Esto no va de violencia sexual, es odio a la inmigración

Hay un vínculo claro entre la retórica política en la extrema derecha que se traduce en violencia física contra el colectivo señalado por esta. Ayuso, lejos de llamar a la calma o asumir sus competencias en materia de protección de menores, ha optado por reforzar el discurso del miedo Una nueva tormenta política y mediática protagonizada por Díaz Ayuso y Abascal. Esta vez en torno a los chicos migrantes que residen en el centro de primera acogida de Hortaleza. Quizá antes de continuar sea bueno aclarar que este es un centro que gestiona la Comunidad de Madrid, en el que se atiende a chicas y chicos de entre 15 y 18 años en situación de desprotección. Es un centro de paso antes de ser derivados a otros recursos. Desde hace años vienen denunciándose la sobreocupación del centro sin garantizarse las condiciones mínimas de habitabilidad, higiene y seguridad ni para las personas menores de edad que allí viven ni para el personal que trabaja en el centro. Pudiendo llegar a alojar hasta a 100 chicas y chicos a pesar de tener capacidad para 35 plazas. La tormenta comenzó el domingo, con la noticia de la agresión sexual a una niña de 14 años y la detención de un chico migrante de 17 años, presuntamente residente en el centro de Hortaleza. Desde entonces, se ha desatado una sucesión de declaraciones incendiarias, convocatorias de Vox frente al centro, agresiones callejeras a jóvenes de origen extranjero y un clima de alarma difícil de entender sin mirar a quienes lo alimentan. No es solo que la extrema derecha y la presidenta de la Comunidad de Madrid parezcan preocuparse por los delitos sexuales únicamente cuando los cometen hombres migrantes. Es que utilizan estos sucesos graves para promover políticas populistas y punitivas claramente discriminatorias. La agresión sexual denunciada es un hecho grave, que merece ser investigado y juzgado con todas las garantías, como ocurre en cualquier caso de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son chicas (y chicos) menores de edad. La nacionalidad del agresor no es un factor agravante o un marcador de peligrosidad colectiva. ¿O acaso los delitos sexuales son patrimonio exclusivo de la población extranjera? El uso político de este caso -y otros casos, unas veces ciertos, pero muchas otras tergiversados o directamente inventados- desplazan el foco de la violencia sexual hacia la condición migrante, reforzando prejuicios en lugar de analizar las causas reales y reforzar las respuestas integrales de atención a las víctimas menores de edad de la violencia sexual. Al igual que sucede con el centro de primera acogida de Hortaleza, hay otro recurso público que depende directamente de Ayuso y que sobrevive en condiciones precarias. Pero sobre esto no quiere que se hable la presidenta de la CAM. Se trata del CIASI (Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil) y que puede llegar a tener un tiempo de espera de entre seis meses y un mes semana en casos más graves. ¿Será atendida la chica agredida en el CIASI? ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar para recibir esa atención especializada? Estas cuestiones que debería estar respondiendo la presidenta madrileña, pero no parecen preocuparle. Tampoco parece preocuparle a la presidenta de la CAM, algo sumamente alarmante que ocurrió pocas horas después de una publicación de Abascal en la red X incitando al odio cuando dos encapuchados atacó a varios chicos migrantes en las inmediaciones del centro, dejando heridos a tres de ellos, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado. La Delegación del Gobierno fue clara al calificar estos hechos como una consecuencia directa de los discursos de odio. Y efectivamente tiene razón. Cuando Santiago Abascal escribe un tuit señalando al centro de Hortaleza como foco de inseguridad, y esa misma noche unos jóvenes de origen extranjero son golpeados en la calle, la conexión no es anecdótica. Hay un vínculo claro entre la retórica política en la extrema derecha que se traduce en violencia física contra el colectivo señalado por esta. Ayuso, lejos de llamar a la calma o asumir sus competencias en materia de protección de menores, ha optado por reforzar el discurso del miedo al chico joven migrante de apariencia marroquí, alimentar estereotipos racistas y legitimar la hostilidad social. Su respuesta muy Trump: repatriar. Sin más. Conviene recordar, pues ha salido a la luz que el detenido tenía antecedentes policiales, que también la respuesta institucional a personas menores de edad en conflicto con la ley corresponde a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), dependiente de la Comunidad de Madrid. Es decir, que viendo la imagen en conjunto que esconde la tormenta desatada, ya sea en la gestión en los centros de protección, en la atención que deben brindar recursos especializados a víctimas de violencia sexual o en el seguimiento que la ARRMI debe hacer a jóvenes en conflicto social, la responsabilidad recae en gran medida en el Gobierno regional de Ayuso. Quien, sin embargo, prefiere desviar el foco hacia Pedro Sánchez, exigiendo endurecimientos migratorios como para eludir su obligación de contar con recursos de calidad en la respuesta a estas situaciones. En lugar de afrontar los desafíos, la receta que ofrece la presidenta madrileña es la repatriación de los chicos migrantes que delinquen. Una medida populista, inviable en términos jurídicos y contraria a los derechos humanos que España está obligada a proteger. El principio del interés superior del menor, consagrado en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, no admite interpretaciones que reduzcan a estos chicos a meros sujetos de expulsión. Las repatriaciones forzosas no resuelven la conflictividad social: solo desplazan el problema y, cuando responden a una motivación discriminatoria, debilitan la convivencia e infravaloran la inteligencia de la ciudadanía. Frente a quienes utilizan cada incidente protagonizado por un hombre migrante, a poder ser de origen marroquí, árabe y racializado para exigir más castigo y más expulsiones, quienes defendemos la racionalidad, la mesura y la convivencia debemos insistir en otro camino: el de la prevención, el de la educación y el de políticas de integración que reduzcan los factores de vulnerabilidad. El derecho penal no puede ser la única respuesta siempre, no lo es. Necesitamos inversión pública en recursos de calidad, profesionalización de quienes trabajan con las chicas y chicos en los servicios de protección, sean estos nacionales o migrantes, y también recursos que atiendan de manera integral a las chicas menores de edad víctimas de violencia sexual. De esto no hablan ni Vox ni el PP. Prefieren apostar por la salida fácil y simplista: culpabilizar a la inmigración y a Sánchez, aunque sea a costa de alimentar la violencia racista. Usar un caso concreto para criminalizar a todos los chicos migrantes es multiplicar el daño, añadir violencia institucional racista a la violencia ya sufrida por las víctimas. España no necesita muros ni repatriaciones. Necesita que las comunidades autónomas, responsables de las políticas de protección de la infancia, garanticen recursos y derechos para todas las personas menores de edad, sean nacionales o migrantes. Todos son chicos con dignidad, derechos y futuro. Y cuando alguno comete un ilícito penal, existe una ley de responsabilidad penal del menor que aplicar, también competencia autonómica.

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