La burbuja inmobiliaria de Isabel Díaz Ayuso

La presidenta se parece poco a sus gobernados en la manera de vivir: un empresario le consiguió dos apartamentos en pandemia, pisazo en Chamberí comprado con dinero dudoso de su novio y ahora el uso de un chalet que financió su propio Gobierno La presidenta de la Comunidad de Madrid se presentó en política como una chica humilde de Chamberí. Venía de abajo, tomaba cañas y surfeaba el tráfico de Madrid a las tres de la mañana, de recogida de cualquier noche joven. Aquel momento que quizás fue, desde luego ya no es, aunque se empeñe en poner señuelos como la palabra “táper” o supermercado “Covirán” cuando se destapa que ha usado una lujosa casa que compró su mismo gobierno. ¿Es lícito que el presidente de una comunidad autónoma tenga una residencia oficial de esparcimiento? No es habitual, pero se puede abrir ese debate. Lo que es moralmente dudoso es que se compre en 2023 con la excusa de un bien común y se use con opacidad para el bien particular de quien dio el visto bueno a desembolsar 4,3 millones. Todavía no se ha aclarado por qué no se sabía nada de esa mansión hasta la semana pasada, cuando alertaron los vecinos y lo publicó El País. O qué gastos asociados conlleva para los madrileños –aunque se haya llevado el táper, se presupone que el mantenimiento y limpieza del chalet, el barrido de la piscina, el pago de la luz o el cambio de sábanas no lo habrán hecho Ayuso y su familia–, o si es la primera vez que lo utiliza. Tampoco se ha aclarado si ese va a ser el uso de la casa a futuro y podrán descansar allí los próximos presidentes o presidentas de Madrid. O si solo fue una ocurrencia puntual, con un táper como credencial de que no se va a interferir en el discurrir y el desgaste del patrimonio público. Muy al contrario, las residencias de los presidentes de Gobierno han estado al servicio de todos ellos, se conocen y están auditadas y controladas en sus gastos y sus usos. Díaz Ayuso –empeñada en compararse con un presidente de Gobierno en lugar de compararse con Illa, Prohens o Barbón– se parece cada vez menos a sus gobernados en la manera de vivir, con especial asimetría en el tema de la vivienda, que recorre la espina dorsal de los puntos más oscuros de su biografía política. Cuando empezó la pandemia, se trasladó de su piso que reivindicaba modesto a un céntrico apartamento doble en Plaza España, propiedad del empresario Kike Sarasola. Después de cuatro años de opacidad y de que la empresa dijera que no le constaba factura, Ayuso enseñó una factura: 5.680 euros por 69 días en dos apartamentos, uno para vivir y otro para trabajar, pese a que la Puerta del Sol, la sede de Gobierno y donde tiene despacho, es un enorme palacio oficial a 15 minutos andando. Actualmente vive en un piso que compró con dinero bajo sospecha su novio, para quien la Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión. La pareja también disfruta de un ático en el piso de arriba, que no es suyo, sino que compró al contado una sociedad que luego recibió de un tercero 955.000 euros. González Amador aseguró ante la jueza de instrucción que paga por él un alquiler con opción a compra de 5.000 euros al mes. Los ingresos del novio de Ayuso provienen casi en su totalidad de la comisión millonaria por mascarillas que intentó ocultar al fisco y sus trabajos como consultor al grupo Quirón, como reveló el sumario judicial. Mientras los madrileños sufren los efectos de una burbuja inmobiliaria que les deja fuera de poder vivir con comodidad, solos o tener familia (con subidas de alquiler del 12% en la región y del 40% en lugares como Boadilla o Pozuelo desde 2015), la presidenta de la Comunidad navega dentro de su propia burbuja de madrileña de clase media trabajadora, de la que solo sale para distraer la atención con palabras de uso 'vulgar' de quienes sí comen verdaderamente de táper.

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