Con la Justicia amenazada

El Gobierno y la coalición que lo apoya no están legitimados políticamente para impulsar reformas en la administración de Justicia, porque solo persiguen doblegar la independencia de sus jueces, someter a los fiscales –aún más– y coartar a los ciudadanos que aspiran a ejercer la acusación popular. Por supuesto, al Gobierno y al PSOE les salen los números en el Congreso de los Diputados, pero tener mayoría no significa tener razón ni aprobar leyes aceptables. En pocos meses, el Gobierno ha impuesto una reforma estructural de la Justicia con los llamados Tribunales de Instancia, sin medir sus necesidades económicas, pero sí su capacidad para, por ejemplo, recortar el papel del juez de instrucción en la investigación de los delitos. También ha presentado leyes que anulan la acusación popular, amordaza a los jueces, acaudilla al fiscal general del Estado y desmantela las reglas de mérito y capacidad para acceder a las carreras judicial y fiscal. Todo ello –dice el Ejecutivo– lo hace para «democratizar la justicia», «homologarnos a Europa» o «garantizar la igualdad», eslóganes tramposos para encubrir una estrategia de asalto al poder judicial, el único constitucional que está actuando como contrapeso de las arbitrariedades y corrupciones que protagoniza el Gobierno de Pedro Sánchez. La democratización de la Justicia ya se consiguió gracias al mandato constitucional de tener jueces independientes, responsables, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de las leyes aprobadas por el Parlamento. Lo que propone el Ejecutivo no es democratizar, sino desarmar al poder judicial de sus principios de independencia, mérito, capacidad y legalidad. La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro simbólico de diez minutos, este miércoles, para protestar por la reforma legal que pretende consolidar en sus carreras a cientos de jueces y fiscales sustitutos, que solo en el ámbito judicial se acerca al millar. El Gobierno se escuda en las exigencias de la Unión Europea contra la precariedad, pero, como en otras ocasiones, es una excusa falsa, porque Bruselas nunca justificará que un poder político fuerce semejante irrupción en una Justicia profesional, cuyo acceso se basa en el mérito y la capacidad. Sin duda, es necesario dar respuesta a la Justicia de sustitución, pero la solución no es convertir esta necesidad en un coladero. Esto no es democratizar, sino devaluar la Justicia. Las asociaciones 'progresistas' de jueces y fiscales han rechazado sumarse al paro de sus colegas, lo que da la medida de la politización de la reforma legal. Estas asociaciones, que se acercan a lo minoritario, ven en la desprofesionalización del acceso a la Justicia una manera de compensar el sesgo conservador que imputan a las mayorías de sus respectivas carreras. Las reformas que proponen el PSOE y la izquierda para la Justicia están ancladas en 1975 y tratan a jueces y fiscales de 2025 como herederos inmediatos del franquismo. Ese discurso populista sobre el elitismo del acceso a la judicatura y la Fiscalía es expresión de un complejo clasista no superado por una izquierda que demuestra no conocer la estructura sociológica de las carreras fiscal y judicial, mucho más abiertas que otros cuerpos del alto funcionariado, sobre los que el Gobierno no expresa tanta preocupación regeneracionista, quizá porque no representan, como jueces y fiscales, una amenaza para su poder iliberal. No solo jueces y fiscales deberían de manifestarse contra esta reforma. Cualquier profesional del Derecho, cualquier ciudadano con sentido cívico, tiene motivos para sumarse a su indignación contra las maniobras legislativas de un Gobierno que solo se relaciona con la Justicia a golpe de querellas, amenazas y bulos .

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