Las llagas del Greco

Los informes no debieran ser utilizados como martillos pilones en la contienda política, como hemos visto estos días, sobre todo porque todos remolonean en implementarlos. Lo que es importante es reparar en que las cuestiones que se exigen son necesarias Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral sino criminal y abominable Cicerón La falta de voluntad efectiva de los gobiernos españoles para activar medidas de contrapoder imprescindibles para mejorar la calidad democrática y dificultar la corrupción es legendaria. Las llagas de la resistencia española a poner coto efectivo y real a las posibilidades de corrupción sangran por los informes GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) que se repiten en el tiempo y a través de los diversos gobiernos desde hace un cuarto de siglo. Se van haciendo cositas, claro, tanto unos como otros van a trancas y barrancas implementando algunas de las recomendaciones o exigencias expresadas por el Consejo de Europa pero cada vez que los evaluadores aparecen en España las autoridades sudan. Sudan los de Sánchez y sudaban los de Rajoy y los anteriores. En España que los que mandan pongan límites que les puedan afectar es trabajo arduo. De los deberes no cumplidos, que son bastantes, hay dos o tres sobre los que merece la pena poner el foco porque afectan a denuncias de corrupción que hemos visto muy recientemente y que probablemente hubieran podido quedar explicadas, subsanadas o detectadas si se hubieran cumplido con anterioridad las recomendaciones, que no son nuevas, que se repiten y reproducen evaluación tras evaluación como hemos visto. Una de ellas afecta directamente a la denominada Oficina de Conflictos de Interés. El GRECO reprocha a las autoridades que ésta no sea independiente, que esté integrada en un ministerio y que no tiene presupuesto propio, es decir, que no sea independiente y dependa del gobierno. El caso reciente que acusa los problemas de esta dependencia se refiere a una denuncia presentada por el PP ante la OCI el año pasado en la que se alegaba que Pedro Sánchez debería haberse abstenido en la aprobación del rescate público de Air Europa debido a los patrocinios que esa empresa tuvo en actividades de su esposa. La OCI desestimó la cuestión sin realizar ninguna diligencia y teniendo como base un escrito de Moncloa que desmentía tal relación. Es esa dependencia gubernamental la que vuelve sospechoso este archivo tan rápido. De facto el TSJM lo revocó y criticó que se hubiera realizado “sin ninguna diligencia de investigación” por lo que exigió unas diligencias más exhaustivas por parte de la Oficina. Es obvio que si esta fuera un organismo independiente del gobierno y con su propio presupuesto dispondría no sólo de mayor autonomía sino de mayor credibilidad en su tarea que, ahora, ha tenido que ser afeada por la Justicia. Se exige además una autonomía sancionadora en caso de detectarse infracciones. Otra llaga del Greco se abre por la falta de regulación de los lobbys en nuestro país. Ahí entran de lleno las actividades de Montoro y Equipo Económico que hubieran rebasado cualquier línea legal de estar marcadas. El gobierno ha informado de su intención de regularlos en una norma próximamente, lo cual aplaude el informe, aunque no deja de reprochar que en ese proyecto no se incluya una cuestión clave: la publicidad de las agendas de las autoridades sobre las que se produce actividad lobística. Eso les cuesta. La idea de que trabajan para los ciudadanos y de que deben ser transparentes con los contactos, reuniones y comidas que tienen con grupos o personas susceptibles de querer influir en el esfuerzo legislativo les resulta cuesta arriba. No es una cuestión que pertenezca a la intimidad. Tienen la prueba en la movida que tiene Von der Leyden por no haber dado acceso a un periodista a los sms que se cruzó con el CEO de Pzifer durante la pandemia y al escándalo suscitado por el hecho de que ella los destruyera después de que le fueran solicitados por The New York Times. Borrar los teléfonos no está bien visto en Europa. O figúrense que en vez de esperar a que se filtren grabaciones de un procedimiento judicial pudiéramos conocer con quién se reúnen los ministros de Transportes y su entorno. Existe también la necesidad de ampliar la información de las declaraciones públicas de patrimonio de diputados y altos cargos para introducir sus intereses económicos exteriores y sus activos financieros y que esta información pública se amplíe a los familiares más cercanos como cónyuges o personas dependientes de ellos, determinando hasta qué grado de proximidad como se hace en otros países. Es evidente, y las informaciones sobre casos en curso lo dejan claro, que parte del patrimonio conseguido ilícitamente puede ser derivado hacia las parejas, hijos, hermanos u otras personas de gran confianza y que la no transparencia sobre sus datos patrimoniales dificulta el levantamiento del velo sobre la ocultación de fondos obtenidos irregularmente. No me pregunten por qué son remisos a ese extremo de transparencia porque lo saben igual que yo y porque en nuestro país la intimidad de la bolsa es más querida que la de la entrepierna. Por último, me ha llamado la atención la regañina por la lentitud y falta de implementación de medidas contra la corrupción entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dicen que ahí va mejor la Guardia Civil que la Policía pero aún reprochan la dificultad para la denuncia interna de corruptos y los códigos internos de conducta. Este asunto es particularmente importante en un país que sufre el incremento del asentamiento de todo tipo de mafias en las zonas costeras y que, por lo tanto, tiene un alto riesgo de que sus policías sean tentadas. O ahí tienen al guardia de la trama Koldo o a tantos otros. ¡Ah, y los aforamientos, no olvidemos la exigencia de reducir y revisar los aforamientos! Los informes no debieran ser utilizados como martillos pilones en la contienda política, como hemos visto estos días, sobre todo porque todos remolonean en implementarlos. Lo que es importante es reparar en que las cuestiones que se exigen son necesarias y que los propios ciudadanos debemos estar informados de estas carencias para que podamos presionar a nuestros representantes y gobernantes a adoptarlas... ya que está visto que se hacen los locos, todos y siempre. Los focos sobre el poder suelen resultar incómodos y por eso son imprescindibles.

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