Imputado Ortiz, Sánchez señalado

Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le llegó el momento de decidir si quiere seguir siendo un muñeco roto en manos del Gobierno o un funcionario con dignidad personal. Ser imputado por el más alto tribunal penal del Estado y por un delito tan lesivo para sus funciones como el de revelación de secretos, es motivo suficiente, en el plano de la ética pública más esencial, para renunciar al cargo que ha utilizado para cometer esa infracción. Es cierto que el auto de imputación dictado por el magistrado Ángel Hurtado se mueve en el terreno de los indicios y que será en el juicio oral cuando las acusaciones tengan que probar los hechos imputados a García Ortiz y a la fiscal Pilar Rodríguez. Pero la presunción de inocencia es una garantía constitucional compatible con el respeto que se debe a la función pública sometida a la sospecha por culpa del imputado. Dijo García Ortiz, al inicio de la investigación, que no dimitiría por la dignidad de la Fiscalía, pero es precisamente la dignidad del Ministerio Público la que reclama su dimisión inmediata, después de un auto de imputación que desmantela todos los argumentos contra la instrucción de Hurtado. Pedro Sánchez ha vuelto a poner a España en otra situación insólita para un Estado de derecho. El máximo responsable del Ministerio Fiscal, nombrado directamente por el Gobierno, y cuya figura institucional está prevista por la propia Constitución, va camino del banquillo de los acusados. No hay precedentes en nuestro país , ni en ninguno de nuestro entorno democrático y europeo de una crisis de esta envergadura. Pero menos aún que la respuesta a la imputación judicial sea una sucesión orquestada de descalificaciones por parte del Gobierno y de la izquierda. Tome nota Bruselas, para sus informes sobre el Estado de derecho, sobre la degradación a la que Sánchez y su coalición de socios está sometiendo a la Fiscalía. Los portavoces fanatizados del Ejecutivo y de la izquierda han corrido a apoyar a García Ortiz no porque realmente les importe su presunción de inocencia, sino porque les preocupa que, en un arranque de dignidad y autoestima, se le ocurra dimitir. Los apoyos a García Ortiz lo maniatan a las columnas de La Moncloa, para seguir siendo el burladero de las responsabilidades de Sánchez. Precisamente la Presidencia del Gobierno ocupa un lugar destacado en el auto de Hurtado , como nudo de estrategias para desvelar los secretos que afectaban a Alberto González Amador y golpear políticamente a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es la versión judicial de unos hechos notorios para la opinión pública, que ahora abren la puerta a nuevas investigaciones. Esa simbiosis entre García Ortiz y La Moncloa, con la intervención de medios complacientes entre uno y otra, es lo que explica el apoyo interesado, nada virtuoso ni compasivo, del Gobierno con el fiscal general. No, no es García Ortiz quien tiene que dar explicaciones, solo tiene que dimitir. Es el presidente del Gobierno quien debe darlas, porque el fiscal es simplemente un amortizado hombre de su confianza, quemado en la batalla política del PSOE contra Ayuso, ejecutor de una malversación de las potestades del Ministerio Fiscal para fines ilegales e inmorales. Políticamente, García Ortiz es otra víctima de la voracidad narcisista de Pedro Sánchez. No está preparada la ley para una situación así. La fiscal Pilar Rodríguez sí quedará –o debería quedar– suspendida cautelarmente por haber sido imputada; pero su pareja de futuro banquillo, el fiscal general, podría librarse de una inhabilitación provisional más que justificada. Lo cierto es que a nadie se le ocurrió regular la situación en la que el fiscal general fuera a sentarse con ese cargo ante un tribunal penal, acusado por un delito de revelación de secretos. Resulta triste pensar en cómo acogerán los fiscales cualquier instrucción o mandato que reciban desde hoy con la firma de García Ortiz, ordenando la persecución de uno u otro delito. Perdida la autoridad moral para dirigir al Ministerio Público, cabe esperar que tanto los órganos colegiados de la Fiscalía –la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal– como las asociaciones profesionales promuevan las acciones pertinentes para forzar a García Ortiz a explicar las razones por las que castiga a sus subordinados con su permanencia. El maltrato del Gobierno socialista al Estado, a las instituciones, al Poder Judicial, ha llegado a esa cota en la que se pierde la legitimidad democrática que depende del ejercicio ético de la política. La democracia española está asediada por una trama de intereses que confluyen, todos, en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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