuar el derecho de rectificación a la era tecnológica, pero no que se aproveche para obligar a incluir versiones del afectado por una información cuando argumente que lo publicado es 'falso' o 'inexacto', equiparando ambas cosas y sin que se especifique quién dice si eso es falso o inexacto. Y es mucho menos admisible que se intente que los jueces no acepten querellas basadas en informaciones periodísticas, a las que despectivamente se califica como «recortes de prensa». Bastantes de los casos de corrupción registrados en todo el mundo comenzaron por denuncias hechas en los medios de comunicación. En el fondo, son manifestaciones de que al poder –aquí, como en cualquier otro país– le molesta la prensa crítica, a la que le gustaría controlar. Quizás haya cosas que mejorar en la normativa que nos afecta, pero el desmedido afán por regular la actividad que realizamos esconde el deseo de callar a los periodistas. En lo que se refiere a la libertad de prensa, cuanto más se regula, más se estrangula, dice, con razón, un amigo mío. Demasiado a menudo, quienes ocupan el poder en los países en que esa libertad de prensa es uno de los elementos fundamentales de la democracia, intentan limitar la capacidad de actuar de los periodistas . Y cuando no lo consiguen fácilmente recurren a descalificaciones personales o extienden un manto de sospecha sobre toda la prensa. La tarea de defender la libertad de información nos atañe de manera directa a los periodistas, pero también al resto de la sociedad. No olvidemos que, si hay algo que diferencia a los regímenes democráticos de las dictaduras y de los sistemas autocráticos que, por desgracia, son cada vez más frecuentes en el mundo, es precisamente contar con un periodismo auténticamente libre. Sin él no hay democracia.

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