El autoengaño de hablar de sostenibilidad fiscal sin hablar de pensiones

La sostenibilidad fiscal y las pensiones no son dos debates distintos, sino el mismo. Ignorar esa conexión conduce a decisiones cortoplacistas que acaban comprometiendo la estabilidad futura de las nuevas generaciones¿Y si se mira de otra manera el gasto en pensiones? Un estudio señala que es un “motor” del crecimiento económico Me sorprende cómo cada vez hay más gente preocupada por la sostenibilidad fiscal de España —es decir, por la evolución de la deuda pública— sin mencionar las pensiones, como si ambos temas no tuvieran nada que ver. Pero es imposible hablar de cuentas públicas sin hablar del principal gasto del Estado. No olvidemos que a día de hoy cerca del 30% de las pensiones contributivas se financian con los Presupuestos Generales del Estado. Para entender hasta qué punto una mala política de pensiones puede comprometer la sostenibilidad fiscal, basta con recordar lo ocurrido hace muy poco. Recién aprobada la primera fase de la reforma de pensiones —que garantizaba por ley el poder adquisitivo de las prestaciones— estalló el mayor episodio inflacionario en décadas, consecuencia de la guerra de Ucrania. La inflación alcanzó el 8,5% en 2023 y el 3,8% en 2024. En aquel momento, desde Fedea propusimos una alternativa mucho más razonable: en el año 2023 haber subido las pensiones más bajas un 11% (por encima de la inflación), mientras que las más altas subieran al ritmo de los salarios de los empleados públicos (aquí la propuesta). Para hacer las simulaciones hemos supuesto que las pensiones más altas suben como lo hicieron los funcionarios públicos: un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. Esta medida, mucho más razonable desde nuestro punto de vista, habría permitido un ahorro de 6.225 millones de euros en 2023 y de 2.200 millones en 2024 La pregunta que debemos hacernos es cómo habría evolucionado la deuda pública española si se hubiera aplicado esa propuesta. Los efectos serían mucho mayores de lo que podría parecer a simple vista. El impacto de la subida generalizada de todas las pensiones con el IPC se transmite a la deuda pública a través de tres canales. Primero, por el aumento inmediato del gasto el año en que se aplica la revalorización. Segundo, porque esa subida es acumulativa: cada nueva actualización parte de un nivel de pensiones más alto que el anterior. Y tercero, porque al financiarse con más deuda, también crece el gasto destinado a pagar intereses. Así, aunque en 2023 la medida representó un coste adicional de 6.225 millones de euros respecto a la propuesta alternativa de Fedea, en 2024 el impacto acumulado ascendió a 15.228 millones y este año alcanzará los 24.648 millones. O, dicho de otro modo: si se hubiera aplicado la propuesta de Fedea, en 2025 terminaríamos el ejercicio con 24.648 millones de euros menos de deuda pública. Pero aquí no acaba la historia. Para analizar el impacto final sobre las finanzas públicas —y, en particular, sobre la deuda— conviene mirar la senda prevista en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo que el Gobierno ha remitido a Bruselas. grafico 1 Esta proyección de la deuda pública se elabora bajo supuestos macroeconómicos asumidos por el Gobierno de España en su plan fiscal (2025-2041): un crecimiento potencial del PIB del 1,4%, un deflactor medio del PIB del 2,3% y un tipo de interés medio del 3,2%. Hemos considerado que todas las pensiones se actualizan con el deflactor del PIB de cada año. Es importante tener en cuenta que hay dos aspectos que no hemos incorporado en el escenario alternativo, aquel en el que las pensiones más altas hubieran crecido al ritmo de los salarios en lugar de hacerlo con la inflación en 2023 y 2024. Por un lado, la recaudación por IRPF habría sido menor, ya que las pensiones más altas serían inferiores. Pero, por otro, la pensión máxima, cuyos perceptores van a aumentar significativamente las próximas décadas, también