Con la Justicia amenazada

El Gobierno y la coalición que lo apoya no están legitimados políticamente para impulsar reformas en la administración de Justicia, porque solo persiguen doblegar la independencia de sus jueces, someter a los fiscales –aún más– y coartar a los ciudadanos que aspiran a ejercer la acusación popular. Por supuesto, al Gobierno y al PSOE les salen los números en el Congreso de los Diputados, pero tener mayoría no significa tener razón ni aprobar leyes aceptables. En pocos meses, el Gobierno ha impuesto una reforma estructural de la Justicia con los llamados Tribunales de Instancia, sin medir sus necesidades económicas, pero sí su capacidad para, por ejemplo, recortar el papel del juez de instrucción en la investigación de los delitos. También ha presentado leyes que anulan la acusación popular, amordaza a los jueces, acaudilla al fiscal general del Estado y desmantela las reglas de mérito y capacidad para acceder a las carreras judicial y fiscal. Todo ello –dice el Ejecutivo– lo hace para «democratizar la justicia», «homologarnos a Europa» o «garantizar la igualdad», eslóganes tramposos para encubrir una estrategia de asalto al poder judicial, el único constitucional que está actuando como contrapeso de las arbitrariedades y corrupciones que protagoniza el Gobierno de Pedro Sánchez. La democratización de la Justicia ya se consiguió gracias al mandato constitucional de tener jueces independientes, responsables, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de las leyes aprobadas por el Parlamento. Lo que propone el Ejecutivo no es democratizar, sino desarmar al poder judicial de sus principios de independencia, mérito, capacidad y legalidad. La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro simbólico de diez minutos, este miércoles, para protestar por la reforma legal que pretende consolidar en sus carreras a cientos de jueces y fiscales sustitutos, que solo en el ámbito judicial se acerca al millar. El Gobierno se escuda en las exigencias de la Unión Europea contra la precariedad, pero, como en otras ocasiones, es una excusa falsa, porque Bruselas nunca justificará que un poder político fuerce semejante irrupción en una Justicia profesional, cuyo acceso se basa en el mérito y la capacidad. Sin duda, es necesario dar respuesta a la Justicia de sustitución, pero la solución no es convertir esta necesidad en un coladero. Esto no es democratizar, sino devaluar la Justicia. Las asociaciones 'progresistas' de jueces y fiscales han rechazado sumarse al paro de sus colegas, lo que da la medida de la politización de la reforma legal. Estas asociaciones, que se acercan a lo minoritario, ven en la desprofesionalización del acceso a la Justicia una manera de compensar el sesgo conservador que imputan a las mayorías de sus respectivas carreras. Las reformas que proponen el PSOE y la izquierda para la Justicia están ancladas en 1975 y tratan a jueces y fiscales de 2025 como herederos inmediatos del franquismo. Ese discurso populista sobre el elitismo del acceso a la judicatura y la Fiscalía es expresión de un complejo clasista no superado por una izquierda que demuestra no conocer la estructura sociológica de las carreras fiscal y judicial, mucho más abiertas que otros cuerpos del alto funcionariado, sobre los que el Gobierno no expresa tanta preocupación regeneracionista, quizá porque no representan, como jueces y fiscales, una amenaza para su poder iliberal. No solo jueces y fiscales deberían de manifestarse contra esta reforma. Cualquier profesional del Derecho, cualquier ciudadano con sentido cívico, tiene motivos para sumarse a su indignación contra las maniobras legislativas de un Gobierno que solo se relaciona con la Justicia a golpe de querellas, amenazas y bulos .

Comentarios

Opiniones

el correo

Comentarios

Opiniones

Contra las cuerdas

Yo fui un hombre profundamente enamorado de Santos Cerdán

La energía fotovoltaica: a la caza del cisne verde

Sánchez debe dimitir haya elecciones o no

Del 'caso Koldo', al 'caso Ábalos', al 'caso Cerdán'... ¿al 'caso Sánchez'?

Los imputables de Sánchez: entre la dictadura y la cárcel

La vieja canción del fin de fiesta

El coloso en llamas

Metástasis inducida

¿Es eficiente el requisito de intento extraprocesal de acuerdo?

El caso del fiscal general dinamita el último resto de credibilidad del gobierno de Sánchez

El Barça abandona su equipo de baloncesto y así le va

Luis de la Fuente no aprende que sin Pedri no hay paraíso

Cláusula o nada

Infantino ¿y las ‘wild cards’?

Por una movilidad segura, sostenible y con propósito

Bruselas obliga al TC a elegir entre respetar el Derecho europeo o complacer a Sánchez

Un proyecto de sentencia inconsistente e incoherente

Díaz Ayuso, odiar es gratis y la cloaca del PSOE

Para seguir ganando el relato

El fiscal general procesado

El fiscal en peligro

El impúdico manoseo partidista de la figura del Rey

Idígoras y Pachi

Las vidas tristes, asexuadas y desdentadas pero sublimes de 'Sirat'

Álvaro García Ortiz tiene derecho a una defensa justa

Maneras de contar y de ver la historia

Degradación insoportable

Economic Forum

Una anomalía en democracia

Fin de curso

Conferencia de Presidentes fallida

La suciedad del espectáculo

Israel se deleita en la impunidad

La viñeta de Antón

Blanquear

Metrónomo violento

Vivienda: la solución se llama voluntad política

Daño reputacional en la Fiscalía

¿Rugirán en España los leones de Trump?

La Feria del Libro

Mafia o democracia (la secuela)

¿Es prevaricador el auto del juez Hurtado contra el fiscal general?

El fiscal general no debe dimitir

Con el listón por los suelos

¿Y si resulta que la sostenibilidad es relevante para el tamaño de nuestras compañías?

Las 'stock options' como instrumento de fidelización en la empresa familiar

La viñeta de Sansón

Morante de la Puebla no se quiso coronar Papa porque le basta con ser el Rey

Y cómo se sintieron traicionados

El mayor hito de nuestro deterioro institucional

El brazo armado de la judicatura

Los saltos al vacío del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general

¿Cuál es ahora tu lucha, Álvaro?

Por la mirada de Morata cruzan gatos negros

Álvaro García Ortiz no puede sentarse en el banquillo del Supremo mientras sigue al frente de la Fiscalía

El ruido no permite ver el bosque de la economía

La impostergable dimisión del fiscal general

Un análisis realista de la salud de las pensiones

Malestar en alza con el deterioro institucional