El PP contra el perdón: mejor la deuda que ayudar a la gente

El PP lo tiene difícil porque el mensaje queda translúcido: la derecha está dispuesta a sacrificar el bienestar de su propio electorado con tal de mantener una estrategia de confrontación partidistaEl PP de Feijóo marca en público a sus barones contra la quita de deuda: "Son gente con palabra" ¿Rechazarías que una parte de tu deuda personal fuera perdonada? No es algo habitual, y, de hecho, la historia está atravesada por el mucho más común caso opuesto, la aceptación de esa condonación, desde la antigüedad. Como defendió magistralmente David Graeber en su libro ‘Debt: The First 5.000 Years’, tan importantes eran las deudas que los jubileos se planteaban como oportunidades para perdonarlas y, de paso, evitar conflictos sociales graves. El catolicismo, sin ir más lejos, originalmente oscilaba en su ritual del padrenuestro entre el «perdona nuestras deudas» y «perdona nuestros pecados» por la sencilla razón de que en arameo la palabra para ‘deuda’ es sinónimo de ‘pecado’ y ‘culpa’. En las versiones modernas es más habitual decir ‘ofensas’, aunque aquí la verdadera ofensa es que el PP pretenda convencernos de que reducir los pecados, culpas y deudas es una mala idea. La realidad es que a partir de la crisis económica de 2008-2014 las Comunidades Autónomas se vieron atrapadas entre la necesidad de atender el gasto social, que depende fundamentalmente de ellas, y la imposibilidad de financiarse en los mercados, pues los inversores desconfiaban de su capacidad para devolver los préstamos. Así las cosas, el Gobierno -del PP- rescató a las CCAA a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Desde entonces supone un porcentaje importante en la deuda de la mayoría de las comunidades. El ranking lo encabeza Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, razón que explica que en 2023 se alcanzara un acuerdo entre el PSOE y ERC para la condonación de parte de esta deuda. En suma, el acuerdo tenía racionalidad económica, pero también política. Desde un punto de vista económico, la condonación de deuda no es un regalo arbitrario ni un privilegio caprichoso, sino una medida que libera recursos públicos para el presente y el futuro. Al reducir la carga financiera de las comunidades autónomas, se amplía su margen de gasto social y de inversión productiva, lo que a su vez reactiva la economía regional y evita caer en espirales de austeridad que estrangulan la actividad y aumentan la desigualdad. El efecto multiplicador es evidente: cada euro que no se destina a pagar intereses puede invertirse en sanidad, educación o transición energética, generando empleo y fortaleciendo la cohesión social. Al revés, cada euro que se destina a pagar intereses se esfuma de la economía real de cualquier región. El caso es que el PP se está enredando con este tema de una manera sencillamente espectacular. El planteamiento general es hacer creer que como es una política positiva para Cataluña también tiene que ser una mala política para España. O, peor, que el hecho de que sea una política positiva para Cataluña es suficiente para rechazarla de pleno, incluso aunque también sea una política positiva para el resto. Ambos argumentos son no solo falsos sino también sumamente débiles. La defensa del rechazo que ha sostenido el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, es sintomática. Según él, renunciará a reducir en casi 20.000 millones de euros la deuda de Andalucía porque esta operación consiste en «salvar a Sánchez». Y en el momento de escribir este artículo aún no hemos escuchado al presidente del PP de Cataluña, quien de todos modos hace unos meses se refirió a esta propuesta como algo negativo porque provocaría una subida de impuestos -un razonamiento sin fundamento alguno-. Cuando se aprobó el FLA, en medio de la crisis financiera, tuve algunos debates parlamentarios con el ministro Montoro, entonces máximo proponente de la norma. Lo que por aquellos años el PP presentaba como ayuda financiera no era sino una palanca más para justificar los recortes de gasto social en las CCAA -sanidad y educación principalmente- que al mismo tiempo abrían verdaderas avenidas de negocio a las empresas privadas en dichos sectores. Esos rasgos se ven con mayor claridad en nuestro presente. Curiosamente, la posición actual del PP es congruente con mantener esa palanca, pues una carga grande de deuda siempre es un recurso fácil para justificar ‘sacrificios sociales’. Sin embargo, quizás la explicación de esta cabezonería es mucho más sencilla. En realidad, las declaraciones de Moreno Bonilla resumen básicamente toda la estrategia conservadora: como se trata de una operación para salvar a Sánchez, no hay que transitar ese camino -implique eso lo que implique-. Es también un aviso a futuro: solo serán apoyadas aquellas políticas del gobierno que vayan en contra del propio gobierno, es decir, ninguna. Negro sobre blanco. No obstante, negarse a esta operación no solo implica un pulso al Gobierno central, sino que supone un castigo directo a millones de ciudadanos que viven en comunidades autónomas gobernadas por el propio PP, como Andalucía, que también se beneficiarían de la condonación. El PP lo tiene difícil porque el mensaje queda translúcido: la derecha está dispuesta a sacrificar el bienestar de su propio electorado con tal de mantener una estrategia de confrontación partidista. En última instancia, lo que estamos viendo no es un debate técnico sobre deuda pública ni una diferencia de criterio económico: es la demostración más cruda de que la derecha prefiere que las familias y las comunidades autónomas sigan estranguladas antes que reconocer un acierto del adversario político, en este caso del Gobierno de España. Por la sencilla razón de que eso colisionaría con el marco impuesto por ellos de que representan la salvación frente a la anti-España que encabeza Sánchez. Y esa es la verdadera obscenidad: el PP convierte la deuda en un látigo para disciplinar a la sociedad, cuando podría ser una oportunidad para liberar recursos y garantizar derechos. No es Sánchez quien se salva con la condonación; son millones de personas en hospitales, escuelas y servicios sociales. Negarse a eso no es política: es castigo.

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