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La comisión de Industria del Congreso rechaza el plan integral del PP para la automoción española

Con 151 votos a favor 153 en contra y 46 abstenciones, la comisión de Industria en el Congreso ha rechazado el plan integral para la automoción presentado como proposición no de ley por el Partido Popular. Tras un empate inicial en las votaciones, la comisión tuvo que recurrir al voto ponderado que finalmente rechazó la propuesta. Un documento que según sus promotores, buscaba reformar los incentivos, impulsar la industria auxiliar y garantizar la seguridad jurídica, frente a una «transición improvisada» que amenaza miles de empleos. Desde el PSOE han defendido que el gobierno se encuentra ya elaborando un «Plan Auto» en diálogo con los agentes sociales. Para Sumar, la propuesta del PP tiene «un problema de orientación» ya que «sin necesidad de tener que subvencionar al consumidor se tienen que acentuar los esfuerzos para que la producción de vehículos sea más competitiva». De su parte VOX presentó una enmienda al plan presentado por el PP para «garantizar el principio de neutralidad tecnológica desde la producción hasta el achatarramiento del vehículo». Finalmente Bildu considera que esta proposición manda un mensaje «confuso» con un mensaje de «retardismo» procedente del sector de los combustibles fósiles, que «cambia la hoja de ruta de la Unión Europea». La iniciativa, presentada como un «compromiso de Gobierno», buscaba reindustrializar el sector con criterios de sostenibilidad, competitividad y digitalización, garantizando una transición tecnológica «pragmática y neutral» y estimulando la demanda de vehículos, adaptados a la realidad del consumidor español. La exposición de motivos de la PNL subraya la importancia de la automoción en España, un sector que representa más del 11% del PIB y genera 1,9 millones de empleos directos e indirectos. A pesar de contar con 17 plantas de ensamblaje y una potente industria auxiliar, el PP denuncia que el sector se encuentra en riesgo debido a una «transición energética no planificada», la «ausencia de una política nacional coherente» y las tensiones comerciales globales, que están provocando caídas tanto en producción como en exportaciones. El PP critica duramente los fallos estructurales de las actuales políticas de estímulo a la demanda, especialmente el Plan MOVES III, que califican de «modelo fallido». Así, señala que la falta de ayudas directas, la complejidad y lentitud administrativa y la discriminación tecnológica al excluir vehículos de bajas emisiones con motor de combustión eficiente, han desincentivado al consumidor. Esto ha llevado a un estancamiento del mercado de electrificados y a un envejecimiento del parque automovilístico español, con una media de 14,5 años. Para revertir esta situación, el PP proponía un nuevo Plan MOVES IV que incorporase descuentos directos en el momento de la compra, gestionados por los concesionarios, y una tramitación simplificada y digital con tiempos máximos garantizados. Este plan se ampliaría a coches de todas las tecnologías de bajas emisiones con hasta 12 meses de antigüedad. Paralelamente, plantean un Plan RENOVE tecnológicamente neutro para el achatarramiento de vehículos antiguos, sin discriminar tecnologías, y con incentivos especiales para familias numerosas, jóvenes y autónomos. En el ámbito fiscal, la PNL abogaba por la reducción temporal del IVA en la adquisición de vehículos electrificados y de bajas emisiones, así como la exención total del Impuesto de Matriculación para vehículos con etiqueta «CERO» o «ECO», especialmente para pymes y autónomos. La propuesta también incluía medidas para impulsar la infraestructura de recarga, con incentivos económicos para la instalación de puntos en comunidades de vecinos, empresas, parkings públicos y zonas rurales, y asegurar la operatividad de los ya instalados, eliminando trabas administrativas. Para fortalecer la base industrial y tecnológica, el PP apesta por la creación de un Fondo de Descarbonización Industrial para financiar proyectos de electrificación, digitalización y economía circular, fomentando la relocalización de componentes estratégicos como baterías y chips. Además, se busca reformar el marco fiscal industrial para equiparar las deducciones por I+D+i a los estándares de países como Alemania y Francia, y la implementación de una Ventanilla Única Digital para agilizar trámites y permisos. Finalmente, en el terreno regulatorio y de gobernanza, el plan del PP instaba a garantizar un entorno estable y previsible que evite cambios legislativos constantes, y a asegurar la neutralidad tecnológica en toda normativa de movilidad y fiscalidad, permitiendo la convivencia de diferentes tecnologías bajas en emisiones. Para coordinar todo el esfuerzo, proponen activar una Comisión Interministerial de Automoción que integre a los ministerios clave. Estas medidas, junto con el apoyo a la exportación frente a los aranceles y la defensa de la industria de componentes en la UE, buscan proteger el empleo, reforzar la industria y recuperar la confianza del consumidor y los inversores, ofreciendo «una alternativa de Gobierno» frente a la improvisación actual. Las organizaciones ambientales T&E y Ecodes consideran que esta propuesta supone una apuesta por tecnologías que prolongan la dependencia del país de los combustibles fósiles, lo que supone «dar dos paso atrás» en materia de movilidad eléctrica. Ambas organizaciones trasladaron este mensaje en una misiva que han enviado a la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, afirmando que supone un «riesgo significativo» para la autonomía estratégica de España, y un freno en la mejora de la competitividad y una medida que quebrantaría la posición de liderazgo del país en el uso de energías renovables y limpias.

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