¿Creen los partidos en la vivienda digna?

Cuando decimos que existe en España un “derecho a la vivienda digna”, ¿nos referimos a poner un techo sobre nuestras cabezas o a la posibilidad de invertir y ahorrar en una vivienda en propiedad? Si es en propiedad, ¿a cualquier precio? Y si es en alquiler, al 30% del salario medio?, ¿al 50?, ¿al 80%? La propuesta del PSOE de este jueves es de limitado calado y dudosa orientación Hacer un programa de ordenador es algo así como escribir una novela. Detrás de cada programa hay un texto escrito en un lenguaje, que luego un intérprete procesa para que tenga sentido. En un caso se trata de un lenguaje de programación y lo interpreta una máquina, y en el otro es un lenguaje natural y lo interpretamos los humanos. Los programas de ordenador tienen mucho más texto que los libros. Un navegador como el que estás usando ahora mismo tiene unos 35 millones de líneas de código, algo así como 7.000 novelas. Por esa razón, son necesarios equipos enteros de “redactores” para hacer un programa de ordenador: programadores que hacen cada uno pequeños trozos del texto. Esta complejidad da lugar a un problema mucho más común de lo que parece. Y es que, desprovistos de un autor único que tenga toda la historia en su cabeza, a menudo no se sabe muy bien hacia dónde se dirigen todos esos redactores con su trabajo. Cada equipo tira para un lado tomando decisiones y creando funcionalidades sin que haya una dirección común. Por esa razón, en demasiadas ocasiones nos encontramos con piezas de software que son un desastre. Con la política pasa algo muy parecido. La política también tiene un código, que es el ordenamiento jurídico, y también desarrolla una especie de novelas, que son las leyes específicas para cada ámbito de la vida en común. Como en el software, esas novelas pueden ser extraordinariamente largas y complejas. La legislación que ordena el ámbito de la vivienda, por ejemplo, parte de la Constitución. En la carta magna se reconoce el derecho, que luego se desarrolla en el Código Civil y mediante algunos códigos civiles autonómicos. El alquiler está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y en la Ley por el Derecho a la Vivienda. El urbanismo, por los planes generales de ordenación urbana de cada municipio. Además, cada comunidad autónoma tiene una normativa específica sobre el suelo y los municipios tienen también sus propias normas urbanísticas que regulan la concesión y uso de las licencias. La convivencia entre propietarios se rige por la Ley de Propiedad Horizontal, mientras que los procesos judiciales relacionados, como los desahucios, se regulan a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalmente, existen normativas sobre la calidad y la seguridad de las edificaciones y otras sobre la eficiencia energética. Un historión, en definitiva, con millones de líneas de código y miles de redactores en todos los niveles de gobierno y a lo largo de muchas décadas de democracia. Así es como nos hemos encontrado en 2025 con una novela que no tenemos muy claro hacia dónde avanza. Cuando decimos que existe en España un “derecho a la vivienda digna”, ¿nos referimos a poner un techo sobre nuestras cabezas o a la posibilidad de invertir y ahorrar en una vivienda en propiedad? Si es en propiedad, ¿a cualquier precio? Y si es en alquiler, ¿a cualquier precio? ¿Al 30% del salario medio?, ¿al 50?, ¿al 80%? ¿Nos vale un país en el que la mitad de la gente es propietaria y la otra mitad no? ¿Qué parte de la población de España debería ser propietaria? ¿Y qué debería determinar si uno tiene derecho a serlo o no? ¿Es lícito hacer negocio con las viviendas? ¿Cualquier tipo de negocio?. Cada una de estas preguntas da lugar a una sociedad, a una economía y a un país radicalmente distinto. Y la realidad es que hoy, como si estuviéramos diseñando un mal software, no tenemos las respuestas, no ya del país, sino de ningún partido. En esta línea, el PSOE hizo pública este jueves una propuesta de medidas en materia de vivienda de limitado calado y dudosa orientación. Por una parte, propone la subida del gravamen a las viviendas vacías. Aunque la cuantía propuesta es muy pequeña, se limita a una parte de los inmuebles y tiene el problema de que la inmensa mayoría está en zonas donde no hay demanda, es una medida que iría en la buena dirección: la de regular el uso que pueden hacer los propietarios de un bien que no es suyo, es una concesión pública. Y es que las viviendas son un título habilitante, una licencia, que es un monopolio del Estado y por lo tanto el Estado puede y debe regular su uso, como está reconociendo implícitamente en esta primera proposición. No obstante, llega la segunda, que atañe al uso de esas viviendas como negocio de alquiler turístico. Pero en lugar de imponer un gravamen igual que en el caso de las viviendas vacías –que sería lo lógico si tenemos en cuenta que esta actividad también detrae viviendas del parque–, el PSOE propone una subida del IVA “para que tributen como una actividad económica”. Y claro que suena muy razonable que tributen como una actividad económica, que es lo que son. Pero entonces llega la tercera medida, que atañe a quienes realizan también una actividad económica, solo que en este caso es de alquiler según la LAU; alquiler residencial. Y entonces no se propone que paguen IVA para que tributen como una actividad económica, sino que se ofrecen ventajas fiscales para que más propietarios se incorporen a esa actividad económica que no solo no paga IVA, sino que tiene las deducciones más importantes de todo el panorama fiscal español. Y de todo esto emerge con fuerza una pregunta y es: si solo hay en torno a un 5% de viviendas vacías en los municipios de más de 100.000 habitantes, y si ya existe una medida correctiva para que salgan al mercado, que es el incremento del gravamen del IRPF, ¿el objetivo de esta otra medida es incentivar que más personas compren para alquilar? ¿O cuál es el sentido de la idea de seguir desgravando el negocio del alquiler residencial? ¿Está el PSOE a favor de que una parte importante de la gente viva de alquiler? ¿Cree que las viviendas se deben dedicar al uso residencial y ninguno más? ¿Cree que deben existir las viviendas de alquiler turístico? ¿Y los otros partidos? No sé contestar a ninguna de estas preguntas. Aunque en la web de Renfe parecen no haberlo descubierto todavía, hace mucho que se encontró una solución para el problema del diseño de software a muchas manos. Lo que hacen los desarrolladores es crear, antes que la aplicación, una serie de “tests” que determinan lo que tiene que hacer el programa. Por ejemplo, un test sobre el botón de “recargar” que tienes en tu navegador diría algo así: “Si un usuario hace click en el botón, la página actual se recarga”. Si la función no se cumple, el test da error, si se cumple, pasa. Cuando el test se crea, debe dar error siempre, porque todavía no existe el software. Cuando se escribe el software que cumple la función perseguida, deja de fallar. Así, cuando todos los tests pasan, el programa está listo. En España, mucho más que medidas sobre la vivienda, necesitamos un “test” que diga cuál sería el escenario que perseguimos con todo esto. Aunque todavía no se cumpla, aunque sea un proyecto. Pero que establezca claramente cuál es el objetivo y la dirección en la que estamos caminando, porque nos estamos jugando en ello el modelo de país. Ese test tiene que contestar a una pregunta fundamental, y es si entendemos que la vivienda puede ser un negocio. Porque para que exista ese negocio alguien tiene que pagar. Para que exista un negocio de alquiler tiene que haber arrendatarios. Y entonces alguien tendrá que hacer otro test y definir quiénes son los que se espera que paguen alquiler y quienes los que ingresan. Y ahí es cuando podremos ver para qué sirve este programa que estamos creando.