Contra la mala educación

El nuevo reglamento del Congreso no restringe nuestros derechos fundamentales, sino que allana el camino para que podamos ejercerlos. Porque la libertad de prensa no puede ejercerse si se boicotean las ruedas de prensa, si se interrumpen comparecencias, si se atenta contra la dignidad de quienes pretenden hacer bien su trabajo. Hemos dicho muchas veces que sin periodismo no hay democracia, y a esta rotunda afirmación hoy debemos añadirle algo: si los y las periodistas no pueden hacer su trabajo, no hay libertad de prensa que valga. No hay derecho a una información veraz para nadie. A los periodistas hay que permitirles trabajar. La necesidad de normas de convivencia es común en todas las sociedades. El respeto, la tolerancia, la cortesía son virtudes que permiten el correcto fluir de grandes relaciones: la familia, la escuela, el trabajo, la vida en sociedad. Hay comportamientos que no están permitidos en ningún sitio, y todos y todas lo sabemos, a estas alturas de civismo no hace falta que nadie nos lo explique. En una consulta médica, no podemos ponernos a grabar al especialista con el móvil mientras le preguntamos una barbaridad tras otra, no podemos perseguirle por determinados pasillos del hospital, de acceso privado, no podemos armar gresca mientras intenta atender a otros pacientes y no podemos, en ningún caso, insultarle o amenazarle. Desde hace ya unos años, los periodistas parlamentarios se quejan de que, en muchas ocasiones, en el Congreso, no pueden realizar su trabajo. Desde hace ya unos años, un pequeño pero insidioso y conocido grupo de agitadores se dedica con fruición a perturbar el ambiente en los pasillos del Congreso de los Diputados y a impedir que muchos profesionales puedan enfrentarse dignamente a su labor diaria. A estos agitadores se les reconoce rápido, porque solo se interesan por las preguntas que ellos mismos formulan a las y los políticos. Las respuestas les dan igual. Es decir, para ellos, la “noticia” es su propia pregunta. Su espectáculo, su provocación. No hay nada más que escuchar, ni nada más que mostrar. El Artículo 98 del Reglamento que regula el funcionamiento de la Cámara Baja dice que se adoptarán las medidas adecuadas en cada caso para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los distintos órganos del Congreso de los Diputados. Por otro lado, el artículo 20 de nuestra Constitución dice que se reconocen y se protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz. Pues bien, lo que se acaba de aprobar en el Congreso, impulsado por una mayoría de grupos parlamentarios, son unas normas para que estos artículos puedan cumplirse y, con ellos, podamos ejercer nuestros derechos y libertades. Los de todos y todas. La reforma del Reglamento pretende defender la democracia, ni más ni menos. Defenderla de la mala educación. Es entendible que desde fuera alguien pueda pensar que se está coartando la libertad de prensa con estas normas, es entendible que puedan sonar a restricciones de las que embisten socavando nuestras valiosas libertades. Restricciones de derechos. Pero no es así. No restringen nuestros derechos fundamentales, sino que allanan el camino para que podamos ejercerlos. Porque la libertad de prensa no puede ejercerse si se boicotean las ruedas de prensa, si se interrumpen comparecencias, si se atenta contra la dignidad de quienes pretenden hacer bien su trabajo. Las asociaciones periodísticas lo han demandado y varios grupos parlamentarios llevan meses trabajando para delimitar esta reforma del Reglamento que se aprueba hoy, una reforma que se ha diseñado en base a las normas de otros países europeos y, sobre todo, en base a las mínimas normas de convivencia. Unas normas de convivencia que, en el Parlamento, sede de la soberanía popular, deberíamos cumplir a rajatabla, escrupulosamente y con devoción: al fin y al cabo, todo lo que ocurre entre esas paredes es un termómetro de nuestra democracia.

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