Papeles o barbarie

Si la Iniciativa Legislativa Popular (IPL) sale adelante, será la séptima gran regularización desde 1986 y la primera desde 2005. Un éxito de la reivindicación social y la protesta ciudadana que, en su momento, resistió el Partido Socialista. Y un éxito también en la historia parlamentaria Papeles para medio millón de personas. El Gobierno ha decidido agilizar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) refrendada por 612.000 firmas y más de 900 organizaciones sociales, que se había quedado estancada. Si sale adelante, será la séptima gran regularización desde 1986 y la primera desde 2005. Un éxito de la reivindicación social y la protesta ciudadana que, en su momento, resistió el Partido Socialista. Y un éxito también en la historia parlamentaria, donde no suelen prosperar las Iniciativas Legislativas de estas características. Ahora no solo se acaba de aprobar el Reglamento de Extranjería, sino que se acelera también esta regularización extraordinaria para quienes se encuentran en situación irregular en España. Se había logrado rebajar el tiempo del arraigo, pasando de tres a dos años, se facilitaba la compatibilización de estudios y trabajo y se promovía la reagrupación familiar. Sin embargo, en el Reglamento había agujeros preocupantes para los más de 200.000 solicitantes de asilo cuyas solicitudes no estaban resueltas. Probablemente, la mayoría serán rechazadas, pero si antes se podía optar por la vía del arraigo (por cumplir el requisito del tiempo y/o del contrato laboral), el Reglamento obligaba a poner el contador a cero. Después de años trabajando y pagando impuestos, miles de solicitantes de asilo podrían volver al limbo de la irregularidad y a la más absoluta vulnerabilidad. Como señala Javier de Lucas, los refugiados son personas radicalmente vulnerables porque carecen del rasgo político que las convierte en ciudadanas, de una condición de pertenencia sin la que los derechos humanos son solo papel mojado. El PP dice que está en contra de la regularización, aunque en abril apoyó el trámite parlamentario de la ILP. Ya nos tienen acostumbrados a sus políticas de bandazos y a sus decisiones erráticas. Ahora la razón es, según Tellado, que se sienten ninguneados porque no se han tenido en cuenta sus enmiendas. Es espeluznante ver cómo pujan a diario por sacarle un rédito a todo… los migrantes, las víctimas de la DANA o los masacrados en Gaza. No se le darán cheques en blanco al Gobierno… da igual cuando leas esto. El PP se ha opuesto, incluso, a la propuesta de migración circular que le vendría de perlas, al menos, a cuatro de las autonomías que gobierna (Extremadura, Galicia, Rioja y Castilla la Mancha). Los datos del INE indican que hay miles de puestos de trabajo sin cubrir en la hostelería, la construcción y la agricultura. Y el Banco Central Europeo nos dice que el 80% del incremento del PIB de los últimos cinco años en España ha sido impulsado por los trabajadores venidos de fuera. En fin, aunque la economía vaya bien y eso dependa también de la dimensión laboral de la política migratoria, por el mar corren las libres y por el monte las sardinas. Lo cierto es que hace mucho tiempo que el Partido Popular está en posiciones xenófobas en Europa. Apoya las enmiendas de la ultraderecha que reclaman más financiación para las “barreras físicas” en las fronteras, refuerzos para Frontex y centros de deportación fuera de la Unión. Lugares que, según parece, son “de alguna” manera Europa, porque están gestionados con personal europeo y según normas europeas, lo que es el colmo del cinismo, cuando su simple existencia supone ya una suspensión de facto del derecho de asilo y refugio. Las valoraciones tienen que ser individualizadas, hay que hacerlas antes del internamiento y se debe respetar el principio de la no devolución. Nada de esto sucede ni va a suceder en esos campos de deportación. Hablamos de proyectos ilegales, caros y, frecuentemente, fracasados, en los que se insiste una y otra vez, como si fueran soluciones innovadoras. Mismo perro con distinto collar. Vox, en cambio, lo tiene mucho más claro. A ellos tampoco les importa demasiado la economía, que consideran cosa de pobres. Mientras puedan surfear sus Días de la Liberación y su épica de banderolas, pasan totalmente de sumar y restar. Ya lo demostraron con los aranceles de EEUU. Su idea es modificar la ley de extranjería para restringir las vías de regularización actuales. No les vale el arraigo. Se trata de eliminar el ius soli, es decir, la residencia, la vecindad, como forma de acceso a la ciudadanía, haciendo seguidismo del trumpismo o de Alternativa por Alemania. El objetivo es que en España se nazca de madre española. El racismo institucional, lo que Amanecer Dorado llamaba “ecología racial”, tiene una amplia representación parlamentaria en España. Con la regularización, el Gobierno de coalición se sitúa en las antípodas de las derechas y de buena parte de Europa donde Meloni financia deportaciones a Albania; Polonia, suspende el derecho de asilo; Alemania rompe unilateralmente con Schengen y pacta con la ultraderecha de la “reemigración”; Países Bajos, pretende excluirse voluntariamente de la política de asilo y refugio para restringir la reagrupación familiar, deportar por la fuerza a quien no consiga el permiso de residencia y evitar el reparto de migrantes en su territorio; y hay ocho países que quieren revisar las relaciones con Siria para facilitar el regreso de sus refugiados (Austria, Italia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Croacia y Chipre). Reino Unido y Dinamarca van de autores intelectuales. Está claro por dónde viene la mano. Las narrativas de la “otredad” consustancial al extranjero, las posiciones que humillan, discriminan, torturan y matan, en nombre de una frontera, siempre se situarán al margen de la civilización y el Estado de Derecho. La barbarie conduce a la decadencia y la decadencia a la barbarie. España, de momento, sigue dando la batalla.