La exigencia de elecciones anticipadas

A partir del 2000 hemos visto qué idea de España es la que tiene la derecha española. En dicha idea no tiene cabida otro nacionalismo que no sea el español. Las maniobras del PP para impedir el reconocimiento en el Parlamento Europeo del catalán, el vasco y el gallego, nos lo acaba de recordar Me he preguntado en varias ocasiones cuantas veces se habrá arrepentido Jordi Pujol de forzar que el presidente del Gobierno, Felipe González, tuviera que disolver anticipadamente las Cortes Generales y convocar las elecciones en 1996 en lugar de en 1997. En mayo de 1995 el PP obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones municipales y autonómicas de las Comunidades del artículo 143 de la Constitución. Ya venía exigiendo elecciones anticipadas desde hacía unos meses, pero esa exigencia se expresaría con más intensidad durante la campaña electoral y, sobre todo, desde el momento en que se conocieron los resultados. Felipe González explicó durante la campaña electoral que las elecciones generales, autonómicas y municipales no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos y que no hay base constitucional alguna para exigir unas elecciones generales a partir de unos resultados en elecciones de naturaleza distinta. Estaba claro que no estaba dispuesto a ceder a la exigencia del PP. Pero en la legislatura que se inició con los resultados de 1993, el PSOE necesitó del concurso de CiU para la investidura de Felipe González como presidente del Gobierno. También del PNV, aunque los votos imprescindibles eran los de CiU exclusivamente. Como consecuencia de ello, estaba implícito en la votación de investidura que, si CiU le retiraba la confianza al presidente del Gobierno, se tendría que poner fin a la legislatura y se tendrían que convocar elecciones anticipadas. Es lo que sucedió en el mismo mes de mayo. Jordi Pujol, temeroso sin duda de que la prolongación de su apoyo al PSOE tuviera un coste electoral muy alto, hizo público que CiU no apoyaría los Presupuestos Generales para 1996. Felipe González tomó nota y anunció que no disolvería inmediatamente las Cortes porque España era el país encargado de la dirección de la Unión Europea en el segundo semestre de 1995 y, por tanto, pospondría la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones a que acabara el año. Esta es la razón por la que no se convocaron en 1995, sino en 1996. Pero desde junio de 1995 se sabía que la legislatura ya tenía fijado su fin y que en la primavera de 1996 habría elecciones generales. El resultado electoral de 1996 desconcertó a todos. Se había dado por supuesto de forma generalizada una mayoría absoluta del PP y, sin embargo, su mayoría fue la más exigua de todas las alcanzadas por el partido mayoritario desde las primeras elecciones constitucionales de 1979. Para ser investido presidente, José María Aznar tenía que hacer lo mismo que hizo Felipe González en 1993. Pactar con CiU y PNV. Lo que el PP había criticado con una dureza extrema es lo que tenía que aceptar si quería la Presidencia del Gobierno. La reacción inicial de Jordi Pujol fue proponer una abstención generalizada de todos los partidos que permitiera la investidura de José María Aznar con los escaños del PP. Pero Felipe González se negó en redondo a aceptar dicha propuesta. De dicho rechazo vendría el Pacto del Majéstic y la investidura de José María Aznar con el apoyo de CiU y PNV. Durante la primera legislatura de José María Aznar el coste para el PSOE fue terrible, pero no para los partidos nacionalistas catalán y vasco. La mayoría absoluta de 2000 haría visible al PP de verdad. La legislatura 1996-2000 fue un paréntesis. A partir de 2000 hemos visto qué idea de España es la que tiene la derecha española. En dicha idea no tiene cabida otro nacionalismo que no sea el español. Las maniobras del PP para impedir el reconocimiento en el Parlamento Europeo del catalán, el vasco y el gallego, nos lo acaba de recordar. La Constitución territorial del PP es el 155 de la Constitución. Si los nacionalismos catalán y vasco lo interiorizan y no hay que hacer uso del mismo, mejor. Pero si no es así, no habrá duda en hacer uso del mismo. El 155 ha sido la línea divisoria en las elecciones que se han celebrado desde el triunfo de la moción de censura en julio de 2018. Mucho más marcada por la presencia de VOX. Esto es lo que puede ocurrir si se produce la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas en este momento. Desde las elecciones de diciembre de 2015, esta tensión entre dos visiones de España, la que considera que los nacionalismos forman parte de la Constitución material de España y que no se puede dirigir el país sin contar con su concurso y la que considera que los nacionalismos catalán y vasco deberían tener limitada su presencia en el sistema político español, llegando en el caso de VOX a proponer, de manera directa o indirecta, fórmulas que impidan su participación en la dirección política del país. La Ley de Amnistía ha expresado de manera muy visible esa línea divisoria. Es importante que se despejen todas las dudas de constitucionalidad y que se acabe aceptando el mensaje que con ella se transmite. La disolución de las Cortes Generales y una convocatoria de elecciones anticipadas en el clima político en que nos movemos no lo haría posible.

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