habría aumentado menos, de modo que los nuevos jubilados con derecho a la pensión máxima habrían accedido a una prestación más baja. El primer efecto reduciría el ahorro estimado, mientras que el segundo lo ampliaría. En esta simulación suponemos que se neutralizan ambos efectos. El documento contempla varios escenarios, de los cuales vamos a destacar dos. En el escenario de ajuste, en mi opinión poco realista, se asume que el déficit estructural primario se corrige completamente en 2026 y se mantiene un superávit estructural primario del 2,3% entre 2031 y 2041. Los resultados pueden verse en el siguiente gráfico: la deuda pública, que en el escenario oficial alcanzaría el 76,8% del PIB en 2041, pero sería del 67,7% si se hubiera aplicado la propuesta alternativa de Fedea. En otras palabras, la revalorización generalizada de las pensiones tras la guerra de Ucrania tendrá un impacto acumulado de 9,1 puntos de PIB sobre la deuda a largo plazo. En el otro escenario considerado por el Gobierno -a mi juicio el más realista-, uno menos exigente en el ajuste fiscal, en el que el déficit primario se mantiene en el 0,6% del PIB en todo el periodo (2025-2041), los resultados son también elocuentes. Según nuestras estimaciones, la deuda pública se situaría en el 110,1% del PIB si se hubiera aplicado la propuesta de Fedea, frente al 119,2 % del PIB proyectado en el documento oficial remitido a Bruselas. En definitiva, no es posible garantizar la sostenibilidad de la deuda pública ignorando el papel de las pensiones. Una decisión aparentemente limitada en el tiempo —subir todas las pensiones por igual en lugar de vincular las más altas al crecimiento de los salarios— ha supuesto un incremento potencial de casi 10 puntos del PIB en la deuda pública. grafico 2 Por último, para realizar la simulación hemos supuesto que todas las pensiones altas que se revalorizaron permanecen activas durante todo el periodo. Este supuesto afecta al resultado del gasto en ambas direcciones. Por un lado, puede haber pensionistas con pensiones elevadas que, tras una revalorización, fallezcan poco después; en esos casos, estaríamos contabilizando un gasto como si esa pensión se siguiera abonando indefinidamente, cuando en realidad se extingue al año siguiente. Pero, por otro lado, esa misma revalorización eleva el nivel de la pensión máxima, de modo que los nuevos jubilados que alcancen ese tope en los años posteriores accederán a una prestación inicial más alta. En otras palabras, el efecto de la subida no solo se acumula sobre los pensionistas actuales, sino también sobre los futuros que entran en el sistema con una pensión máxima más elevada. No podemos saber a priori cuál de los dos efectos predomina, ya que para ello sería necesario un modelo dinámico que tuviera en cuenta la mortalidad por nivel de pensión y la renovación del colectivo de jubilados. En cualquier caso, si consideramos que la esperanza de vida a partir de los 63 años es de unos 24 años y suponemos una mortalidad uniforme a lo largo de ese periodo, el cálculo realizado hasta los 12 años posteriores a la medida (hasta 2035) puede interpretarse como una cota inferior del impacto real. Incluso bajo esta hipótesis conservadora, puede afirmarse que una política inadecuada en materia de pensiones durante tan solo dos años tiene un efecto considerable sobre la deuda pública española. En concreto, en 2035 esta decisión supondrá al menos 150.000 millones de euros más de deuda pública, o 6,4% adicionales de PIB, de la que tendríamos si hubiéramos limitado el crecimiento de las pensiones más altas en tan solo dos años. En definitiva, con este sencillo ejemplo hemos visto que la sostenibilidad fiscal y las pensiones no son dos debates distintos, sino el mismo. Ignorar esa conexión conduce a decisiones cortoplacistas que acaban comprometiendo la estabilidad futura de las nuevas generaciones. La lección es simple: sin una política de pensiones sensata, no hay senda fiscal creíble.