¡Una barbaridad!: un acuerdo que hipoteca nuestro futuro

Es una barbaridad que las nuevas reglas fiscales de la UE contemplan que el gasto público en armamento y seguridad sea considerado como prioritario frente a otras posibles inversiones Sí, es una barbaridad el acuerdo que firmaron el pasado 25 de junio, en La Haya, los 32 países aliados de la OTAN. Un acuerdo de cinco puntos en el que “los aliados reafirman el firme compromiso con el nexo transatlántico”, y “ratifican que unidos ante (…) la amenaza que Rusia representa para la seguridad euroatlántica y la persistente amenaza del terrorismo, se comprometen a invertir el 5% de su PIB anualmente en Defensa para 2035 (…) y destinarán al menos el 3,5% del PIB anualmente de acuerdo con la definición consensuada por la OTAN de gasto en defensa para dotar de recursos a los requerimientos centrales de defensa y para cumplir los Objetivos de Capacidad de la OTAN. Los Aliados acuerdan enviar planes anuales mostrando un camino creíble e incremental para alcanzar este objetivo (…) Y destinarán hasta el 1,5% del PIB anualmente para, entre otras cosas, proteger nuestra infraestructura crítica, defender nuestras redes de comunicación, asegurar la preparación civil y la resiliencia, impulsar la innovación, y fortalecer nuestra base industrial de defensa”. Un compromiso claro para todos los firmantes (sí, “los aliados”). ¡Un acuerdo para el 2035! Ese es el horizonte que la OTAN se ha fijado para que “los aliados” alcancen una inversión del 5% del PIB en Defensa. Una decisión, tomada en 2025, que se va a transformar en contratos a largo plazo y en mayor deuda pública. La UE habla de recursos de un crédito común a larguísimo plazo (cincuenta años con carencia de diez) que se “represtamizará” a los Estados miembros. Créditos que van a suponer otra “hipoteca” más para nuestros descendientes. Otra decisión de hoy para la ruina de mañana. Sí, es una barbaridad, porque es un acuerdo que modifica drásticamente el perfil presupuestario de nuestras inversiones nacionales, al tener que detraer dinero de las partidas dedicadas a gastos sociales para meterlo en la caja de seguridad y defensa. Es una barbaridad, porque pasa a considerar el gasto en armamento como el principal factor de “estímulo de la economía” versus los gastos sociales. Es una barbaridad que la UE, frente al mito de que es garantía de paz y cohesión social, apueste por una doctrina del shock militar, con la que se aumentan los presupuestos para la guerra y se reactiva la industria armamentística. Hay quien dice que “el capitalismo verde y digital, modelo para la recuperación capitalista post-pandémica, ha devenido en capitalismo verde oliva, verde militar”. Es una barbaridad que las nuevas reglas fiscales de la UE contemplan que el gasto público en armamento y seguridad sea considerado como prioritario frente a otras posibles inversiones. Es una barbaridad, porque –como se ha demostrado empíricamente a lo largo de los últimos años– un mayor gasto en armamento no significa un aumento de la seguridad. Es una barbaridad porque, al final, y aunque ahora algunos lo pongan en duda, los acuerdos hay que cumplirlos. Este acuerdo se revisará en 2029, “a la luz de los Objetivos de Capacidad actualizados”, para analizar si el 5% pactado sigue siendo suficiente, si hay que aumentarlo o hay que rebajarlo –opción poco probable–. Y también se revisará anualmente, para comprobar que los diferentes países cumplen con los Objetivos de Capacidades que la OTAN les propone a través del Proceso de Panificación de Defensa. Y ahí no valdrán las “ambigüedades constructivas” ni las “excepciones ibéricas”. Y que estos acuerdos hay que cumplirlos lo ha demostrado el presidente del Gobierno cuando, deprisa y corriendo, decidió el pasado abril, y en el plazo de una semana (desde el anuncio en rueda de prensa a su paso por el Consejo de Ministros), aumentar en 10.400 millones de euros el presupuesto en defensa y cumplir con el acuerdo de la cumbre de Gales (2% del PIB) asumido por el Gobierno del PP. Puede que el Gobierno no cumpla en esta legislatura lo firmado, pero ya va servido con solo repetir la maniobra de 2025: pasar de un presupuesto inicial en Defensa (prorrogado de 2024) de 12.317 millones de euros a 33.123 millones (según declara el propio Gobierno). Eso lo ha hecho con un incremento adicional de 10.491 millones (acuerdo relámpago en Consejo de Ministros) y con el “reconocimiento de la transferencia” de otras partidas a Defensa (otros 11.000 millones). Asignar en los presupuestos de 2026 y 2027 partidas militares de “solo” 35/36.000 millones de euros (2,1%) –el triple del presupuesto inicial del Ministerio de Defensa en 2025– ya supone una inyección de dinero sin precedentes, que va a afectar gravemente a partidas dedicadas a gastos sociales. Solo en términos comparativos, la inversión en la industria armamentística va a ser diez veces superior a la que se hace en Justicia (2.200 millones), cuatro veces más que en vivienda (3.400 millones), o más del doble que en sanidad y educación. ¡Una barbaridad! Y para más inri: hay muchos juristas que ponen el dedo en la falta de transparencia de los contratos de defensa y, por tanto, en un “potencial sobrecoste en la cadena de suministro armamentístico”. El abuso del “secreto”, en estos contratos, “por afectar a la seguridad y al interés nacional”, es un campo abonado para “intermediarios facilitadores”. Lo que nos faltaba… en estos tiempos que vivimos. Más barbaridades, no por favor.

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