El brazo armado de la judicatura

Cuando el PP habla de mafia o dictadura debe confundir al Ejecutivo con algunos sectores del poder judicial, única estructura del Estado que no completó el tránsito del franquismo a la democracia y en la que perviven togados que, como Peinado o Hurtado, hacen y deshacen a su antojo sin que nadie les controle o juzgue por su trabajoEl Supremo procesa al fiscal general por la filtración del correo de la pareja de Ayuso y le acusa sin pruebas de seguir “instrucciones” de Moncloa En una dictadura, que es la que el PP dice que gobierna España, un fiscal general del Estado no se sentaría en el banquillo y tampoco sería acusado de un delito de revelación de secretos. Mucho menos se investigaría a un exministro, a la esposa o al hermano del presidente del Gobierno. Los jueces no podrían rebelarse o cuestionar la legislación del régimen, ni manifestarse a las puertas de los juzgados contra las leyes, ni hacer declaraciones políticas en los medios de comunicación, ni dictar autos contra quienes ostentan la máxima representación institucional. En una dictadura más bien ocurriría todo lo contrario porque todas ellas tienen un marco normativo e institucional para asegurar su pervivencia y utilizan el Derecho a su antojo para articular un sistema que legitime su poder político y persiga, reprima y extermine al disidente. Pedro Sánchez debe ser un dictador de quinta regional porque Isabel Díaz Ayuso está dedicada 24/7 a mentir, injuriar, insultar y acusar al presidente de esta dictadura a la que nos ha llevado “a sorbos, poquito a poquito” y nadie ha ordenado su detención. Un dictador no permitiría que sus opositores le llamasen “hijo de puta”, se manifestaran en las calles de la capital para tacharle de “capo de la mafia” y animaran a los españoles a “asaltar La Moncloa”. En las dictaduras se utiliza el Derecho para construir una arquitectura represiva de normas e instituciones concebidas para dar cobertura a regímenes políticos que convierten al ciudadano en súbdito. Se suprime la división de poderes, se crean tribunales ad hoc y se violan sistemáticamente los derechos y las libertades. Siempre, claro, en el contexto de una estrategia que, en mayor o menor grado, trata de sembrar el terror en la población como factor de disuasión y desmovilización En España, ni los ciudadanos viven aterrorizados ni la oposición teme salir a la calle a protestar, salvo por miedo a no ser secundado, que es lo que le pasó al PP este domingo en la plaza de España. De 37 millones de ciudadanos que integran el censo electoral, 100.000 -según estimación de los organizadores- se sumaron al grito de “hay que echar a Sánchez”. Así que cuando el PP habla de mafia o dictadura para referirse al Gobierno parece confundir al Ejecutivo con algunos sectores del poder judicial, única estructura del Estado que no completó el tránsito del franquismo a la democracia y en la que perviven togados que hacen y deshacen a su antojo sin que nadie les controle o juzgue por su trabajo, como ocurre con el juez Peinado o con el juez Hurtado por poner dos ejemplos. El último, magistrado del Tribunal Supremo, ha dictado un auto este lunes que pone al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo. Le atribuye un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sostiene que actuó “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. No explica en qué datos ni qué pruebas basa esta tesis, pero asegura que el fiscal general filtró el correo del abogado de Alberto [Quirón] González Amador “aprovechando” la información publicada en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024, que daba una palmaria falsa versión de los hechos que estaba difundiendo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. O esta dictadura que es España se va por el desagüe de la democracia o en esta democracia fallan controles sobre algunos jueces que ponen su ideología por encima de la imparcialidad y se creen salvadores de la patria, pero no precisamente en beneficio de quienes los gobernantes, sino todo lo contrario. La instrucción de Hurtado y su auto de procesamiento responden a una instrucción cuando menos peculiar, y no sólo porque carece de evidencias probatorias sobre el ilícito que se le imputa al fiscal general, ya que decenas de personas tuvieron acceso al correo que se filtró a los medios antes de que lo conociera García Ortiz. También es excepcional porque es la primera vez que se investiga una filtración periodística como un delito de revelación de secretos. Así que más que padecer una dictadura estamos ante un brazo armado de la judicatura que responde a la orden de “quien pueda hacer que haga”. Y todo lo demás, zarandajas.

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