La del fiscal general no es una historia del 100%

Nos encontramos ante una realidad que no es nítida en absoluto. El auto del juez no aporta indicios ni pruebas respecto a que el fiscal Álvaro Ortiz fuera el autor de la filtración del famoso correo de González Amador, la pareja de Ayuso Al saber que el fiscal general del Estado está a un paso del banquillo, recordé la teoría del periodista David Leonhardt, del New York Times. Existen noticias del 100% y del 50%. En las primeras la realidad se presenta de forma nítida, se cuentan con datos irrefutables y tienen un fundamento fáctico. Por ejemplo: “El planeta se está calentando” es una historia del 100%, por más que les pese a los negacionistas. En las noticias del 50% están en juego las creencias. Se trata de historias en las que se revelan valores y elecciones en la sociedad o en sus individuos. Por ejemplo, cuando se habla de impuestos, defender que los más ricos paguen más implica una toma de postura respecto a qué tipo de sociedad estamos construyendo, cómo entendemos la justicia y cuál debe ser el papel del Estado en la redistribución de la riqueza. Hay quien opina A y quien opina B. Para el periodista, la forma de contar estas historias es ofrecer los distintos puntos de vista. Sin embargo, nos dice Leonhardt, no todas las noticias encajan en este esquema binario. Algunas son noticias del 90%. Se trata de las más difíciles de contar. Ciertos hechos están claros; otros, en disputa. Son esas historias en las que una información de contexto nos induciría a una conclusión, pero otra, igualmente cierta, nos llevaría a pensar lo contrario. Un fiscal general del Estado que asesinara a su ayudante, y cuya pistola humeante encontrara la policía, sería una historia del cien por cien. Todo el país querría que dimitiera. Pero si viviéramos en un país donde la justicia fuera una completa pantomima se trataría de una historia del 50%. Algo así como China o Irán, donde los jueces tienen decididas de antemano las condenas a los opositores políticos. Tendríamos que pronunciarnos sobre un acusado sin prestar la menor atención al trabajo del juez. El procesamiento del fiscal general en España tampoco es una historia de este tipo, no es del 50%. Nos encontramos ante una realidad que no es nítida en absoluto. El auto del juez no aporta indicios ni pruebas respecto a que el fiscal Álvaro Ortiz fuera el autor de la filtración del famoso correo de González Amador, la pareja de Ayuso (que admitió haber cometido dos delitos fiscales). Tampoco hay indicios de la involucración de Presidencia del Gobierno, pese a que el juez siembre la sospecha. Numerosos periodistas, entre otros el director de este periódico, han negado haber conocido la noticia por la fiscalía. Muchos así lo declararon ante el juez, pero su testimonio no se ha tenido en cuenta. De hecho, la instrucción ha parecido demasiado sesgada, como cuando se extrajo la información del teléfono del fiscal de varios meses. El magistrado responsable de ella, el juez Hurtado, es conocido por su cercanía al PP. Fue el único miembro del tribunal de la trama Gürtel que no vio corrupción y consideró la caja B del PP algo colateral, entre muchas otras afirmaciones que demuestran su indisimulado sesgo. La insólita decisión de procesar a un fiscal general no sucede en el vacío. En los últimos años, hemos visto la pugna a cara de perro por dominar el CGPJ mantenido por el PP, negándose a su renovación. Su resistencia numantina demuestra hasta qué punto considera la justicia otro lugar desde el que hacer política, quizá el más relevante desde que por ineptitud delegaron en los jueces la solución al problema político del procés. Por desgracia, todo esto se remata con largas décadas de control de los dos grandes partidos de los órganos de la judicatura, de forma directa y a través de las asociaciones profesionales. La del fiscal general es una historia del setenta por ciento, quizá menos. Apunta al tipo de democracia en que nos estamos convirtiendo. Podemos fingir que el poder judicial merece la confianza que un día tuvo, y pedir la dimisión del fiscal. Podemos decir que, si es inocente, ya tendrá tiempo de demostrarlo ante un tribunal superior. Yo lo haría, pero no me dejaría la conciencia tranquila aplicar el manual del institucionalista imperturbable, como si no pasara nada. Podemos fingir que no vemos los riesgos de que los jueces quieran cambiar el resultado de las urnas o las decisiones legítimas del Parlamento. Podemos fingir que no está pasando nada o dejar constancia: la del fiscal general debería ser una historia del 100%. Pero no lo es. Y eso enciende un piloto rojo de alerta en nuestra democracia.

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